“El 29 de abril de 1916, durante la dictadura del general Juan Vicente Gómez, corrió súbitamente un viento fresco de inquietud política y social en la Cámara de Diputados. Es difícil de imaginarlo. Tenía ya el general Gómez más de siete años en el ejercicio del poder y su autoridad se había consolidado. Pero no había muerto totalmente el espíritu parlamentario.

     Aquel 29 de abril ocurrió ante la Cámara un hecho inusitado. Presidía Rafael Cayama Martínez, diputado falconiano, escritor, orador y político, con título de General no emanado de ninguna escuela, sino obtenido en las contingencias político-militares de nuestras frecuentes contiendas intestinas. Y el acto de la sesión menciona escuetamente: “Concedido el derecho de palabra, el diputado Hermoso Tellería hizo uso de él para hablar sobre una ley protectora de obreros, proponiendo . . . que se designe una Comisión de siete miembros nombrados por la Presidencia para que, a la brevedad posible, presente un proyecto de Ley sobre protección de Obreros. El diputado doctor Planchart dio su voto aprobatorio a la proposición de Hermoso Tellería. Puesta en discusión y votada, se aprobó por unanimidad.

     La Presidencia nombró a los diputados Hermoso Tellería, Planchart, Crespo Vivas, Arcaya, Ron Pedrique, Baptista Galindo y Peña para constituir la Comisión a que se refiere la proposición”.

     En aquel mismo año 1916, el ministro de Relaciones Interiores, doctor Pedro Manuel Arcaya, había enviado a las Cámaras un proyecto de Código Civil. Contenía algunas innovaciones, entre ellas el establecimiento de la inquisición de la paternidad ilegítima, la cual alarmó tanto al dictador, ante los comentarios que le hicieron, que motivó la reforma del Código en 1922. 

     Pero el proyecto de Arcaya no innovaba prácticamente nada en materia de relaciones obrero-patronales. El arrendamiento de servicios continuaba rigiéndose, en sustancia, por las normas napoleónicas, las cuales subsistirían en aquel instrumento fundamental hasta la reforma efectuada en 1942. La nueva Ley propuesta por el diputado Hermoso Tellería pretendía que se diera entrada en nuestro derecho positivo al principio de la responsabilidad por accidentes de trabajo.

¿Quién era el proponente?

     Adán Hermoso Tellería era un hombre de 23 años. Usaba el título de Coronel, ganado –como el generalato del Presidente de la Cámara para aquel momento– en nuestra peripecia incivil. Había nacido en Coro en 1892. Era hijo del General Claudio Hermoso Tellería, cuyos dos apellidos usaba –lo mismo que sus hermanos– tal vez para evitar el simbolismo de unir el patronímico paterno y el materno, ya que su señora madre fue doña María Ramos Ramos y no querían que los llamaran los “hermosos ramos” …

     Se graduó de bachiller en Falcón y vino a Caracas a estudiar derecho, pero prefirió la política y entró en ella al estilo de los tiempos. Al lado del general León Jurado participó en alguna acción de nuestras luchas, y peleando salió de acuerdo a la usanza de la época, con el título de Coronel. Fue luego secretario de Gobierno en el Guárico, y muy pronto se le designó Diputado al Congreso, donde, a pesar de su juventud, llegó a estar encargado de la Presidencia de Diputados.

     Debió ser un orador de mucha fibra. De él se cuenta que después de uno de los debates ardorosos sobre la Ley de Protección de Obreros, fue llevado en hombros a la salida de la Cámara hasta su residencia en el Hotel Klindt, situado entonces frente a la Plaza Bolívar. En volumen impreso en la Tipografía Ramírez de Coro, bajo el título “Por Senderos de Justicia”. Hermoso Tellería recogió la historia del proyecto. Y en otro volumen, también impreso en la Tipografía Ramírez y titulado “Labor Parlamentaria”, recogió después una serie de incidencias de su actuación en el Congreso, las cuales emparentan con su proyecto de 1916 la llamada Ley de talleres y Establecimientos Públicos, tímido texto sancionado en 1917 que viene a resultar el corolario de los momentos de tensión vividos en la Cámara de Diputados el año anterior.

     Casó el 31 de mayo de 1919 con una distinguida dama, doña Ana Luisa Centeno Vallenilla. Murió el 5 de enero de 1920, cegado por el paludismo, bajo la forma de una “fiebre económica”. Su hijo, fue un profesional destacado de la medicina, nació a los tres meses de la muerte de Hermoso Tellería.

