El primero de junio de 1972, fue secuestrado en Caracas, por un comando guerrillero, el empresario Carlos Domínguez, Originalmente se planificó secuestrar al hijo, pero, por una confusión, se llevaron al “Rey de la hojalata”, como se le conocía a Domínguez por sus fábricas de envases de metal; más de un millón de dólares pidieron por su liberación. Primer secuestro en Venezuela por el que se solicitó rescate.

     Durante casi dos semanas, a principios de junio de 1972, estuvo en manos de una organización criminal, aparentemente vinculada con movimientos guerrilleros, el empresario Carlos Domínguez Chávez.

     Conocido como uno de los secuestros más costosos en la historia del país, los familiares del industrial se vieron obligados a reunir cinco millones de bolívares (más de un millón de dólares al cambio de la época) para conseguir su liberación.

     El caso del “Rey de la Hojalata”, así llamaron al empresario, dueño de la fábrica de envases metálicos más importante de Venezuela, movilizó a todos los cuerpos policiales del país y obligó a crear por primera vez el denominado Comando Unificado –Policía Técnica Judicial (PTJ), Dirección de Servicios de Inteligencia Policial (DISIP), Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (SIFA) y Policía Metropolitana (PM), así como a los diversos medios de comunicación que dieron cobertura permanente al secuestro.

     Por 13 días continuos, los periódicos capitalinos y de provincia, así como estaciones de radio y TV dedicaron amplio espacio y segmentos para informar sobre el secuestro y el curso que seguían las investigaciones. Cada día aparecían noticias contradictorias, manteniendo el suspenso, como en las series de misterio, donde cada nuevo capítulo trae un desenlace diferente, acelerando el ritmo cardíaco de los espectadores.

     El 15 de junio de 1972, Domínguez fue liberado. En horas de la madrugada llegó en un taxi a su residencia en la urbanización El Paraíso. Los secuestradores lo liberaron después de cobrar el rescate, un millón de dólares en billetes y el resto en papel moneda nacional, totalizando el monto exigido. Y luego se salieron con la suya porque, pese al enorme operativo de investigación y gran despliegue policial, jamás fueron capturados los autores del hecho. 

     Con cierta frecuencia se especuló que las investigaciones estaban a punto de dar con la captura de los culpables, pero nunca se dio a conocer la identidad de los secuestradores.

     En la edición del 16 de junio de 1972 de la revista Élite, en reportaje del periodista Humberto J., González, titulado Domínguez: El Secuestro más caro de Venezuela, se ofrecen interesantísimos detalles del caso: “El viernes 2 de junio, dos periodistas conversaban parsimoniosamente en uno de los bancos de la plaza interior del Congreso Nacional. La mañana había amanecido fresca y a excepción del caso del estudiante Mervin Marín Sánchez, quien el día anterior había sido gravemente herido por una bomba lacrimógena que le estallara en la cabeza, y cuya vida se le iba escapando irremediablemente, los periodistas parecían haberse encontrado con uno de esos terriblemente vacíos días en los que nada ocurre: “no hay noticias”.

     Poco antes del mediodía comenzó a difundirse un rumor: “el industrial Carlos Domínguez, uno de los hombres más ricos de Venezuela, fue secuestrado en La Victoria, Estado Aragua”.

     Al principio muy pocos periodistas prestaron atención al rumor. Nadie se imaginaba que en pocas horas esta “bola” llegaría a convertirse en el caso de secuestro más increíble y sensacional de su tipo cometido hasta el presente en el país. Y el más caro también.

     A medida que el rumor se fue afianzando, comenzó a tomar cuerpo como noticia. Dos emisoras de radio lanzaron la información al aire. En la tarde un vespertino dio una información bastante detallada, señalando que una organización de guerrillas urbanas había realizado el secuestro, el cual habría ocurrido en la población antes mencionada. La información se había originado en Caracas como una noticia local. En posteriores ediciones del mismo diario, la misma tarde, fue corregida y se indicó que la acción había tenido lugar en Caracas. Una organización guerrillera, “Bandera Roja”, en llamada telefónica al vespertino “El Mundo”, se atribuyó la acción y dijo que se debió en protesta contra el atentado policial del miércoles en la UCV, en el cual resultó herido de muerte el estudiante Marín Sánchez.

