Caracas 1821-1830

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Caracas 1821-1830

     En Historia de Caracas, Tomás Polanco Alcántara escribió que entre 1821 y 1830 Caracas había experimentado la más grave disminución jurídico – política jamás nunca vista desde su fundación. De acuerdo con Polanco esa desvaloración se debió a que dejó de ser ciudad capital, al imponer las autoridades del momento este rol a la ciudad de Bogotá con el establecimiento de la República de Colombia. Con este cambio los órganos e instituciones oficiales de Colombia se establecieron en Bogotá, lo que trajo una serie de consecuencias económicas, sociales y políticas que afectaron a Caracas, de manera especial.

     Según este historiador en el Anuario, editado por los miembros de la Sociedad Económica de Amigos del País, en el año de 1835, ofreció algunas noticias estadísticas que permiten visualizar cómo era Caracas para los años mencionados con anterioridad. Esta comarca estaba dividida en cinco parroquias la cual contaba con una población aproximada a las 29.846 personas, siendo San Pablo la parroquia con el mayor número de éstas. De esa cifra, 2.127 eran hombres casados, 5.849 eran niños que no superaban los 16 años de edad, 2.342 eran hombres solteros cuyas edades oscilaban entre los 15 y 60 años y 659 hombres solteros mayores de 50. Había 13.200 mujeres solteras. El total de esclavos estaba en una cifra cercana a los 3.000 y el de los eclesiásticos era de 119.

     El porcentaje de mujeres, 51 por ciento, era mayor al de los hombres. Se ha dicho, con insistencia, que la guerra a favor de la emancipación diezmó, en gran proporción, a la población masculina, al igual que sucedió con otros conflictos bélicos que se desarrollaron durante el siglo XIX venezolano. El número de habitantes en pueblos aledaños era pírrico, tal como lo señaló Polanco Alcántara en la obra que sirve de referencia para la elaboración de esta crónica. Por ejemplo, Chacao y El Valle no superaban la cifra de 2.000 pobladores, La Vega 1.500 y Antímano 1.300.

     La crisis económica que afectó a la ciudad fue reseñada por cronistas, viajeros, representantes de gobiernos extranjeros y funcionarios gubernamentales. El Comisionado francés en Venezuela redactó un informe y lo dirigió a representantes del gobierno de Francia, donde expresó que todo lo que rodeaba a Caracas, era ruina y pobreza. Polanco Alcántara rememoró el caso de las cartas redactadas por Briceño Méndez y Soublette dirigidas a Simón Bolívar, en que se podía leer descripciones de la comarca y en las que se expresaba el temor a la ruina que acechaba sobre sus espaldas. A las preocupaciones personales se unían los problemas que se presentaban alrededor de las actividades comerciales con países de otras latitudes, en especial España y que, para estos años, no mostraba mejoría.

     Este historiador venezolano citó algunos párrafos de una misiva que Soublette había dirigido a O’Leary, fechada en agosto 14 de 1828. En la misma el primero señaló que la situación económica de la comarca podía mejorar si se lograba estimular la actividad comercial y la agricultura. Vale la pena anotar una parte de la comunicación dirigida por Briceño Méndez al Libertador, donde le expresó lo siguiente: “el gran mal que tenemos aquí es la miseria”. De igual manera, indicó que era difícil describir las penurias por las que atravesaba el territorio, en el que nadie tenía nada y que poco faltaba para que el hambre se convirtiese en peste. El origen de esta calamitosa situación fue adjudicado al estado de ánimo de los pobladores, presa de la incertidumbre y desconfianza que existía entre las personas y, por si fuera poco, no había suficiente equivalente general para el pago de las transacciones comerciales.

     Para ratificar la situación crítica de la ciudad de Caracas, para este momento, Polanco Alcántara citó el análisis preparado por José Rafael Revenga, Ministro de Hacienda de la República de Colombia, quien había sido enviado por Bolívar para que examinara la situación fiscal de Venezuela. 

     Lo presentado por Revenga acerca de la situación de Caracas fue sombrío. En su exposición mostró las dificultades por las que atravesaba la agricultura, la destrucción de los caminos, la carencia de capitales para la inversión, el cobro por préstamos con tasas de interés que rondaban el 10 por ciento por mes, la desaparición de las casas de comercio extranjeras, el incremento del gasto público, la escasez de establecimientos para la instrucción pública, la incompleta legislación comercial, la falta de transparencia en los juicios civiles y mercantiles. Por tal motivo, Revenga calificó la situación como menesterosa y de progresivo deterioro y añadió que, “sin aliciente ni estímulo a la industria, el país marcha hacia la desolación”.

     Esta calamitosa realidad se vio acrecentada por la crisis política que condicionaba la constante tensión entre los grupos de presión de Caracas y las autoridades instaladas en Bogotá. En una misiva fechada en Caracas el 25 de mayo de 1826, Cristóbal Hurtado de Mendoza le informó al Libertador que, desde 1821 se estaba gestando una insurrección en contra del poder instalado en la capital de la república colombina. El mismo tenía su origen en la perjudicial circunstancia por la que atravesaba Venezuela, en especial Caracas en el contexto de la República de Colombia. Cuando estalló la crisis, en octubre 5 de 1826, al ser convocada una asamblea por parte de los integrantes de la comunidad política, Mendoza llegó a expresar que el abuso de todos los principios, el aparato de la fuerza armada, la ofensa que se hacía al buen sentido y al pueblo en general en lo más sensible de sus derechos, avizoraban el derrumbe de la república.