Dedicatoria obligada: “Al respetado jefe y amigo”

     Curiosa, esta rápida parábola biográfica de un hombre que fue expresión del medio y de las circunstancias, y que, a pesar de no haber llegado a vivir 30 años, dio extraordinarias anotaciones de una inquietud social casi imposible de creer en el momento y características históricas dentro de las cuales le tocó vivir. De ellas –y como indispensable defensa– da testimonio la dedicatoria del librito “Por Senderos de Justicia” al General Juan Vicente Gómez, “respetado jefe y amigo”, buscando hacerlo a su causa o neutralizar por lo menos su posible mala voluntad con las palabras iniciales: “Como sé de los nobles sentimientos que animan a usted por nuestras clases proletarias, a las cuales ha dado siempre su valioso apoyo, era mi anhelo ofrecerle, convertido en ley, el proyecto de Protección Obrera que figura en estas páginas; pero ya que el deseo de mi partidarismo no pudo realizarse, dígnese permitirme que coloque el prestigio de su nombre al frente de este libro en donde encontrará usted las opiniones que fueron emitidas en el seno de la Cámara de Diputados en los numerosos debates del proyecto”.

     Para enfrentar la conmoción que seguramente había causado su actitud, y para hacerse perdonar los aplausos de las barras y la salida en hombros hasta el Hotel Klindt, Hermoso Tellería no tuvo más remedio que añadir: “Tanto los defensores como los adversarios de la Ley, servidores decididos de la gloriosa Causa de Diciembre y leales amigos de usted, no tuvimos en nuestros discursos otros propósitos que los de contribuir de acuerdo con nuestro modo de pensar, a la magnífica obra de progreso que usted realiza con admirable patriotismo”.

Cómo era el proyecto de ley

     El día 17 de mayo la Comisión nombrada presentaba el proyecto. Mucho más habría deseado sin duda el proponente, si nos atenemos a sus palabras en la sesión del 29 de abril: “El asunto de que voy a hablar ha sido detenidamente estudiado por mi colega el diputado Planchart y por mí, fundándonos en leyes análogas que tenemos sobre los pupitres. Me refiero al vacío que hay en la legislación por falta de una ley protectora de los obreros, de esos seres humildes, que, tomando parte importante de todos los actos de la vida progresiva, son las más de las veces extorsionados por propietarios indolentes, que solo aspiran aumentar la fortuna con el sudor de los infelices”. (Aplausos prolongados). “En el mundo entero está reconocido el gremio obrero como una de las columnas más poderosas, y no podía ser de otra manera, puesto que sin el obrero el progreso sería un mito”. (Aplausos). “Sancionemos una ley que ponga a salvo a los que a diario nos sirven y habremos cumplido con nuestros propios sentimientos y con los deseos de nuestros comitentes, contribuyendo así a hacer más fácil la obra de rehabilitación que con admirable patriotismo realiza el benemérito General Juan Vicente Gómez”. (Aplausos)

     Pero, en realidad, se trataba de una modesta ley de reparación de accidentes de trabajo y su límite era bastante prudente: solo era aplicable “a los obreros o empleados cuyo salario anual (subrayado nuestro) no excedía de dos mil bolívares”. Es decir, a los trabajadores que ganaran menos de seis bolívares diarios. Los que ganaban más tendrían la opción de acogerse al derecho común o aceptar las indemnizaciones correspondientes hasta el límite protegido por la Ley.

     Los proyectistas fueron los diputados Adán Hermoso Tellería, Antonio Peña hijo, Raúl Crespo Vivas, Francisco Baptista Galindo, Antonio María Planchart, Camilo Arcaya y M. L. Ron Pedrique.

     El proyecto, a proposición del diputado, general R. Rojas Hernández, fue acogido y mandado a imprimir para estudiarlo y darle la primera discusión. En el discurso de aquel día, 17 de mayo, se citaron como fuentes la legislación alemana de 1883 y 1884, con mención de la inglesa de 1887, de la peruana de 1910, de la argentina de 1915, etc. “En los actuales momentos en que es aceptada por todas las legislaciones del mundo entero la sabia doctrina del riesgo profesional, se impone como una necesidad imperiosa el sancionamiento de esta ley”.