      Para entonces, ya se había puesto en funcionamiento, en medio de una increíble cantidad de informaciones, desinformaciones, contra-informaciones y presuntas indiscreciones calculadas, todo el aparato periodístico y policial que haría del secuestro del industrial Carlos Domínguez Chávez uno de los casos más extraños de su naturaleza que jamás hayan ocurrido en Venezuela.

     Para el momento de cerrar esta edición de Elite, una semana y dos días después de ocurrido el secuestro, tanto las policías integradas por el “comando anti-secuestro”, como los familiares y la prensa, no habían avanzado más que en la formulación de absurdas y contradictorias hipótesis, que de ninguna manera ayudaban a aclarar las sombrías perspectivas del caso.

     No obstante, el análisis de la inmensa cantidad de datos presentados por la prensa, así como informaciones estrictamente confidenciales logradas en diversas fuentes por el equipo investigativo de ELITE, ha permitido establecer con cierta precisión algunos detalles del caso.

El secuestro

     De acuerdo con las informaciones obtenidas por Elite, el secuestro del industrial Domínguez obedece a un plan maestro en el cual están incluidos altos personeros del país, así como algunos de sus más inmediatos allegados.

     En este caso particular, el objetivo fundamental no era Carlos Domínguez, padre, sino Carlos Domínguez, hijo. Este, quien regularmente viaja a La Victoria a supervisar la producción de la fábrica, debía haber sido interceptado a su regreso y secuestrado, con el fin de exigir el rescate de los cinco millones de bolívares a su padre.

     La lógica del plan era sencilla: secuestrar al hijo con el fin de lograr que el padre, que es quien posee el dinero, pudiera pagar el rescate inmediatamente. Los secuestradores tenían, además, un plan alterno que debía llevarse a cabo en caso de que el primero fallara: secuestrar al industria|l Domínguez en Caracas. Los secuestradores conocían perfectamente todas las posibles alternativas que pudieran presentarse, y es probable que hubieran emplazado comandos tácticos en los, lugares más frecuentados por ambos.

     Aunque no fue posible establecerlo de manera absoluta, pudo saberse que la noche en que Carlitos Domínguez debía haber permanecido en La Victoria, junto con un primo suyo, decidió regresar antes a Caracas, por lo que el secuestro no pudo realizarse tal como estaba previsto. Esto hizo entrar en acción al plan alterno.

     El jueves a las 7 de la noche, el Sr. Domínguez salió de su casa para visitar algunas amistades suyas. A las 8:45 pm salió de la quinta “Eurídice”, donde había estado conversando con su amigo Bernardo Fernández, a quien pocos minutos antes había dicho que se iba porque sentía un fuerte dolor en el pecho. 

     Inmediatamente se embarcó en su Cadillac para dirigirse a su residencia, la quinta “Anacar”, en la Avenida Páez, situada a unas ocho cuadras de distancia. El comando lo estaba esperando en el angosto callejón a la salida de las residencias “Edén”. Al efectuar la curva para tomar la avenida principal, frente a la escuela de enfermeras “María de Almenar”, en el Callejón Miranda, los secuestradores le salieron al paso y con sus pistolas preparadas para cualquier emergencia, lo conminaron a entregarse. El automóvil placas 1A-52-22 fue encontrado después en la urbanización “Los Laureles”, entre la Universidad Santa María y la Cota 905, el viernes al mediodía.

     El mismo jueves, a las 11:30 de la noche, el teléfono de la quinta “Anacar” repicó insistentemente. Una voz que no se identificó dio un conciso mensaje. El Sr. Domínguez había sido secuestrado por un grupo guerrillero que exigía como condición para devolverlo sano y salvo la entrega inmediata de cinco millones de bolívares. Él se encontraba bien atendido y todas las precauciones habían sido tomadas para evitar que sufriera el menor daño. Sin embargo, y en esto la voz fue muy enfática, era necesario mantener toda la prudencia posible, evitando informar a la policía y a la prensa. Los familiares trataron de lograr mayores detalles, pero la persona que llamaba dijo que muy pronto volverían a entrar en contacto con ellos. Les recordó nuevamente guardar la mayor discreción para evitar peligros innecesarios y colgó.