     Indicó Polanco Alcántara que a Bolívar le causaba gran preocupación el trance por el cual atravesaba Caracas. En vista de las quejas, reclamaciones y rebeliones políticas se trasladó a la capital de Venezuela, donde indultó a quienes habían participado en protestas contra el poder establecido. Su permanencia en la ciudad ayudó a calmar hasta cierto punto el malestar colectivo. A su llegada se le rindió un homenaje y como contrapartida promulgó dos decretos de gran importancia. Uno de ellos fue el relacionado con la reforma de la Universidad de Caracas y la reglamentación de la Hacienda Pública. No obstante, el estatus político que se había establecido con la creación de la República de Colombia se hizo insostenible.

     Por otra parte, Polanco Alcántara reseñó, a partir de lo esbozado por José Antonio Calcaño, algunos pormenores relacionados con la actividad musical desplegada en la ciudad. Destacó actuaciones musicales protagonizadas por artistas italianos, que en 1822 ofrecieron conciertos con fragmentos de ópera y también la presentación de obras de Moratín y Martínez de La Rosa. Fue una época cuando surgieron nuevos compositores entre quienes se encontraban José María Montero, José Lorenzo Montero, Juan Bautista Carreño y Juan de La Cruz Carreño. Se tiene como evidencia montajes teatrales en Caracas, donde hubo censores de espectáculos como el señor José Luís Ramos a quien sucedieron el escritor e impresor Domingo Navas Spínola y José Núñez de Cáceres.

     Para este tiempo existía el teatro de Ambrosio Cardozo entre las esquinas de Chorro y Coliseo para cuya administración, Cardozo en asociación con el coronel José María Ponce, habían obtenido el permiso de funcionamiento por parte de Bolívar. De acuerdo con información obtenida de Anuario de la Provincia de Caracas, indicó que en la comarca había un total de ocho escuelas en la que participaban 504 estudiantes. 

     Mientras en el Colegio Seminario cursaban estudios 23 colegiales y en la Universidad de Caracas lo hacía 374 participantes distribuidos en 17 cátedras. La universidad funcionaba con una renta anual de 18.000 pesos. Gracias a la reforma estatuida por Bolívar, sus cuatro facultades: filosofía, teología, jurisprudencia y medicina fueron impulsadas con transformaciones curriculares y administrativas. En el libro Historia de la Universidad Central de Venezuela su autor, Ildefonso Leal, examinó los cambios operados en esta institución de Educación Superior. En esta época se le otorgó el privilegio de la autonomía universitaria, además se eliminaron los criterios discriminatorios basados en la raza para el ingreso en ella y la “posibilidad de que fuere elegido rector quien ostentara el título de doctor otorgado por la facultad de medicina”. Los que ocuparon el cargo de rector en este período fueron: Miguel Castro y Marrón (1821-1823), Felipe Fermín Paúl (1823-1825), José Cecilio Ávila (1825-1827), José María Vargas (1827-1829) y José Nicolás Díaz (1829-1832). Se debe agregar que la facultad de mayor dinamismo y actualidad era la de ciencias médicas y naturales.

     Polanco Alcántara destacó que en unas condiciones como las que se experimentó en este período de parálisis urbana, de trastorno económico, penuria poblacional y de actividad docente esmirriada, pudo haber existido y haberse mantenido un periódico llamado El Observador Caraqueño, de muy buena calidad y cuyos 65 números se dieron a conocer entre el primero de enero de 1824 hasta el 24 de marzo de 1825. Este mismo historiador lo describió como un impreso de cuatro páginas, publicados todos en la imprenta de Valentín Espinal, ubicada en el número 146 de la calle La Paz. Entre los propósitos de este impreso estuvo la reclamación por el cumplimiento de las leyes, proponer las mejoras correspondientes al mundo de la jurisprudencia, defender los derechos contemplados en las leyes y la difusión o conocimiento de las leyes por parte de la población lectora.

     Este historiador venezolano denotó que El Observador Caraqueño fue un rotativo que, durante su corta existencia, formó un cuerpo doctrinario de teoría política. Igualmente, demostró la “erudición de sus autores y su sagacidad e interés en formar opinión sensata e ilustrada”. Polanco Alcántara estampó que esta disposición se podía corroborar al revisar sus numerosos artículos y los comentarios extendidos acerca de la Independencia, en conjunto con la legislación establecida y la interpretación de las leyes. Los editores de este órgano periodístico fueron Francisco Javier Yánez y Cristóbal Mendoza.