     Hacía justicia el proponente, por cierto, a un trabajo al que todavía no se ha dado en Venezuela debido reconocimiento: el discurso de incorporación a la Academia Nacional de Medicina presentado en 1914 por el doctor H. Rivero Saldivia, que, por cierto, mencionamos en una nota en la segunda edición de nuestro derecho del Trabajo. Hermoso Tellería hizo constatar que aquel distinguido médico (a quien recordamos ya de edad avanzada examinando todavía en la Universidad Central, y quien por cierto ingresó inconcebiblemente, a una actividad gubernamental y ejerció la Secretaría General de Gobierno en el Estado Portuguesa durante la Presidencia del señor Josué Gómez) había dado entusiasta colaboración a los proyectistas, pues según las propias palabras del orador, “sus vastos conocimientos en la materia estuvieron siempre en favor de nuestra humanitaria obra”.

La oposición contra el proyecto

     Pero la alborozada alegría con que fue recibida la modesta iniciativa del diputado Hermoso Tellería y de sus seis compañeros de Comisión se encontró inesperadamente frustrada en la sesión del 25 de mayo.

     Los proponentes se dieron cuenta de aquella situación y trataron de conjurarla mediante un recurso formal: proponer un cambio de nombre a la Ley. El diputado Luis Olavarría Matos propuso que fuese llamada “Ley de Accidentes de Obreros”; el diputado Ron Pedrique propuso: “Ley que trata de los accidentes de trabajo de los obreros”, modificación aceptada por Olavarría; el diputado Hermoso Tellería la modificó, proponiendo este nombre que era, en verdad, más adecuado: “Ley de Responsabilidad por Accidentes de Trabajo”. Todas estas proposiciones fueron votadas. . . y negadas.

     El curso del proyecto durante la sesión parecía estar siguiendo normalmente. Pero en forma inesperada, comenzaron a aparecer razones contra él. Se propuso aplazarlo indefinidamente. El debate se hizo tan ardoroso como no podría uno imaginarlo en un Congreso de la dictadura, y el resultado de la votación fue aplastante: 22 votos porque se difiriera, 12 porque no fuera diferida y 3 en blanco. “En consecuencia”, dice el acta, “se declara diferida indefinidamente la ley de Protección de Obreros”.

     El doctor Antonio María Planchart afirmaba, cuando se veía que ya no iba a haber remedio: “Tengo motivos para sospechar que algo siniestro se prepara contra la ley. Suficiente tiempo han tenido mis honorables colegas para formarse un criterio claro de la ley que discutimos. Todos palpamos las dos corrientes de la Cámara con respecto a la Ley de protección de Obreros. Una que tiende a negarla o a aplazarla indefinidamente, y la otra, de la cual formo parte, por sancionarla”. 

     La afirmación de Planchart era exacta. Dentro de aquella pequeña Cámara, donde el número de miembros presente, según el escrutinio de los votos era apenas de 37, había 22 votos comprometidos a hacer que el proyecto desapareciera.

Los argumentos del rechazo

     Es muy interesante la lectura de los discursos en favor y en contra del proyecto. Se oyó en Venezuela lo que en circunstancias similares se había dicho muchos años atrás en algunos países de Europa. Los argumentos empleados parecerían hoy inconcebibles, si no fuera porque a veces, para enfrentar otras instituciones, se utilizan razonamientos parecidos. Lo que resulta más extraño es que entre los proponentes del diferimiento indefinido el proyecto y entre los más ardorosos opositores del mismo estaban personas que por otros respectos tienen ganados títulos positivos de la ciencia jurídica y de la vida venezolana en general.

     Por esto nos sorprende escuchar al doctor Ramiro Antonio Parra decir: “Es una Ley que se propone un bien, es verdad, pero por un camino cerrado que viola derechos naturales” . . .

“Esa Ley es mala porque impone a los propietarios la obligación de hacer caridad y la caridad es un derecho que tienen los que necesitan de ella”.

     Lamentable confusión, sin duda, entre justicia social y caridad; lamentable idea de lo que son derechos naturales. Pero esta confusión tuvo profundas raíces en la historia del pensamiento y de la vida social de Europa y América.

     A los que hemos leído alguna historia de los orígenes de la legislación del trabajo en Francia e Inglaterra, de los argumentos que se les opusieron desde registros manchesterianos, no nos era desconocida esta argumentación: “Repito lo que dije al principio; que esta Ley se propone hacer un bien pero que hace un mal por el camino que lleva. Esta Ley impone una obligación que ataca directamente la libertad del obrero”.

     Pero no fueron estos los únicos argumentos, sino que hubo otros, también con raíz en la posición manchesteriana europea. Así, por ejemplo, se dice: “Nosotros no necesitamos de esta Ley porque el Código Civil establece cómo se indemnizan los daños que sufra cualquier ciudadano”. (Aplausos).