La policía entra en acción

     A las tres de la mañana del viernes 2 de junio, una llamada telefónica alertó a la PTJ de lo que estaba ocurriendo. Inmediatamente el cuerpo trató de establecer contacto con la familia Domínguez.

     Aunque se ha sugerido la posibilidad de que algún familiar preocupado fuera quien dio la

información a la PTJ, esta hipótesis se ha desvirtuado un poco debido a la resistencia mostrada por la familia o que el organismo policial interviniera directamente en el caso, llegándose incluso al extremo de que se hubiera impedido la conexión de un grabador con el teléfono de la quinta “Anacar”.

     El viernes por la mañana la noticia que se “filtró” a la prensa y dos estaciones de radio la dieron disputándose la primicia. En horas de la tarde, un vespertino la terminó de hacer pública, con detalles que revelaban un íntimo conocimiento de cómo se iba a realizar la operación.

    Aun no se ha podido establecer de dónde surgió la información. Se ha especulado que alguno de los organismos policiales que ahora integran el llamado “comando de rescate” tuviera información confidencial acerca del plan operativo que la semana pasada fuera descubierto en Los Teques, y que de alguna manera esta información hubiera sido “filtrada” a los medios de comunicación, de manera que cuando el secuestro ocurrió, el organismo hubiera pensado que el plan se había ejecutado como estaba previsto, antes que se descubriera el carro abandonado con una nota en el volante en la que se exigían los cinco millones de bolívares. Los analistas piensan que esta hipótesis no debe ser totalmente abandonada hasta que se sepa cómo habiendo ocurrido el secuestro en Caracas, los medios transmitieron la información correcta de acuerdo con el plan principal.

Punto Cero

     Desde altas horas de la noche del jueves, decenas de periodistas y centenares de curiosos se habían aglomerado frente a la quinta “Anacar”, con el fin de obtener la mayor información posible acerca del secuestro. El viernes por la mañana, la familia Domínguez dio a conocer que los cinco millones ya habían sido retirados de un banco local y que solo esperaban las instrucciones de los secuestradores para establecer contacto y entregar el dinero, después de lo cual, unas 72 horas más tarde, según lo exigían los raptores, el Sr. Domínguez sería puesto en libertad.

     Mientras tanto, el comando unificado de rescate había delegado en la PTJ la investigación básica del suceso. Esta había comenzado en la llamada “Curva Siete Machos”, cerca de La Victoria, donde tres personas que se desplazaban en un automóvil Hillman, color verde, habían sido observadas en actitudes sospechosas, cerca de la Plaza Bolívar, el jueves primero, pasadas las diez de la noche. Evidentemente, ellos integraban el comando que tenía como objetivo secuestrar al joven Domínguez, cosa que como ya sabemos no se pudo lograr.

    Aparentemente en La Victoria y las zonas adyacentes estaba operando más de un comando de intercepción, puesto que también fue observado un Oldsmobile gris el viernes 3 a eso de las 7:30 de la mañana, también en forma que despertó sospechas más tarde cuando comenzaron las investigaciones. A las dos de la tarde del viernes ocurrió un incidente que haría cambiar el rumbo de las averiguaciones que el “comando unificado de rescate” estaba realizando. Justo frente a la quinta “Anacar”, en el edificio donde está ubicada la sucursal del Banco del Centro Consolidado, ocurrió una balacera en la que resultaron muertos los dos ocupantes de un Hillman placas 2D-5683, en todo semejante al observado con anterioridad en La Victoria.

     A pesar de que la acción ocurrió delante de los asombrados ojos de los periodistas y reporteros gráficos, muchos de los cuales lograron captar en sus placas fotográficas los relampagueantes eventos que se desarrollaban ante ellos, todo ocurrió con una rapidez tan vertiginosa que es muy difícil dar un detallado recuento de la secuencia de sucesos.

     Los dos ocupantes del vehículo fueron identificados como Ramón Antonio Álvarez y Rafael Botini Marín. Ambos tenían un amplio prontuario como guerrilleros en los organismos policiales. El primero fungía como jefe de un grupo guerrillero, y el segundo como segundo jefe del mismo grupo que entonces se llegó a conocer era la organización llamada “Punto Cero”.