     Es importante rememorar lo que Polanco Alcántara señaló acerca de los contenidos de este impreso y que para quien lo redactado en él se mostró de modo cauteloso. Por eso advirtió que el periódico “muestra, en una forma muy cuidadosa y que posiblemente estaba destinada a sólo advertir a tiempo esas circunstancias que no podrían tolerarse ni las arbitrariedades de las autoridades militares, ni los abusos de los cuerpos políticos de Bogotá”.

     Señaló, de igual manera, que a pesar de la advertencia original respecto a que el periódico tendría el propósito indicado con anterioridad, en sus páginas se dieron cita otras informaciones como la de la venta de casas y “una curiosa oferta, hecha en dos oportunidades por Gregorio Azcune, calle el Sol número 186, de dar nociones de electricidad médica para la salud del género humano”.

     En términos generales, lo señalado líneas antes puede ser considerado como el ambiente corriente que estuvo presente en Caracas en los tiempos cuando existió la República de Colombia, el cual ayuda a comprender, en parte, el movimiento político denominado La Cosiata, al que la historia patria y nacionalista vincula con la oligarquía caraqueña y su malquerencia hacia la figura del Libertador. Sin embargo, es necesario estudiar las condiciones sociales, económicas y políticas presentes en esta época para atribuir responsabilidades en lo que respecta al desmembramiento de la República de Colombia. Es indispensable, por tanto, recurrir a testimonios de este momento de la historia para un acercamiento distinto al que la historia patria y nacionalista ha difundido.

La voracidad fiscal municipal es un problema que afecta a empresas y consumidores

La voracidad fiscal municipal es un problema que afecta a empresas y consumidores

La voracidad fiscal municipal es un problema que afecta a empresas y consumidores

     El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, La Cámara de Caracas, Leonardo Palacios, alertó y exigió al Tribunal Supremo de Justicia, y a todos los órganos del Poder Público a poner coto a todo el deslave institucional que representa la tributación confiscatoria e inconstitucional establecida por los municipios.

     Ante la cercanía de las elecciones municipales, en opinión de Palacios, más que caras y postulaciones de partidos, la población debe tener la oportunidad de conocer y evaluar detenidamente, los programas y propuestas de los candidatos a alcaldes y concejales a los efectos del ejercicio del régimen municipal.

     Destacó que es importante tener en consideración que la sentencia de Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que ordena la armonización tributaria municipal, ordenada de manera inmediata por el artículo 156 numeral 13 de la Constitución, lejos de alcanzar el propósito de armonizar y coordinar, se constituyó en licencia o autorización implícita para que los municipios, incrementaran las alícuotas impositivas en materia de impuestos a las actividades económicas e inmobiliario urbano (derecho de frente).

     Palacios enumera los elementos distorsivos de la voracidad fiscal municipal en la economía:

  1. Representa incrementos exacerbados que se reflejan en los precios de bienes y servicios, afectando la rentabilidad de las empresas, y también a los consumidores, pues todos los tributos son trasladados de acuerdo a la mecánica económica subyacente.
  2. Afecta la recaudación nacional porque los tributos municipales exacerbados se deducen a los efectos de determinación del impuesto sobre la renta.
  3. Aleja el proceso de inversión nacional y extranjera, la capitalización y extensión de las actividades económicas en territorio nacional. Representando un contrasentido con las ofertas y propuestas que vienen manejando el Ejecutivo y la Asamblea Nacional para buscar la inversión nacional y extranjera, así como la reactivación económica.
  4. Ocasiona un costo importante de cumplimiento que las empresas no pueden sufragar, tomando en cuenta las alícuotas o porcentajes que se aplican a los ingresos brutos, castigando la rentabilidad.

     De esta manera los tributos locales son parte, en criterio del presidente de la Cámara de Caracas, de un sistema irracional, inconstitucional, que afecta la libertad, y propiedad económica. “No puede tenerse una recuperación y crecimiento económico con una tributación municipal exacerbada, que aunada a la existencia de otros tributos distorsivos como el Impuesto a los Grandes Patrimonios y el Impuesto a las transacciones financieras, hacen imposible un desarrollo y desenvolvimiento normal de la economía”.

Caracas 1830-1870

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Caracas 1830-1870

Entre 1830 y 1870, el general José Antonio Páez gobernó a Venezuela durante 13 años, 1830-1834, 1839-1943 y 1861-1863

     Para 1830, Caracas había sido escenario de conflictos bélicos que se desarrollaron con las intenciones de un grupo a favor de la ruptura colonial, frente a quienes defendieron la causa del rey o monarquía española. También la de haber pasado a ocupar un lugar secundario con el establecimiento de la República de Colombia (1821-1830). Ya para 1830 se requirió establecer una capital para la República de Venezuela, luego de la separación de Nueva Granada. En las sesiones del Congreso Constituyente, a inicios del año de 1830, se discutió este asunto. En los debates desarrollados en ellas la decisión osciló entre dos alternativas para su establecimiento, Valencia o Caracas. Aquel Congreso dio inicio a sus sesiones un 6 de mayo de 1830 en la ciudad de Valencia, capital provisional de Venezuela durante la realización del Congreso. Contó con la asistencia de 33 diputados de los 48 que se habían elegido en representación de las provincias de Cumaná, Barcelona, Margarita, Caracas, Carabobo, Coro, Mérida, Barinas, Apure y Guayana. Tuvo como propósito decidir respecto a los pasos que deberían seguirse por parte del Departamento de Venezuela en vista del creciente y continuo distanciamiento con el Gobierno Central de la República de Colombia, localizado en la ciudad de Bogotá.