Los alegatos de los defensores

     Fueron estos mismos argumentos los que dieron lugar a que se afirmaran las razones en favor del proyecto, en las cuales, a pesar de notarse en algunos casos tal vez cierta carencia de más abundante información jurídica, luce un criterio claro del curso que debía tomar más adelante el Derecho del Trabajo. Así, por ejemplo, el diputado Cayama Martínez, orador, literato y general, luce –sin embargo– bien centrado en la argumentación jurídico-social: “Entre los varios argumentos que he oído por aquí –dice– está en primer término el de que esta ley es prematura. Es el eterno argumento de los que, ya se trate de pueblos o individuos se creen siempre débiles para las grandes transformaciones políticas sociales y económicas.” (Aplausos)

“Que no tenemos densidad de obreros” es otro argumento esgrimido por el grupo opositor. Valdría esto tanto como decir que no teniendo un ejército de medio millón de soldados, no existe el soldado, que, no teniendo un poderoso gremio de industriales, no existe el industrial; que, no teniendo cuatro millones de ciudadanos, no existe el ciudadano” (Aplausos)

“Existe el obrero y hay que protegerlo. Yo estaré porque la ley se discuta y así llegar al convencimiento de que ella no es prematura y que de su cumplimiento se derivarán grandes beneficios para el país”. (aplausos) “Causaría una tristeza profunda que mañana se dijera en el seno de la representación de los pueblos, en el seno de la genuina representación de nuestra democracia, se ha rechazado una ley de protección al obrero”.

     El diputado Ron Pedrique se apasiona en la defensa del proyecto. Recuerda la oposición a la Ley de Libertad de los Esclavos y dice, en un momento de inspiración: “Sancionemos esa Ley que unirá más íntimamente esos dos motores del progreso humano que se llaman el capital y el obrero, haciéndolos que se den un abrazo de amor y de caridad sobre un lecho de dolor”. (Grandes aplausos)

     El proponente inicial de la Ley el diputado Hermoso Tellería esgrimió razonamientos de genuino derecho social. Dijo, entre otras cosas: “Es oportuno advertir a mi distinguido contendor que no ignoro que en el Código Civil de todas las naciones civilizadas se ha establecido que el que ocasiona un daño a otro está en el deber de repararlo; pero esa disposición no está de acuerdo con todos los deseos ni al alcance de todas las manos, porque para obtener la indemnización es preciso recurrir al juicio correspondiente, que consume mucho dinero y mucho tiempo, y el obrero necesita de una reparación inmediata, porque se trata nada menos que del pan que le da la vida”.

     Y este otro argumento es también moderno y convincente. “En las grandes empresas industriales, cuando el uso continuo o la acción del tiempo destruye una polea, rompe un eje o inutiliza una válvula, el empresario o dueño repone inmediatamente la pieza descompuesta; y si en este caso no se omiten gastos de ninguna naturaleza, con menos razón deben omitirse cuando se tratan de las piezas de esta otra máquina, más preciosa porque es invalorable: el obrero”. (Aplausos)

     Pero todo fue en vano. El proyecto resultó aplazado indefinidamente.

Nuevos intentos

     Los proponentes, sin embargo, no se dieron fácilmente por derrotados. Y he aquí que surgen los más movidos aspectos de la historia del proyecto. El 26 de mayo, el diputado doctor Rafael Pino Pou, médico de gran reputación, propone el levantamiento de sanción a la proposición del doctor Ramiro Parra, y que siga su curso legal el Proyecto de Ley de Protección Obrera. El diputado doctor Marcial Hernández Salas, toma la iniciativa en contra de la proposición Pino Pou: “Yo voté el diferimiento indefinido de la Ley –dijo– porque no creo que en la práctica produzca los resultados benéficos a que aspira la honorable Comisión que la redactó; antes, por el contrario, le sería altamente perjudicial al mismo gremio que trata de favorecer. ¿Quién será el insensato, nacional o extranjero, que después de publicada esa Ley se atreva a fundar una empresa en el país? ¿Acaso con atemorizar a los capitalistas se fomenta la creación de las empresas? ¿Acaso con ponerle trabas a la fundación de éstas se favorece a los obreros?”

