A propósito de los sucesos que se suscitaron en el seno de la monarquía española, durante 1808, con las denominadas abdicaciones de Bayona, se rompió con una tradición en lo que se refiere a la investidura de un nuevo monarca. Varios de los habitantes de Caracas recibieron, en el curso de este año, la información según la cual se llevó a cabo la proclamación de un nuevo rey, el hasta entonces Príncipe de Asturias, quien fue proclamado como Fernando VII. Durante el mismo año no cesarían de llegar noticias alrededor de los acontecimientos políticos de los que la península ibérica era el escenario. A partir del 18 de marzo de este año, se presentaron una serie de manifestaciones políticas, propiciadas por el conde de Montijo, contra el “Favorito”, Manuel Godoy y acusaciones contra los que encabezaban la monarquía frente a las acciones de este último durante el reinado de Carlos IV.

     Desde 1807, un grupo de aristócratas españoles comenzaron a fraguar un movimiento político para desbancar a Godoy y su protector, el rey Carlos, para lo que utilizaron a su hijo en aras de una sustitución. Lo que se conoce como el Motín de Aranjuez fue el episodio que derivó en la abdicación de Carlos IV a favor de su hijo Fernando, en marzo de 1808. Quienes idearon el golpe contra Godoy lo hicieron también para apartar de la corona al rey de turno. Hacía un tiempo que alrededor de la persona de “El Deseado”, Fernando de Asturias, se habían tejido toda una red de reales seguidores para lograr la regeneración del poder político español. Luego del motín El Deseado logró la cesión de la corona de manos de su padre. No obstante, mientras esto sucedía Napoleón Bonaparte había obtenido, por la firma del tratado de Fontainebleau, autorización para cruzar España con rumbo a Portugal, el motivo: obligar a la corte portuguesa a cumplir con el bloqueo comercial contra Inglaterra.

     Las Abdicaciones de Bayona, por otro lado, tuvieron lugar entre el 5 y 6 de mayo de 1808 en la ciudad francesa de Bayona. Es el nombre por el que se conocen las sucesivas renuncias al trono por parte de Fernando VII, que devuelve a su padre la corona obtenida con el motín de Aranjuez, y de Carlos IV, que en la víspera había cedido estos derechos en favor del emperador francés Napoleón Bonaparte. Un mes más tarde, Napoleón designó como rey de España e Indias a su hermano, que reinó con el nombre de José Napoleón I.

     Las renuncias han sido consideradas forzadas por algunos historiadores, pero otros han señalado que ni Carlos IV ni Fernando VII estuvieron a la altura para hacer frente a las presiones y a las amenazas de Napoleón. Las abdicaciones no fueron reconocidas ni en España ni en la América española por los españoles americanos y la explosión de rechazo al nuevo rey José I y de lealtad al cautivo Fernando VII fueron “generales en todos los lugares de la monarquía”, según François-Xavier Guerra. Los españoles “patriotas” llamaron a José I “el rey intruso”.

     El 15 de julio de 1808 los caraqueños conocieron la información de la abdicación de Carlos IV a favor de su hijo. Los fieles vasallos y las autoridades reales de Caracas se encontraban a la espera de la Real Cédula, que ordenara el desarrollo de las pertinentes conmemoraciones ante tan importante evento: la proclamación de un nuevo monarca.

     En medio de la espera oficial para llevar a cabo una nueva proclamación, en menos de veinte años de la anterior correspondiente a la de Carlos IV, tocaron evidenciar otras noticias provenientes del Viejo Continente. Esta vez llegó una comitiva francesa, el 14 de julio, al Puerto de La Guaira en el bergantín Serpent, cuyo propósito era reunirse con el gobernador y capitán general, Juan de Casas, y entregarle unos pliegos procedentes de la metrópoli. Al ser recibidas las buenas nuevas, el 15 de julio, la algarada en la ciudad capital se generalizó

     Esta situación obligó a las autoridades a sostener una serie de encuentros para tomar las decisiones que consideraron de mayor pertinencia, en el marco legal y jurídico, dentro del Reino. Por supuesto, la inquietud fue uno de los aspectos de mayor presencia ante el temor de un nuevo sometimiento colonial o, por otra parte, enfrentar a quienes venían coqueteando con ideas afrancesadas y republicanas.