     Este Congreso se caracterizó por una disposición contraria a los objetivos de Simón Bolívar y la creación de un gran estado al norte de Suramérica. Se había elegido la ciudad de Valencia, donde estaba radicado José Antonio Páez, quien fungía como jefe civil y militar del Departamento de Venezuela, y por haber sido el punto de origen del movimiento separatista conocido bajo la denominación La Cosiata, que ocurrió entre 1826 y 1829. El descontento existente llevó, al momento de proponerse un pacto con el Gobierno de la República de Colombia, a que la presencia de Bolívar en territorio colombiano se puso en duda porque se adjudicaba a su mando los males por los que atravesaba Venezuela.

     El 14 de octubre de 1830, fecha de cierre del Congreso, se tomó la decisión de separarse de la República de Colombia. A partir de este instante surgió el denominado Estado de Venezuela, cuyas bases políticas y legales que fundamentaron el nacimiento de dicha república, como nación independiente, se hallaban contenidas en la Constitución de 1830, elaborada por este congreso convocado por el general José Antonio Páez con el fin de legitimar la separación de Venezuela de la República de Colombia, y con el que finalizó uno de los objetivos del plan de Bolívar.

     Al año siguiente, cuando se regularizó la organización constitucional de Venezuela, en otro decreto fechado el 30 de mayo de 1831, se estableció como capital definitiva de la república a la ciudad de Caracas. En consecuencia, se procedió a ordenar el traslado de los representantes gubernamentales a esta ciudad, así como preparar toda la infraestructura donde deberían funcionar los poderes públicos. Dicho cambio se llevó a cabo el día 3 de julio de 1830.

Antes de 1863, la ciudad estaba enmarcada entre los ríos Guaire, Anauco, Catuche y Caroata

     Los estudios realizados acerca de este período señalan que la necesidad de establecer a Caracas como ciudad capital fue esgrimida con argumentos desarrollados por Ángel Quintero y con el apoyo del vicepresidente de la República, Diego Bautista Urbaneja. Quien representó a los que proponían como capital a Valencia fue Miguel Peña. El historiador venezolano Tomás Polanco Alcántara señaló, en atingencia con este asunto, que la edad avanzada y el retiro, de Miguel Peña, a los Estados Unidos de Norteamérica influyeron para que las propuestas de Quintero calaran y llegar a convencer a José Antonio Páez acerca de la conveniencia de Caracas como capital de la república de Venezuela.

     En el libro Historia de Caracas, redactado por Polanco Alcántara, éste señaló que bien podía considerarse que, el tiempo transcurrido a partir de la decisión del Congreso en fecha 30 de mayo de 1831 hasta el Tratado de Coche, correspondiente al 24 de abril de 1863, se puede considerar un período, cercano a los treinta años, en cuanto a que la ciudad como tal fue bastante uniforme, si bien escenario de cambios políticos, sus características urbanas no fueron objeto de grandes transformaciones.

     Respecto a la ciudad y sus características, fue presentada una suerte de informe por los representantes del Colegio de Ingenieros, en la figura de quien lo presidía para 1869 Juan José Mendoza. Informe el cual había sido elaborado de acuerdo con el censo levantado este preciso año. 

     Lo que sigue está sustentado en una sinopsis presentada por Polanco Alcántara al comparar lo delineado por Mendoza y cotejado con lo que se puede leer en Anuario de la Provincia de Caracas, correspondiente al año de 1834.

     El censo levantado en Caracas durante el año de 1869 determinó la población de Caracas en 47.597 habitantes que contrasta con la cifra de 29.486 personas, según un censo de 1825. Por lo que se aprecia, Caracas fue una ciudad que en cuarenta y cuatro años no pudo duplicar su población. Las causas de tal situación fueron atribuidas, por parte de los integrantes del Colegio de Ingenieros y de su directiva, a la presencia de numerosas enfermedades endémicas y por las epidemias que solían presentarse con cierta frecuencia, también por la alta tasa de mortalidad infantil y, en especial, por los conflictos armados que habían azotado a la Republica y cuyas repercusiones se experimentaron en Caracas.

     Algunos viajeros, visitantes o representantes de gobiernos extranjeros en Venezuela como el caso de Karl Ferdinand Appun y, especialmente, el representante del gobierno brasileño, el Consejero Lisboa, destacaron la escasa transformación de la ciudad desde los tiempos de la Independencia hasta mediados del ochocientos. El diplomático brasileño, dueño de una fina pluma y con rigor metódico en sus narraciones ofreció una interesante descripción de la Caracas que observó en este período. Llegó a lamentar que todavía para 1852 se veían las ruinas que había dejado el sismo de 1812. También, sin ser el único porque hicieron lo propio Paul Rosti, Anton Goering y William Duane, entre otros, describió el deplorable estado de las calles, con aceras a nivel de las vías, la insalubridad, la falta de higiene entre muchos de los pobladores de la ciudad, la casi inexistente existencia de transportes, la escasa cantidad de edificaciones públicas, la desordenada distribución de lugares comerciales como la de un mercado ubicado en la Plaza Mayor, la falta de lugares de esparcimiento, el aspecto triste de las edificaciones, la lenta reconstrucción de los centros de devoción arruinados con el terremoto, la inexistencia de teatros y la insuficiencia de puentes para pasar de un lugar a otro en la ciudad.