     Y así sigue razonando el orador. Los motivos que invocan suenan iguales a los recogidos en los manuales de la lucha del Derecho Social como recuerdo de los mantenedores de una tradición jurídica individualista. “¿Debemos otorgar al obrero –afirma– el privilegio de atacar leve y sumariamente al dueño de una empresa que si tuvo alguna culpa no fue otra acaso como la imprudencia que cometió al brindarle trabajo en sus talleres? . . . ¿Se quiere efectivamente favorecer a los obreros Díctense en buena hora todas las medidas que la Higiene aconseja para preservarlos de las enfermedades, sobre todo de los lugares malsanos; establézcanse Cajas de Ahorro donde acumule las economías del salario de la semana; hágaseles ver la ,conveniencia de tomar PÓLIZAS DE VIDA para que al morir le dejen asegurado el pan a sus hijos; ciérrese las tabernas desde la tarde del sábado hasta la mañana del lunes para evitarle a los aficionados la tentación del aguardiente y la tentación del juego con todas sus desastrosas consecuencias y ábrase en su lugar, siquiera una hora, la escuela nocturna y la escuela dominical, donde entre otras cosas benéficas, pueda inculcárseles el hábito de la economía”. 

     El Diario de Debates deja constancia de que el orador fue interrumpido numerosas veces por grandes ovaciones. Se aplaudió entusiásticamente, de manera especial el argumento de que debía cerrarse la taberna y de que había de enseñarse en la escuela nocturna y en la escuela dominical a los trabajadores el hábito de la economía.

     El diputado doctor Francisco Ochoa abunda en otra serie de razones, características de la mentalidad del momento: “La creo promotora, como así lo comunique particularmente, porque n nuestro país necesita hoy favorecer las empresas, atraer el capital, traer brazos y si empezamos a poner dificultades de este género, ninguna empresa extranjera ni nacional pensará seriamente en establecerse, ni el capital extranjero vendrá en nuestra ayuda, ni tampoco podrán venir esos brazos que tanta falta nos hacen”. (Grandes aplausos). El orador insiste en que lo que hay que hacer con el obrero es prepararlo, predicarle el ahorro, crearle sociedades de mutuo auxilio, pero que lo contrario es apagar el desarrollo económico.

     Los defensores de la Ley no cejaban en su defensa. El doctor Antonio María Planchart insistía en que los argumentos opuestos eran contradictorios, en que no debía haber motivos para temérsele a la Ley, y agregaba: “Por otra parte, ciudadanos diputados, por el Artículo 249 del Código de Comercio, se impone a las Sociedades Anónima y de Comandita por Acciones repartir anualmente de los beneficios liquidados una cuota de 5% cuando menos para formar un fondo de reserva, el cual no puede ser menos del 10% del capital social, con destino a las necesidades que puedan presentarse, como reparación de máquinas y otras pérdidas, Pues bien, un fondo de reserva pueden aplicárselo también los estatutos de la empresa para indemnizar los accidentes de trabajo”.

“Yo no quiero ni puedo creer que legisladores medrosos quieran hacer de mejor condición a la máquina que al hombre. El hombre inventó la máquina como poderosa aliada, no para hacerla de una clase superior a él, sino como ayuda en las evoluciones infinitas de la producción y del trabajo”. (Grandes aplausos).

     El diputado doctor Ramiro Parra insistió en su actitud. “Nosotros no venimos a legislar con el corazón sino con la cabeza y de acuerdo con los principios del derecho”. (aplausos) “Ayer demostré que esa Ley ataca el derecho de propiedad, ataca a los ricos y ataca también el derecho de libertad de los obreros. Yo no tengo por qué ser enemigo de los peones: Porque soy igual a ellos. Así es que mi oposición no es por tirarle a los peones sino porque no exista una ley mala. A todos los argumentos que hemos hecho los adversarios nos contestan, salen con la caridad y con esto no pueden darle vida. Si esta Cámara aprueba la Ley, yo me prometo solemnemente llevarla ante la Corte Federal para demostrar que es inconstitucional”.

     La amenaza no podía ser más seria. Ello, no obstante, surge nuevos defensores de la Ley. El diputado doctor Luis Olavarría Matos, uno de los abogados que intervinieron en el debate, afirma: “Yo, en verdad, no creo en la inconstitucionalidad de la Ley señalada por el colega. Se ha hablado también en repetidas ocasiones, en el curso del debate surgido sobre este punto, acerca de la derogatoria que hace la Ley, respecto del derecho común. Es bien sabido, y es de principio en materia de legislación de accidentes de trabajo, que es esto precisamente de su esencia”. Afirma que la Ley tiene muchos errores que considera garrafales, y que no tiene una sino muchas modificaciones que proponer. Pero la contraparte está a la ofensiva. El doctor Ochoa, al argumento de la relación entre la máquina y el hombre, se manifiesta mecanista apasionado: “La máquina sustituye al obrero, miles de brazos quedan sin trabajo y sin amparo, y sin embargo, la máquina se impone porque es el resultado del progreso. Los rieles se tensan y la máquina marcha, el tiempo se reduce y el trabajo se centuplica. Este problema ha sido arduo, discutido y es uno de los factores del socialismo”. Y el doctor Parra insiste: “¿Si yo no tengo culpa de un hecho que ha sucedido, cómo se me puede hacer responsable de sus consecuencias?” (Aplausos) Censuraba especialmente la disposición sobre irrenunciabilidad. “De modo que le dan al obrero un derecho del cual no puede disponer. ¿Se ataca o no con esto la libertad del obrero? Si a él le da la gana de trabajar de balde a un amigo, si él no quiere cobrar los daños que ha sufrido, ¿por qué se le obliga a ello? Esta es una disposición atentaroria” (aplausos). Y lo más extraño es que el doctor Olavarría Matos asintió en el argumento y manifestó que era justamente a ese artículo o a esa disposición a la que tenía una de las reformas que pensaba proponer.