     Tanto la información de los emisarios franceses como la propia de la proclamación y jura del nuevo monarca se mezclaron con las ceremonias respectivas. Estas debieron regirse tal cual lo ordenaba la Real Cédula del 10 de abril de 1808. Estas noticias se generalizaron por toda la Provincia. Ante tal situación un grupo de avecindados, de modo espontáneo, salieron a las calles para exigir a las autoridades competentes la rápida proclamación de Fernando VII. Fue por esto que quienes representaban el Ayuntamiento debieron responder de manera presurosa a las peticiones de los integrantes del pueblo.

     La intempestiva medida que los miembros del Ayuntamiento se vieron en la obligación de cumplir, de manera inmediata, no lograron apaciguar los ánimos de aquellos que pedían medidas rápidas y presurosas. Después de sostener dos reuniones, el Ayuntamiento decidió colocar un retrato de Fernando VII en la sala capitular. Con esta maniobra sus miembros intentaban mostrar su adhesión al proclamado monarca. Sin embargo, la decisión respecto al destino de la Provincia no se había discutido aún. El 16 de julio se realizó otra reunión en la que las autoridades decidieron esperar los distintos pliegos en los que se comunicaban las preocupantes noticias que informaban de la renuncia de Fernando VII a favor de su padre, Carlos IV, y la dimisión de este último a favor de su Majestad Imperial y Real, el Emperador de los franceses, Napoleón Bonaparte.

     En otro pliego, refrendado por el secretario del Consejo y Cámara de Indias, Silvestre Collar, se ofreció la información acerca de la formación de una Junta de Gobierno en Sevilla. Collar, como representante de la Junta de Sevilla, la que se reconocía como Suprema de España y de las Indias, reafirmó la noticia sobre el Real Despacho con el que se llevó a cabo la renuncia de Carlos IV a la corona de España. Como se puede apreciar fueron cuatro informaciones que debieron ser asimiladas por las autoridades de la Provincia. La dimisión a través de la cual Fernando fue nombrado Rey de España y las Indias, la Real Cédula que establecía su proclamación, la cesión del trono a Napoleón Bonaparte y la ordenanza que exigía reconocer a su hermano como rey, así como el mandato de conformar una Junta de Gobierno protectora de los derechos del monarca despojado de la corona. Estas cuatro noticias, que se mezclaron durante el año de 1808 en la Provincia de Caracas, derivaron en decisiones apresuradas, así como que se combinaron con la suspicacia provocada por la injerencia de los franceses en los asuntos políticos del Reino.

     Entre los días correspondientes al 17 y 18 de julio se efectuaron sendas reuniones, en que se deliberó y consideró lo concerniente a la acefalía del poder monárquico. En la primera se aprobó las represalias contra los franceses y sus haberes en la Provincia de Caracas. En la segunda se alcanzó el acuerdo según el cual debían darse a conocer, por bando y pregón, los acuerdos a que se llegarán a presentar desde el Ayuntamiento. De igual forma, se presentó una sinopsis de lo establecido en la Real Cédula del 10 de abril en cuyo contenido se hizo público el ascenso al trono de Fernando VII y el requerimiento de una nueva proclamación en tan inusuales circunstancias. Se dio a conocer, por la misma vía, el modo cómo las noticias acerca de las abdicaciones habían llegado hasta la Provincia. Ante la presentación de la comitiva francesa, portadora de las inéditas noticias, los habitantes de la Provincia se negaron a plegarse a un “nuevo amo”, así como que Carlos IV no tenía derecho al trono y menos a cederlo a un representante de una potencia extranjera.