     Polanco Alcántara comparó dos planos que se habían elaborado, uno, para 1843, otro, en 1862. A partir de su cotejo llegó a concluir que la ciudad, para esa época, no había sido objeto de mayores cambios o transformaciones estructurales y de ornato. Antes de 1863, la ciudad estaba “encerrada entre el Guaire, el Anauco y el conjunto formado por el Catuche y el Caroata”. Sus dameros estaban constituidos por 140 esquinas, distribuidas en 16 calles de norte a sur y de este a oeste. Como ejemplo se puede citar el que la ciudad para 1852 contaba con dos puentes más que en 1843, cuyos puntos de referencia seguían siendo los mismos: el Palacio Arzobispal, el Palacio de Gobierno, la Universidad, las iglesias, cementerios y conventos.

     Una de las figuras destacadas de este período fue José María Vargas (1786-1854) quien estuvo al frente de la Dirección General de Instrucción Pública, entre los años de 1838 y 1851.

     Vargas preconizó la idea según la cual todo debía esperarse de un pueblo educado, a la vez que criticó al gobierno liberal por no prestar la debida atención a la instrucción del pueblo. En un informe preparado en 1847 se informó que, de las 96 parroquias de la Provincia, 51 no contaban con escuelas públicas. Para ese año había 2.792 alumnos de instrucción primaria en toda la Provincia, distribuidos así: 1.609 alumnos en escuelas públicas, el resto, 1.153 en escuelas privadas. Mientras que en la Universidad de Caracas cursaban carreras universitaria 520 aspirantes a títulos académicos.

     Se sabe la preocupación que mostró Vargas por el descuido existente frente a la instrucción pública, por parte de quienes tenían en sus manos las riendas del Estado. El período al que se hace referencia tuvo como características problemas existentes debido a la falta de maestros, la carencia de locales adecuados para la enseñanza, la escasez de libros, la inexistencia de materiales idóneos para desarrollar el proceso de enseñanza – aprendizaje, así como un carente presupuesto para satisfacer un funcionamiento mínimo de las escuelas de Caracas y del país en general. 

En 1852 todavía se veían en Caracas las ruinas dejadas por el terremoto de 1812

     Ha llamado la atención de estudiosos de la historia de Venezuela que para esta época hubiese una inclinación hacia la música y su aprendizaje. De hecho, entre otras cuestiones difundidas por los viajeros estaba la destreza que mostraban algunos pobladores por la interpretación musical y la ejecución de melodías en el piano. Por lo general, eran jovencitas que habían sido entrenadas en su ejecución. Para este tiempo, se fundó y organizó una Sociedad Filarmónica impulsada por Atanasio Bello (1800-1876) quien en vida ejecutaba el violín y había participado como soldado en batallas a favor de los republicanos. Uno de los propósitos de esta Sociedad fue la de impulsar la educación musical en la Provincia.

     Las actividades culturales fueron escasas durante este período. Quizás las más generalizadas fueron las correspondientes al teatro. Para el año de 1834 habían alcanzado territorio caraqueño algunos artistas de origen español, aunque sin mayores reconocimientos en una sociedad que poco conocía de estos asuntos. Se recuerda que en esta época se presentó la ópera El Barbero de Sevilla en el año de 1836. 

     La Sociedad Filarmónica presentaba algunos esporádicos conciertos en la Provincia. Hubo la intención de generalizar actividades teatrales en Caracas. En efecto, en la década del cincuenta se instaló el Teatro de Caracas, entre las esquinas de Veroes y las Ibarras, cuya inauguración fue el 22 de octubre de 1854 con el montaje de la ópera Ernani de Giuseppe Verdi.

     Hubo la publicación de obras impresas y que dieron a conocer recopilaciones de leyes, periódicos y revistas y que dan cuenta de una demanda por parte de una élite instruida, aunque limitada a sectores puntuales de la población. La mayoría de los libros impresos que llegaban a territorio venezolano provenían de España. Por otro lado, el trabajo con la imprenta tuvo un representante señero en la figura de Valentín Espinal quien, por casi cincuenta años, imprimió diversos escritos desde Caracas. Hubo otros impresores como Tomás Antero, Domingo Navas Spínola y Antonio Damirón.