     Parece ser –a pesar de que los organismos policiales han tratado de demostrar que no existe ninguna vinculación lógica entre ellos y el secuestro del industrial Domínguez– que ellos eran los encargados de establecer el primer contacto con la familia del secuestrado.

     De acuerdo con algunas informaciones obtenidas confidencialmente, Álvarez y Botini debían haber establecido un contacto en la autopista Caracas-Valencia para deshacerse de las armas y poder penetrar sin peligro en la capital. Ese contacto, por cualquier motivo, no se realizó y en algún momento fueron avistados por los integrantes de una patrulla de la DISIP quienes inmediatamente se lanzaron detrás de ellos. Los guerrilleros fueron alcanzados probablemente sin que hasta ese momento se hubieran dado cuenta de que los estaban siguiendo, cuando llegaron a su destino, o sea, frente a la quinta del industrial secuestrado.

     En cuanto a lo que pasó después, existen varias versiones, entre las que predomina la versión oficial: los guerrilleros resistieron la voz de alto e intentaron hacer uso de sus poderosas armas que traían guardadas en un maletín. La versión oficial señala que traían sus pistolas automáticas listas para disparar y varias cacerinas en sus bolsillos. Sin embargo, es curioso comprobar que las fotografías que fueron tomadas por los reporteros gráficos de los diferentes diarios, en cada una de ellas las posiciones de los brazos y del cuerpo son ligeramente diferentes y por lo menos en una de ellas (publicada por El Nacional en su última página) no puede apreciarse ni la pistola ni el abultamiento producido por ella.

     Otro detalle que se suma a los anteriores para establecer una vinculación entre Álvarez y Botini, por una parte y el industrial Domínguez, es el hecho de que en una residencia ubicada en la urbanización “El Trigal”, en Los Teques, donde residía Carlos Rafael Botini Marín junto con su esposa y la cual fue allanada por las autoridades, se encontró un plan operacional en el que había una lista de personalidades que iban a ser secuestradas en el mes de junio, y en el que se especificaban los hábitos de las potenciales víctimas, sus rutas, nexos de amistad y de familia, etc.

     Parece ser bastante obvio que la misión de los jefes de “Punto Cero” –que, dicho sea de paso, el término implica un objeto o persona sobre el cual se centraliza una acción, tal como las coordenadas de la mirilla de un rifle telescópico– era esencialmente de contacto, más que de ataque. De otra manera hubieran venido mejor preparados, y no tan al descubierto como se presentaron, justamente para caer en la “boca del lobo”.

     El hecho de que hubieran caído tan inocentemente en manos de las autoridades ha despistado, aparentemente a las mismas, que basan su explicación en que no existe vinculación alguna entre ellos y el secuestro en que sabiendo como sabían cuán buscados eran por las diferentes policías del país, parece absurdo pensar que fueron tan cándidos como para arriesgarse en una operación de tal naturaleza. Esta presunción de las autoridades tiene bastante peso, pero, de todas maneras, la evidencia parece apuntar en el sentido contrario.

Los guerrilleros de La Victoria

     Mientras tanto, las averiguaciones del “comando unificado” habían llevado a los investigadores a La Victoria, donde se descubrió un pequeño nido de guerrilleros, el cual –después de sufrir un ataque de varias horas– dio como resultado cuatro guerrilleros muertos, tres detectives heridos y el incautamiento de una cantidad de armas y literatura de izquierda. En esta acción participó además el batallón de “cazadores” del ejército. La DISIP dio a conocer que, aunque pertenecían a “Punto Cero”, no estaban envueltos de ninguna manera en el secuestro.

5 millones de rescate

     Mientras que por la prensa y la opinión pública esperaban la liberación del industrial Domínguez, a cambio de los 5 millones de bolívares que, supuestamente, habían sido entregados en dos maletas, una de 35 kilos de peso y la otra de 40 kilos, por uno de los hijos naturales del señor Domínguez, en un sitio no especificado de Caracas, entre las 11 y las 12 de la noche, los organismos policiales especulaban si el secuestro había sido organizado por el hampa internacional, por el hampa común o por las guerrillas urbanas. 