     Sin duda, es dable pensar en decisiones tomadas de manera emotiva y enmarcadas en el temor a un nuevo sometimiento colonial. La jura a favor de Fernando VII estuvo cargada de expresiones cuya sensibilidad fue evidente ante el poderío francés y las pretensiones del emperador de los franceses. Días después, el 27 de julio, a continuación de largas y repetidas sesiones el Ayuntamiento dio a conocer una resolución final. En ésta se desconoció la propuesta de Cuellar, acerca de la adhesión a una Junta Suprema, porque según la legislación vigente ello contradecía la justa y debida obediencia a su “Augusto Soberano Don Fernando VII”. De este modo, solo se intentaba demostrar la soberanía representada en su figura regia y de los legítimos sucesores de la Casa de Borbón.

     Sin embargo, en los órganos competentes se establecieron los lineamientos que debían regir la conformación de Juntas para garantizar la “paz y seguridad general”. En medio de tanta confusión los representantes del mantuanaje caraqueño prepararon un documento que hicieron llegar al gobernador el 29 de julio. En él cerca de 45 personas abogaban por la necesidad de establecer una Junta Suprema en la ciudad de Caracas. Entre otras propuestas estaba la conformación de una Junta que tratara directamente con el gobernador y capitán general, cuya justificación se hizo al apelar a la soberanía del pueblo. Según la propuesta ella debía estar compuesta por letrados, militares, eclesiásticos, comerciantes y vecinos particulares. No obstante, esta propuesta provocó el procesamiento de los firmantes como desleales. El proceso judicial se extendería hasta el mes de abril de 1809, cuando los fiscales encargados del caso decidieron que no existían elementos de juicio para castigar delito alguno.

     En términos generales, los eventos de 1808 despertaron una serie de respuestas entre los habitantes caraqueños en la que la jura y fidelidad a Fernando VII pareció marcar el rumbo. Las respuestas expresadas en otros lugares de ultramar permiten pensar en un tipo de unidad alrededor de actos relacionados con el ejercicio del poder regio. Esa unidad se reafirmaba, como se puso de relieve en este año, en lo que tradicionalmente la hacía posible: la jura y proclamación del monarca. Los razonamientos que se conocen de este período no son una expresión de disquisiciones filosóficas o teorizaciones acerca de principios políticos. La emotividad se impuso a partir de las acciones napoleónicas que llevaron al encierro de las autoridades españolas en Bayona. La sustitución de Fernando VII por José Bonaparte condujo a pensar en el derrumbe de la monarquía que, en trescientos años, no había experimentado un trance como el vivido este año.

     La idea acerca de un imperio imperecedero, divino y eterno se resquebrajó y con ellos los temores de pérdida de privilegios y prerrogativas obtenidas con el tiempo. Se debe tener presente que uno de los elementos fundamentales de adhesión a la autoridad establecida se demostraba con actos, conmemoraciones, celebraciones, proclamaciones que, a su vez, representaban la idea de comunidad de los integrantes del Reino. Esto quedó demostrado con la celebración del cumpleaños del “desdichado”, así como las misas, Te Deum, salvas de cañones que, de manera espontánea, se llevaron a cabo alrededor de la figura de Fernando VII y su proclamación. Como conclusión se pudiera argüir que aún no se había definido claramente lo que sucedería posteriormente. Lo cierto del caso, es que entre 1808 y 1809 la América española comenzó a transitar por otros derroteros a la luz de los conflictos entre los imperios trasatlánticos. Además, parece estar claro las debilidades que España ya venía arrastrando desde los tiempos de Utrecht y la Guerra de Sucesión. Quienes empujaron la conformación de una nueva realidad política y administrativa se vieron impelidos por pugnas entre potencias del momento, lo que no desdice los anhelos de experimentar lo que la idea de soberanía y la de representación comenzó a significar desde el lapso del 1700.