     El diputado doctor Fabricio Gabaldón apoya la proposición de diferir para que la Ley sea estudiada mejor. El diputado doctor Juvenal Anzola insiste sobre este argumento: “No veo que sea inminente el problema de nuestros obreros para la urgencia en la aprobación de este Proyecto. Hasta la fecha, lo único que hay, y no con frecuencia, son accidentes de trabajo, los que pueden solucionarse con el Artículo del Código Civil que en este momento se discute en el Senado, y en el cual cabe la protección a los obreros por accidentes y peligros que tengan en las empresas”.

     El diputado Hermoso Tellería reasume el debate con ardor. Sin ser jurista, explica la noción básica de la Ley: “Eso es lo que se llama en la moderna legislación la doctrina del riesgo profesional, reconocida hoy en todos los países del orbe civilizado”. Y apostrofa a la Cámara en térmicos influidos por el apóstrofe de Bolívar en la Sociedad Patriótica: “Que no estábamos adelantados se dijo en estas Cámaras hace más de cincuenta y ocho años, cuando se trataba de abolir la esclavitud”. Lo apoyó el diputado Raúl Crespo Vivas, quien ocupaba ya la Presidencia de la Cámara, y para llover sobre mojado dijo: “Entre los argumentos que se oponen está el muy socorrido y conocido de que no estamos preparados para que esta Ley entre a regir en el país. Pues tampoco, señores, estábamos preparados para proclamar nuestra independencia (aplausos). . . En esta cuestión que se debate, es decir, el contrato de trabajo del obrero, hay algo de aspecto público y mucho de social que debe ser regulado de un modo especial”. E hizo un alegato de mucho efecto al recordar que alguien pretendió que el reglamento sanitario por el cual se obligaba a los dueños de casas a construir servicios higiénicos era contrario al derecho de propiedad, a lo que él invocó que por encima de todas las leyes estaba la salud del pueblo.

     Todavía intervienen esta tarde los diputados Aguilera, Godoy y Cayama Martínez. El general Aguilera, para reforzar la oposición a la Ley: “Aquí no tenemos problema obrero. ¿Para qué abrir campo a las dificultades con la Ley, que dado el medio, sólo servirá a los pica pleitos y a los Jefes Civiles?” (Aplausos)

     El doctor Godoy para presentar en favor de la Ley un argumento muy simpático: “Discutiéndose ésta, de una vez solventaremos esos problemas que sobre la cuestión obrera se han presentado en otros países más adelantados que nosotros, porque entiendo que los tales problemas se presentaron allá, precisamente, por carecer de leyes positivas. Hágase, pues, previsión para cuando tengamos obreros estudiando y discutiendo en gran cantidad esta Ley que sólo comprende los accidentes de trabajo; porque es mucho mejor prever que tener que remediar. He oído decir que no se debe discutir en esos momentos esa Ley, porque lo que necesitamos es que del extranjero nos vengan capitales y brazos. Pues, todo lo contrario, nada más favorable al implantamiento de la Ley, que esa necesidad, puesto que con mayor razón vendrán al país esos brazos que necesitamos cuando sepan que tenemos una Ley que protege el trabajo de los obreros. De esa manera vendrán los capitales al país con mayores garantías, porque garantizado estará el obrero contra las muchas dificultades que en otros países de le presentan”. El general Cayama, ´para insistir en la defensa: “Discutamos la Ley, y si resulta que es mala, que es impracticable, que es prematura, la negaremos, pero al menos habremos cumplido con nuestros deberes de representantes del pueblo, haciendo lo posible en favor del obrero”.

     Lo cierto del caso es que, como podía presumirse, el levantamiento de sanción del diferimiento fue negado.