     Las especulaciones periodísticas iban en aumento también y a ellas se agregaban los contactos que los guerrilleros o tal vez otros grupos también interesados en los cinco millones, establecían con los diferentes medios de comunicación.

     Los secuestradores hicieron saber que necesitaban saber el nombre de los medicamentos que necesitaba el señor Domínguez. La estación de televisión del gobierno hizo un pequeño trabajo documental explicando cuáles eran esos medicamentos y cómo se usaban.

     La idea de que los secuestradores liberarían al industrial desapareció cuando la prensa comenzó a sospechar que la entrega del dinero jamás había ocurrido. En primer lugar, una expresión atribuida a Carlitos Domínguez –“si no lo sueltan hoy no hay dinero”– que después fue presentada también en boca de su esposa, y después una carta escrita en tono bastante grave y firmada por “Júpiter”, en la que alertaba a los familiares de que habían violado todos los convenios establecidos, descubrieron la realidad de las cosas.

     Después, el hijo del industrial explicó que la persona que iba a actuar como contacto se había negado. El señor Gásperi, quien hubiera realizado tal operación, devolvió los cinco millones, y Carlitos Domínguez pidió a los secuestradores que aceptaran lo involuntario de la situación. El joven propuso buscar otro mediador y hacer de lo ocurrido “borrón y cuenta nueva”.

La historia se repite

     Será necesario volver a comenzar desde el principio. Para la policía significa un margen relativamente grande, pero parece ser que los secuestradores se sienten bastante seguros. Aunque no han dado ninguna señal acerca de la seguridad personal del industrial Domínguez, se nota como un cierto interés en resguardarle su vida, porque de ello dependerá que se cobren los cinco millones de bolívares. Por otra parte, la policía parece haber descubierto un escape en su sistema de comunicaciones y ya se han señalado a dos presuntos implicados, Francisco Antonio Peña Salazar y Juan Alberto Agreda, quienes hasta hace unos pocos meses estuvieron empleados como técnicos de comunicaciones de un organismo de seguridad.

     También se ha señalado que mientras que la policía se ha abstenido por lo menos parcialmente de perseguir a los secuestradores, ya se está planificando ante el Ministerio de Justicia y la PTJ la inmediata acción a seguir una vez que el industrial sea liberado. En la edición de la revista Élite del 23 de junio, el reportero Humberto González elabora una crónica ilustrada con gráficas de la liberación de Domínguez con gráficas exclusivas de José Luis Blasco.

     “A las cinco y media de la mañana aproximadamente, un auto color crema pasó frente a la residencia. El auto hizo unos movimientos que parecieron extraños y Freddy Urbina pensó que la larga espera llegaba a su fin. Rápidamente sacó su libreta de notas y escribió el número de la placa. El carro desapareció velozmente. Poco después, mientras Freddy llamaba a la PTJ para comunicar lo que había visto, se acercó otro carro a la residencia. Era un auto de alquiler. Un anciano de cabellos plateados se bajó, se metió la mano en el bolsillo para pagar. Le faltaba un real. El chofer lo dejó así. El anciano tembloroso seguramente por la debilidad y por el frío de la mañana, se dirigió a la quinta “Anacar”.

Repentinamente los periodistas despertaron y alguien gritó: “¡Es Domínguez!” y todos corrieron a su encuentro. La larga espera había terminado”.

¡Ey! los de casa ¡abran!

–¿Es usted el señor Domínguez? – preguntaron los reporteros.

–Si. Soy yo.

     El industrial secuestrado había aparecido tan repentinamente como había desaparecido hacía 13 días y nueve horas. Se acercó a la verja de su mansión. Mientras los reporteros trataban de interrogarle, los fotógrafos disparaban sus cámaras tomando las fotografías del caso más sensacional ocurrido en los últimos diez años.

     ¡Ey! los de casa ¡Abran la puerta! El millonario quería entrar a su casa, pero a esa hora todos dormían. Entretanto, los periodistas trataban de sacarle alguna información acerca del secuestro de que fuera víctima.