     Otro aspecto que llama mucho la atención de quienes han estudiado este período de la historia, es la existencia de un importante número de personas dedicadas a la música. Muchos llegaron a ocupar cargos públicos de relevancia con lo que se dio impulso a la interpretación musical. Pero, estuvo restringido a un segmento de la sociedad, porque una formación académica extendida para toda la población no estuvo presente. De igual manera, sucedió con la impresión de libros, folletos y periódicos cuya demanda estuvo acotada entre elites citadinas y no para todos los integrantes de la sociedad. 

     Uno de los acontecimientos cuya repercusión fue nacional, aunque suscitado en Caracas, para el 24 de enero de 1848, cuando hordas militaristas y afines a los Monagas invadieron el Congreso de la República. En la segunda mitad del siglo XIX, Caracas comenzó a experimentar cambios a la luz de los procesos modernizadores propiciados por Antonio Guzmán Blanco. 

     Durante este período se abren nuevos espacios públicos y se presenta una nueva ornamentación de la ciudad capital.

La Catedral de Caracas

La Catedral de Caracas

CRÓNICAS DE LA CIUDAD

La Catedral de Caracas

La Catedral es un emblema de Caracas. Dibujo de Ramón Bolet, 1854

     Es la primera iglesia de la ciudad de Caracas, construida en el siglo XVI. A lo largo de su existencia ha sufrido importantes modificaciones como ampliaciones, eliminación del tercer cuerpo de la torre campanario, cambios en los materiales de su cubierta y en la forma de sus columnas, aumento de la altura de fachada, entre otras.

     En este lugar reposaron los restos de nuestro Libertador desde 1842 hasta 1876, cuando fueron trasladados al Panteón Nacional. La Catedral conserva valiosas imágenes religiosas, retablos coloniales, y obras artísticas de distintas épocas. En 1957, fue declarada Monumento Nacional.

     Ubicada justo al frente de la plaza Bolívar de Caracas, la Catedral contempla el pasar de miles de personas diariamente, albergando una gran cantidad de tesoros históricos en su interior, de estos se pueden destacar los restos de los padres y esposa de Simón Bolívar, un cuadro de grandes proporciones de Arturo Michelena que jamás pudo ser concluido y en el cual se puede apreciar “La Última Cena”.

     Uno de los cronistas que ha relatado la historia de esta singular iglesia es el escritor y periodista Lucas Manzano (1884-1966), quien en un libro póstumo, titulado Tradiciones Caraqueñas, publicó un extenso trabajo sobre el más antiguo templo capitalino.

     En el mismo, Manzano cuenta que era la catedral por entonces un oratorio con lo indispensable para la población. Pero a mediados del año de 1614 Caracas se daba el regalo de tener ciertas dimensiones y en el mismo lugar en el que emplazaron la primera ermita; para el fomento de la cual contribuían el Obispo Bohórquez, los encomendados y los hijosdalgos que ya tenían parné para codearse con los nobles castellanos que imponían reglas y dictaban cátedra en la villa regada por el Anauco, Catuche, El Guaire y la quebrada de Caruata, que no había descendido en categoría.

     Construida de cal y canto, pavimentado su suelo con panelas de tierra cocidas y alegrados sus muros con cuadros al óleo logrados por la “mansedumbre” del beatífico Fray Mauro de Tovar, veían los caraqueños la iglesia principal, cuando el 11 de junio de 1641 tembló la tierra con violencia tal que todo se fue al suelo.

     Fue entonces cuando Fray Mauro, revestido de serenidad y protegido por el Dios de los hombres, se encaminó pasó a paso por sobre los muros destruidos, extrajo del Sagrario la Custodia, ganó prontamente el umbral y llegando a la Plaza Mayor bendijo a la muchedumbre que aterrada ante la catástrofe alzaba sus brazos al cielo demandando perdón para sus culpas.

     A partir de aquella trágica jornada, lograda la reconstrucción de la Catedral por obra milagrosa de Fray Mauro y su colaborador Doña Mary Pérez y los Obispos que lo sucedían dejaron para recuerdo de su gobierno diocesano, emplazados allí oratorios, altares y otras obras que sumadas en conjunto dieron por resultado la iglesia que ocupa el rango de Mayor en el área Metropolitana.

     En sus cinco naves los feligreses podían orar en diez y siete altares, uno de los cuales, de plata, está dedicado al Santísimo Sacramento. Otro consagrado a Santa Ana, bajo el patrocinio de los Obispos de la Grey venezolana. El de Santiago Apóstol, patrón titular de los Reyes de España, en consecuencia, debe ahora estar de capa caída.

     Florecido de milagros hechos a los creyentes contemplan los visitantes del santo lugar el altar de Santa Rosa de Lima, Patrona de las Indias, y cerca de este el de Nuestra Señora de Antigua.

     No pocos ricos de la colonia dejaron recuerdo de su piedad en la Iglesia Mayor. Don Fernando Lovera patrocinaba el altar de Nuestra Señora de la Candelaria y lo dotó con cierta cantidad para fiestas, así como la obligación de repartir cincuenta pesos entre los pobres.

     Don Diego Monasterio dotó la Capilla del Santísimo con nueve mil trescientos pesos; este oratorio era además heredero de tres casas que rentaban ciento cincuenta pesos anuales. Los altares estaban flamantes en el año 1776, cuando otro sacudimiento sísmico derribó la Catedral reconstruida en 1770.