Todavía un nuevo proyecto

     Los derrotados volvieron a la carga. El día 27 de mayo, es decir, el siguiente del diferimiento anterior, se presenta un “Proyecto de Ley de responsabilidad sobre accidentes de trabajo”. Uno de los firmantes es el diputado Luis Olavarría Matos, quien se menciona en el debate como el “padre adoptivo” de la nueva Ley.

     El debate gira ahora acerca de si se trata de un proyecto nuevo o de si es el mismo, con distinto nombre, caso en el cual no podría presentarse en el mismo año, por disposición reglamentaria. El doctor Parra propone que se nombre una comisión para que informe acerca de si tiene modificaciones esenciales. La comisión se designa y queda integrada por los diputados Trujillo Durán, Ramiro Parra, Antonio María Planchart, Hermoso Tellería, Aguilera, Cayama Martínez y Olavarría Matos.

     El 6 de junio, Hermoso Tellería ataca de nuevo. Hace leer la disposición reglamentaria, según la cual está en mora la Comisión. El doctor Ramiro Parra, quien la presidía, manifestó que por exceso de trabajo no había podido aún llenar su cometido y tomó la iniciativa de que se nombrara una nueva. Esta fue designada y la integraron los diputados Olavarría Matos, Aguilera, Queremel, Crespo Vivas y Gabaldón.

     El 12 de junio, finalmente, pasa a discutirse el informe. El doctor Parra insiste: “Esa ley, como la otra, tiene por base obligar al propietario a pagar al jornalero los daños que sufra sin culpa del propietario. Mientras no se modifique eso no tiene reformas sustanciales y no puede admitirse a discusión”. El informe de la Comisión fue negado. Correspondió a Hermoso Tellería, quien había sido según su propio dicho, “el mesías de la Ley de Protección de Obreros”, la función de pronunciar, también según su propia frase. “la Oración Fúnebre de ese Proyecto”.

     A una distancia de cincuenta años, no se puede negar que sus palabras aparecen dotadas de una profunda veracidad: “derrotados, pero no vencidos por la resistencia tenaz de los oposicionistas” (ruidosos aplausos)–afirmó en tono grandilocuente–, “recojo la bandera de la protección obrera en nombre de mis compañeros y en el mío para ofrendarle a la historia de nuestra vida parlamentaria, a fin de que decida si fueron ellos los errados o si lo fuimos nosotros. . .” (grandes y estrepitosos aplausos que impiden oír la voz del orador)

“Pero por sobre todos los inconvenientes y por sobre todas las oposiciones, esa Ley volverá y vendrá envuelta en el prestigio que le otorga su injusto rechazo. (prolongados aplausos). Así también el sol se reclina majestuoso en el lecho de la tarde para irradiar más bello el romper del alba; la ola coronada de espuma se estrella contra la playa para revivir luego más sonora; el límpido cielo se viste de negro en las tempestades bravías, para engalanarse después con su mejor traje azul”. (Aplausos ruidosos y prolongados)

     Nos podrá sonar romanticón lo del “reclinarse majestuoso del sol sobre el lecho de la tarde”, o lo de la “ola coronada de espumas” y lo de la “tempestad bravía”, pero lo cierto es que el diputado coronel Hermoso Tellería tenía razón en su afirmación fundamental. La Ley volvió. El año siguiente se aprobó un nuevo texto, muy chiquitico y pobre, la “ley de Talleres y Establecimientos Públicos”, pero que envolvía un reconocimiento moral a la razón que asistía a los proyectistas del 1916. Esta Ley fue superada por un ordenamiento más extenso en 1928. Pero, sobre todo, podemos decir que el espíritu contendido en los argumentos y en la lucha inicial del diputado Hermoso Tellería y de sus compañeros, fue recogido 20 años más tarde en la Ley del Trabajo de 1936. Se puede afirmar sin exageración, que es dramática la historia de ese primer proyecto de ley sobre el trabajo en el siglo XX. Que este cincuentenario merece recordarse y que al leer los Diarios de Debates se experimenta una impresión extraña, porque parecería imposible que en aquel ambiente patriarcal, gamonal, de la Venezuela de 1916, se hubiera podido realizar un debate en el cual, frente a los clásicos argumentos manchesterianos que un siglo atrás habían aparecido en los parlamentos de Inglaterra y de Francia, se afirmaron, un tanto envueltos en nebulosidades, pero inspirados por una orientación firme y segura, los argumentos básicos de la teoría del riesgo profesional, y sobre todo, la idea de que era necesario una legislación especial para proteger a los trabajadores en nombre de la justicia y de la necesidad social”.