     Domínguez relató con palabras entrecortadas, cómo fue dejado en libertad. Los secuestradores le vendaron los ojos y por aproximadamente dos horas lo condujeron en un vehículo hasta un lugar cerca de Los Chaguaramos. Antes de salir del refugio donde estuvo prisionero le aplicaron una inyección en el muslo de la pierna derecha con el fin de adormecerlo.

     Después, aparentemente, perdió el conocimiento. Transcurrido cierto tiempo, al despertar de su letargo, se encontró en el lugar mencionado, tendido en el suelo, con una cobija que lo protegía del frío. El industrial relató que un desconocido lo había auxiliado y le había ayudado a encontrar un carro de alquiler en el cual se había trasladado hasta su residencia.

El viernes 31 de octubre de 1958, diez meses después del derrocamiento de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, se firmó el histórico “Pacto de Punto Fijo”, mediante el cual el liderazgo político de la época pretendió y posteriormente logró darle viabilidad y gobernabilidad a la naciente democracia, además de enterrar los demonios del militarismo que azotaban al país desde el siglo XIX. El compromiso lo suscriben los partidos políticos URD, COPEI y AD. El acuerdo se firmó en la residencia de Rafael Caldera llamada “Punto Fijo”, ubicada en la urbanización Las Delicias de Sabana Grande, en Caracas.

     Los partidos Acción Democrática, Social Cristiano Copei y Unión Republicana Democrática, previa detenida y ponderada consideración de todos los elementos que integran la realidad histórica nacional y la problemática electoral del país, y ante la responsabilidad de orientar la opinión pública para la consolidación de los principios democráticos, han llegado a un pleno acuerdo de unidad y cooperación sobre las bases y mediante las consideraciones siguientes:

    1ra Como es del conocimiento público, durante varios meses las distintas fuerzas políticas que han participado en las acciones unitarias para la defensa del régimen democrático han mantenido conversaciones destinadas a asegurar la inteligencia, mutuo respeto y cooperación entre ellas, interesadas por igual en la consolidación de la unidad y la garantía, de la tregua política, sin perjuicio de la autonomía organizativa y caracterización ideológica de cada uno, conforme se declaró expresamente en el acta de ampliación de la Junta Patriótica firmada el 25 de Enero de 1958 por los partidos políticos que la integraban inicialmente. El resultado obtenido es favorable, toda vez que las naturales divergencias entre 198 partidos, tan distintas de uno mismo impuesto por el despotismo, se han canalizado dentro de pautas de convivencia que hoy más que nunca es menester ampliar y garantizar. 

     El análisis cabal de los antecedentes, de las características actuales y de las perspectivas de nuestro movimiento democrático; la ponderación comprensiva de los intereses legítimamente representados por los partidos a nombre de los centenares de miles de sus militantes; el reconocimiento de la existencia de amplios sectores independientes que constituyen factor importante de la vida nacional; el respaldo de las Fuerzas Armadas al proceso de afirmación de la República como elemento institucional del Estado sometido al control de las autoridades constitucionales, y el firme propósito de auspiciar la unión de todas las fuerzas ciudadanas en el esfuerzo de lograr organización de la Nación venezolana, han estado presentes en el estudio de las diferentes fórmulas propuestas. La sincera definición y defensa de los derechos que asisten a los partidos como representantes de grandes núcleos nacionales y la preocupación común de atender en conjunto a los intereses perdurables de la Nación, si bien han podido en forma ocasional provocar la generosa impaciencia de calificados valores de la opinión, son la garantía de que las deliberaciones han respondido a un serio y responsable enfoque de las urgencias del país.

2da Las minuciosas y largas conversaciones han servido para comprometer a las organizaciones unitarias en una política nacional de largo alcance, cuyos dos polos podemos definir así:

     a) Seguridad de que el proceso electoral y los Poderes Públicos que de él van a surgir respondan a las pautas democráticas de la libertad del sufragio.

     b) Garantía de que el proceso electoral no solamente evite la ruptura del frente unitario, sino que la fortalezca mediante la prolongación de la tregua política, la despersonalización del debate, la erradicación de la violencia interpartidista y la definición de normas que faciliten la formación del Gobierno y de los cuerpos deliberantes de modo que ambos agrupen equitativamente a todos los sectores de la sociedad venezolana interesados en la estabilidad de la República como sistema popular de Gobierno.