     En cierto lugar de la iglesia, no distante de la Cárcel para eclesiásticos, construida por Fray Mauro de Tovar, hubo gran revuelo el día 17 de abril de 1803.

     Habían llevado a hombros de científicos y gente del pueblo el cadáver del Profesor Juan Pablo Morillo, fallecido el día anterior en su residencia de “Las Madrices”.

     Por indisposición del Gobernador y Capitán Guevara y Vasconcelos, fue designado el Teniente de Gobernador y Auditor de Guerra Don Juan Jurado para que lo representase en la ceremonia de Vigilia y Misa de Cuerpo Presente.

     Jurado se presentó investido como estaba con la representación del Superior y tomó asiento en la silla designada al Capitán General. Esto no agradó a los estudiantes ni al rectorado, por lo que invitaron cortésmente a Don Juan Jurado a tomar las de “villadiego”. Este asintió la invitación como quien oye llover, por cuyo motivo se ausentaron en señal de protesta los acompañantes dejando al muerto solo.

     El muerto fue rectamente al hoyo y el vivo al brollo.

     Llevada la querella al Rey éste sentenció, reprimiendo al funcionario para que en lo sucesivo respetase a los estudiantes y no tomara vela en procesión que no fuese debidamente autorizada por el Gobernador.

     Traer el recuerdo de la vieja iglesia es añorar los sinsabores que pasó el Ilustrísimo Monseñor Coll y Prat, Obispo de Caracas, cuando el sanguinario Boves le conminó a entregarle el corazón de Girardot sepultado allí por pedido del Libertador. Nada obtuvo el testarudo asturiano ante la reciedumbre del Pastor, a quien los patricios por motivos justificados habían llevado bajo escolta a La Guaira durante los sucesos del año once.

     Un suceso pintoresco dentro de lo trágico tuvo teatro en el año 1882. Ocurrió que un orate, a quien los caraqueños mentaban con el mote de “Loco Lerdo”, pasó a mejor vida víctima de un chaleco que según él tenía la virtud de mantenerle en el espacio durante un tiempo, prudencial. Este loco de quien no hemos encontrado referencia en los papeles consultados, dicen que se lanzó del segundo cuerpo de la torre en demostración de eficiencia de su experimento y en llegando al suelo su cabeza se hizo añicos.

     Que nosotros sepamos no se han registrado en la Catedral otros acontecimientos que merezcan citarse, a no ser por la exclamación que un personaje de la revolución triunfadora en el año 1900 hiciera ante la Imagen de la Soledad. Según quienes estuvieron presentes y refieren la escena, el sujeto se arrodilló frente al nicho de la Santa, abrió los brazos en cruz y con franciscana dulzura le dijo a la Virgen: 

 ̶̶     ¡Madrecita linda! No te pido nada, haz sí que me pongan donde “hayga” algo que de lo demás me encargo yo. . . 

     A la Iglesia Mayor le han salido en competencia dos rivales: ellas son las Basílicas de San Pedro Apóstol, en “Los Chaguaramos” y en “La Florida” la Basílica de Nuestra Señora de La Chiquinquirá.

     Siendo como es Venezuela, país poderosamente rico, debiera acometerse la continuación de la reforma llevada a efecto por el gobierno que presidió el General Juan Vicente Gómez, pues así la Catedral de Caracas ocuparía el puesto que en justicia le corresponde como Iglesia Mayor de la capital venezolana.

     Ojalá Dios lo quiera, amén.

Pronunciamiento de La AVDT frente al “Impuesto a los grandes patrimonios”

Pronunciamiento de La AVDT frente al “Impuesto a los grandes patrimonios”