     “La cárcel de El Obispo, construida a partir de los primeros días de 1926, bajo las órdenes del ingeniero Gustavo Wallis y con sudor y sangre de presos víctimas de Gómez, ha esperado veintidós años que la furia de la piqueta caiga sobre sus gruesas paredes. Porque en 1936 Eleazar López Contreras dijo que, en seguida, después de derruir La Rotunda, caería el castillo del cerro que vigila Nuevo Mundo. No obstante, parece que ningún gobernante ha encontrado martillos mecánicos lo suficientemente apropiados para acabar con el edificio del penal.

     El obispo, nombre que la cárcel robó a la colina, no fue utilizado por Gómez y fue hasta 1936 –después de diez años de construida– cuando López Contreras decidió abrirla para mantener en el interior de los minúsculos calabozos los presos en calidad de “preventivos” y alegaba que “la desaparición de La Rotunda” le hacía utilizar la cárcel del Obispo porque no había otro retén apropiado.

–Ordenaré su demolición cuanto antes.

     Así lo prometió el presidente en 1936. Pero El Obispo continuó guardando presos. Por allí han pasado los hombres más conocidos e importantes de la política nacional: Rómulo Betancourt, Gustavo Machado, Juan Bautista Fuenmayor, Jóvito Villalba, Gonzalo Barrios, Raúl Leoni, Capitán Bonet, Rodolfo José Cárdenas, Martín Rangel y tantos otros.

     Pero fue desde 1949 cuando la sección “A” del penal del Guarataro comenzó a almacenar presos políticos que vivirían por muchos años allí. Martín Rangel, el estudiante de medicina de Tucupita, permaneció allí cuarenta meses en el calabozo denominado “la nevera”, por el frío intenso que allí debían padecer sus ocupantes; Rodolfo Cárdenas vivió dos años y meses en el primer calabozo que se encuentra al entrar, a mano derecha, y que es el más chico; militares como el capitán Bonet; líderes obreros como Cruz Carneiro; líderes estudiantiles como Otaiza, Loyo, Colombani y muchos más; periodistas como Miguel Ángel Capriles, Manuel Trujillo y Andrés Miranda; inocentes como ese moreno popular, quien se hace llamar “el mejor maraquero de Venezuela” y a quien apodan “El Gardel Venezolano”, un total superior a los 10 mil presos políticos, pasó por el estrecho rincón de los treinta y tres cartuchos.

     Los calabozos de El Obispo miden metro y medio por dos y en cada uno durmieron hasta cuatro hombres, porque en la letra “A” casi siempre hubo más de ciento veinte presos. En la planta baja hay diecisiete calabozos y en la superior, dieciséis, todos con frente a un triángulo, lo que hace decir a los recluidos allí:

–Ni siquiera tenemos el consuelo de estar entre cuatro paredes. . .

Aquí solamente hay tres. . .”

     Los presos de la letra “A” en El Obispo, nunca descuidaron la vida política del país. Seguridad Nacional pretendía asegurarse de la inactividad del centenar y medio de hombres allí mantenidos, prohibiendo toda clase de comunicación con el mundo exterior. Martín Rangel, en cuatro años, pudo lograr una sola visita de su mamá.

     No obstante, esta gente siempre luchó contra las injusticias del régimen de Pérez Jiménez. Los cálculos de los ex reclusos políticos de ese penal señalan que solamente un diez por ciento de los hombres que llevaban allí por primera vez eran realmente trabajadores de la clandestinidad, pero al reunirse con los políticos se convertían por lo menos en enemigos del Gobierno.

     Así fue aumentando la oposición y cada preso que lograba salir de El Obispo era una cifra valiosa para el movimiento. Pedro Estrada fabricó su propio centro de reuniones para adiestramiento en el trabajo de oposición.

A fines de mayo adiós a el obispo

     La gobernación del Distrito Federal, por medio de uno de sus voceros, anunció que, a partir de mayo de 1958, comenzará la demolición de la cárcel de El Obispo. Cuando el martillo mecánico caiga sobre los muros y las garitas, habrá desaparecido una de las cárceles que junto con la Rotunda y los edificios de Seguridad Nacional en El Paraíso y la Avenida México, han constituido los centros de injusticias y peligros más grandes de Venezuela”.

     No obstante, pasaría un año para que, efectivamente, la temible cárcel de El Obispo fuera derribada. En enero de 1959, el dirigente político Rafael Caldera, acompañado del entonces presidente de la Junta de Gobierno, Edgar Sanabria, y otros dirigentes, dio el primer picotazo.