     3ra Establecidos esos principios de carácter general, COPEI, AD Y URD comprometen su acción y responsabilidad en los términos siguientes:

     a) Defensa de la Constitucionalidad del derecho a gobernar conforme al resultado electoral. Las elecciones determinarán la responsabilidad en el ejercicio de los Poderes Públicos, durante el período constitucional 1959- 1964; intervención de la Fuerza contra las autoridades surgidas de las votaciones es delito contra la patria. Todas las organizaciones políticas están obligadas a actuar en defensa de las autoridades constitucionales en caso de intentarse o producirse un golpe de Estado, aun cuando durante el transcurso de los cinco años las circunstancias de la autonomía que se reservan dichas organizaciones hayan podido colocar a cualquiera de ellas en la oposición legal y democrática al Gobierno. Se declara el cumplimiento de un deber patriótico la resistencia permanente contra cualquier situación de fuerza que pudiese surgir de un hecho subversivo y su colaboración con ella también como delito de lesa patria.

     b) Gobierno de Unidad Nacional. Si bien el ejercicio del Poder por un partido es consecuencia legítima de una mayoría electoral, la suerte de la democracia venezolana y la estabilidad del Estado de derecho entre nosotros imponen convertir la unidad popular defensiva en gobierno unitario cuando menos por tanto tiempo como perduren los factores que amenazan el ensayo republicano iniciado el 23 de enero; el gobierno de Unidad Nacional es el camino para canalizar las energías partidistas y evitar una. oposición sistemática que debilitarla el movimiento democrático. Se deja claramente sentado que ninguna de las organizaciones signatarias aspira ni acepta hegemonía en el Gabinete Ejecutivo, en el cual deben estar representadas las corrientes políticas nacionales y los sectores independientes del país, mediante una leal selección de capacidades.

     c) Programa mínimo común. Para facilitar la cooperación entre las organizaciones políticas durante el proceso electoral y su colaboración en el Gobierno Constitucional los partidos signatarios acuerdan concurrir a dicho proceso sosteniendo un programa mínimo común, cuya ejecución sea el punto de partida de una administración nacional patriótica y del afianzamiento de la democracia como sistema. Dicho programa se redactará por separado, sobre las bases generales, ya convenidas, y se considerará un anexo del presente acuerdo como este programa no excluye el derecho de las organizaciones políticas a defender otros puntos no comprendidos en él, se acuerda para estos casos la norma siguiente: Ningún partido unitario incluirá partido unitario incluirá en su programa particular puntos contrarios a los comunes del programa mínimo y, en todo caso, la discusión pública en los puntos no comunes se mantendrá dentro de los límites de tolerancia y del mutuo respeto a que obligan los intereses superiores de la unidad popular y de la tregua política. 

     4ta El ideal de la unidad como instrumento de lucha contra la tiranía y contra las fuerzas en aptitud de reagruparse para auspiciar otra aventura despótica, sería la selección de un candidato presidencial democrático único, la formación de planchas únicas para los cuerpos colegiados y la formación de un frente único a base de un solo programa integral de Gobierno. En la práctica había evidenciado que diversos factores reales contradicen esa perspectiva Histórica, más, Afortunadamente, hay otros medios idóneos de preservar la Unidad Nacional por consiguiente, lejos de considerar comprometida la unidad por la comprobación de naturales contradicciones interpartidistas que se corresponden con la esencia de la actividad democrática, las organizaciones signatarias después de confrontar sus distintas opiniones entre sí y con las emitidas por voceros independientes autorizados, de la prensa y de otros factores nacionales define:

1) Los requerimientos de la unidad son compatibles con la eventualidad de diversas candidaturas y planchas legislativas.

     2) Para que la presentación de varias candidaturas presidenciales y diversas planchas legislativas pueda verificarse sin menoscabo de la unidad y sin ruptura de la tregua interpartidista, es indispensable fortalecer el sentimiento de común interés patriótico y la tolerancia y mutilo respeto entre las fuerzas unitarias, base de lo cual debe ser la sincera y solemne adhesión de todas las fuerzas democráticas a los puntos contenidos en esta declaración y al espíritu que la anima, tal como hoy se consagra con la firma de este documento.