  1. La Asociación Venezolana de Derecho Tributario (AVDT) con motivo del dictado de la “Ley Constitucional que crea el impuesto a los grandes patrimonios”[1] por la denominada “Asamblea Nacional Constituyente”, en fecha 18 de julio de 2019, realizó un evento en el cual analizó el pretendido tributo y evidenció sus deficiencias constitucionales y técnicas. En dicho evento, además de denunciar la inconstitucionalidad de la llamada “Ley Constitucional” y la inviabilidad económica de la pretendida exacción, acogió en todos sus términos el pronunciamiento de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en rechazo a dicho “tributo”. 
  1. Hoy, después de tres (3) años de la existencia del referido tributo, observamos que se han agudizado las causas jurídicas que generan su inconstitucionalidad, las inconsistencias técnicas del pretendido tributo y las causas económicas que lo hacen inviable. 
  1. La inconstitucionalidad que parte del origen y de la conformación de la llamada “Asamblea Nacional Constituyente” conducen a que cualquier acto que emane de ella, incluyendo la pretendida “Ley Constitucional que crea el impuesto a los grandes patrimonios”, sea absolutamente nulo. Adicionalmente, esa “ley” fue dictada en abierta violación al principio de reserva legal, ya que es la Asamblea Nacional (Poder Legislativo) la llamada a dictar las leyes de naturaleza tributaria y no la Asamblea Nacional Constituyente, cuyas funciones debieron estar encaminadas, en todo caso, a redactar una nueva Constitución Nacional. 
  1. El establecimiento de un pretendido tributo que no grave manifestaciones ciertas de riqueza de un contribuyente, hace que dicha obligación se convierta en una exacción intolerablemente inconstitucional por confiscatoria y violatoria de la capacidad contributiva. En efecto, en el estado actual del desarrollo de los derechos humanos, resulta inconcebible el pretender que una exacción afecte el derecho de propiedad y la libertad económica, sin haber pasado por una fórmula legislativa y técnica, producto de exámenes y profundos estudios de factibilidad, académicos, económicos y de consulta popular. Sin embargo, esta exacción inconstitucional pretendió hacerse imponer en el sistema normativo y fiscal venezolano de forma sorpresiva, atentando además contra los principios de certeza, seguridad jurídica y de no retroactividad de la ley. 
  1. Algunas de las inconsistencias técnicas de la instrumentación normativa de este tributo, que también derivan en su inconstitucionalidad, van desde una indeterminación y una sobrecarga discriminatoria para una categoría de contribuyentes, como son los sujetos pasivos calificados como especiales, en contra del principio de generalidad tributaria; pasando por la deslegalización y también indeterminación de los elementos esenciales del tributo, como son: (i) la base imponible, por pretender confeccionar la misma sobre métodos de valoración poco técnicos, que derivan en una exacción a los activos y no a una manifestación cierta de riqueza, que frustra el mandato de una tributación sobre la verdadera capacidad económica de los contribuyentes y que además quedan a merced del arbitrio y regulación del acreedor y no de la Ley, y (ii) las alícuotas, porque igualmente son variables según lo disponga el sujeto activo de la obligación y no por mandato de la Ley. 
  1. De igual forma, este pretendido tributo se inserta de forma desarmonizada a un sistema tributario ya bastante sobredimensionado. No se complementa con el Impuesto sobre la Renta como ocurrió en su momento con el Impuesto a los Activos Empresariales, el cual tenía algunas características similares a este Impuesto a los Grandes Patrimonios. En efecto, se pretende prohibir la deducción de lo pagado para la determinación del Impuesto sobre la Renta y se desconoce totalmente la armonización con otros tributos existentes que contienen disposiciones que regulan el valor de mercado como límite máximo para gravar a los activos, como son el impuesto de donaciones, impuesto de vehículos, impuesto sobre inmuebles urbanos e incluso los tributos pagados en otras jurisdicciones. 
  1. Pero, no conforme con lo anterior, este pretendido tributo se impone en el momento de mayor crisis económica por la que el país ha pasado. Venezuela ha sorteado varios años en hiperinflación y una devaluación que han frustrado totalmente las funciones monetarias del bolívar y que han decantado en tres (3) reconversiones monetarias en poco más de una década. En una economía que ha tenido una caída de su producto interno bruto superior al ochenta por ciento (80%) en los últimos cinco años y una crisis migratoria sin precedentes y, como si lo anterior no fuera suficiente, en medio de una crisis sanitaria y económica mundial producida por el Covid-19. Esas circunstancias constituyen razón suficiente no sólo para derogar el referido tributo, sino también para someter a revisión otros tantos vigentes en nuestro ordenamiento, tal como la AVDT lo ha venido señalando en diversas oportunidades, constando la última de ellas en el pronunciamiento de fecha 7 de abril de 2021. 
  1. Estas distorsiones y particularmente las relacionadas con el pretendido Impuesto a los Grandes Patrimonios, han sido objeto de análisis y de estudio por parte de la AVDT, lo que ha permitido denunciar -con altos estándares académicos- las distorsiones e inconstitucionalidades antes comentadas, en charlas, conversatorios y, más recientemente, en las XVIII Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario, sobre “Patologías del sistema tributario venezolano”, celebradas en Caracas, en el año 2019, cuya relatoría, ponencias, conclusiones y recomendaciones ratificamos y damos por reproducidas en el presente pronunciamiento y a cuya revisión exhortamos. 
  1. Dado que en el próximo mes de noviembre comenzaría la temporada de declaración del pretendido tributo, la AVDT debe nuevamente rechazar la vigencia de una exacción comprobadamente inconstitucional, confiscatoria, poco técnica y a todas luces inconveniente para este momento y ante la deplorable crisis económica que aqueja en el país, siendo más bien imperioso el establecimiento de políticas fiscales destinadas al crecimiento económico y a la atracción de nuevas y mejores inversiones y no generar el efecto contrario al ahuyentar o afectar desproporcionadamente las pocas inversiones ya existentes en nuestro país.

En Caracas, a los 21 días del mes de octubre de 2021

Consejo Directivo de la AVDT

 

AVDT

Más de 50 años de actividad persistente y entusiasta en la defensa de los valores democráticos y los criterios constitucionales de tributación.

 

[1] Publicada en la Gaceta Oficial No. 41.667 de fecha 3 de julio de 2019 (reimpresa por “error material” en Gaceta Oficial No. 41.696 de fecha 16 de agosto de 2019),

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