     3) Para garantizar la tregua política y la tregua política y la convivencia unitaria de las organizaciones democráticas, se crea una Comisión Interpartidista de Unidad encargada de vigilar el cumplimiento de este acuerdo. Dicha Comisión estará encargada de orientar la convivencia interpartidista, de conocer las quejas que se produzcan contra las desviaciones personalistas o sectarias en la campaña electoral y de diligenciar ante cualquiera de los signatarios, y a nombre de todos, la morigeración y control en lo que pudiera comprometer la convivencia democrática.

     5ta Para garantizar que varias postulaciones presidenciales y varias planchas legislativas sean en todo momento expresiones de la voluntad nacional de celebrar elecciones que en definitiva se traduzcan en fortalecimiento de la democracia, se proclama:

     I. Cada organización queda en libertad de sustentar su propio candidato presidencial y sus propias planchas para los cuerpos colegidos dentro del concepto de unidad aquí consagrado y en el sentido de que garanticen la tolerancia mutua durante la campaña y el cumplimiento de los compromisos generales convenidos en esta declaración cualquiera que sea la candidatura o plancha que obtuviera mayor número de votos.

     II. Todos los votos emitidos a favor de las diversas candidaturas democráticas, serán considerados como votos unitarios y la suma de los votos por los distintos colores como una afirmación de la voluntad popular a favor del régimen constitucional y de la consolidación del Estado de derecho.

     III. La postulación de los candidatos presidenciales y de las planchas legislativas es de la responsabilidad de cada partido o coalición. Será el pueblo elector a quien le corresponda calificar con el voto cualquier postulación. Los partidos que suscriben este documento garantizan la adhesión de los principios y normas aquí consagrados de sus respectivos candidatos a la Presidencia de la República.

     IV. Los partidos signatarios se comprometen a realizar una campaña positiva de afirmación de sus candidatos y programas dentro del espíritu de la unidad, evitando planteamientos y discusiones que pueden precipitar la pugna interpartidista, la desviación personalista del debate y divisiones profundas que luego pudieran comprometer la formación del Gobierno de Unidad Nacional.

     V. Después de publicado el resultado oficial de las elecciones, tendrá lugar en Caracas un gran acto popular encargado de ratificar los siguientes principios:

     a) Pública adhesión de todas las organizaciones y candidatos participantes al resultado de las elecciones, como expresión de la soberana voluntad popular.

     b) Ratificación por parte de las organizaciones signatarias de su sincero propósito de respaldar al Gobierno de Unidad Nacional, al cual prestarán leal y democrática colaboración. Consideran las organizaciones signatarias que la adhesión de todas las fuerzas políticas a los principios y puntos fijados en esta declaración es una garantía eficaz para el ejercicio del derecho electoral democrático dentro de un clima de unidad. La cooperación de los organismos profesionales gremiales, cívicos y culturales, de la prensa y de personalidades independientes, con los fines así precisados, consolidarán la convivencia nacional y permitirán el desarrollo de una constitucionalidad estable que tenga en sus bases la sinceridad política, el equilibrio democrático, la honestidad administrativa y la norma institucional que son la esencia de la voluntad patriótica del pueblo venezolano. Como este acuerdo no fija principio o condición contrarios al derecho de las otras organizaciones existentes en el país, y su leal cumplimiento no limita ni condiciona el natural ejercicio por ellas de cuantas facultades pueden y quieren poner al servicio de las altas finalidades perseguidas, se invita a todos los organismos democráticos a respaldar, sin perjuicio de sus concepciones específicas, el esfuerzo comprometido en pro de la celebración del proceso electoral en un clima que demuestre la aptitud de Venezuela para la práctica ordenada y pacífica de la democracia.

Caracas, viernes 31 de octubre de 1958

(Firmado)
Por Unión Republicana Democrática: Jóvito Villalba, Ignacio Luis Arcaya y Manuel López Rivas

(Firmado)
Por Partido Social Cristiano COPEI: Rafael Caldera, Pedro del Corral y Lorenzo Fernández

(Firmado)
Por Acción Democrática: Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y Gonzalo Barrios