Sin duda alguna, uno de los aspectos fundamentales que representó una causa eficiente del desplome del sistema de libertades públicas instaurado a partir de febrero de 1959, del desgaste insalvable de la dirigencia política del país, en lo que al parecer empíricamente reflejan ciclos de aproximadamente cuatro décadas de crisis y recuperación, en el proceso político de continuidad y ruptura que se da en nuestro país, fue haber preterido con eficiencia, prontitud y voluntad política sobre bases consensuales el proceso de reforma del Estado, que venía reclamando la sociedad venezolana, lo cual se intensificó en los últimos los de los de la segunda república liberal democrático.

     La Constitución de 1961 fue la expresión más sublime y acabada del denominado pacto político o consociacional, que representó el Pacto de Puntofijo celebrado por las fuerzas políticas coincidentes en la visión y misión del Estado, en cuanto al régimen democrático que se estaba instaurando, pacto político que si instrumento gracias al compromiso sólido a través de un plan mínimo de gobierno.

     Las expectativas creadas fueron importantes, las bases para la ejecución constitucional comenzaron a ser sólidas, pudo enfrentarse los acechos proveniente de los extremismos de presión política, que se reflejaban en la visión militarista abandonada el 23 de enero de 1958 y los de la izquierda insurgente en Latinoamérica a partir del triunfo de la revolución cubana, que tuvo con importante resonancia, en la fuerza en interna del primer partido nacional y de gobierno -Acción Democrática-; la expresión icónica y obra maestra de la visión política de Rómulo Betancourt, que por cierto recientemente arribó a su octogésimo aniversario de fundada, sismos que irradió a la juventud, a las Fuerzas Armadas Nacionales y sectores empresariales, que percibieron eventuales lesiones de una Estado fuertemente intervencionista, que buscaron soporte en los sectores petroleros norteamericanos afectados por una reforma impositiva, pero que lograron alinearse en apoyo al reciente gobierno con la llamada Carta económica de Mérida.

     Un sistema político, cuya columnata eran las instituciones partidistas, vehículos de comunicación entre el Estado y la sociedad civil, que pronto resultaron insuficientes, pleno de distorsiones y que se convirtieron al poco tiempo en escollos difíciles de solventar para lograr la más eficiente y oportuna funcionalidad institucional.

     Desde el año 1958, comenzó a hablarse de la necesaria reforma de la Administración Pública con ahínco y fuerza importantes en los periodos constitucionales de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni pero que la dinámica de la controversia política no permitió adelantos ni realizaciones significativas.

     No obstante, el resultado tangible, sistémico, de mayor amplitud y extensión fue el informe contentivo de los intensos trabajos realizados entre 1969 y 1972, presentados por la Comisión de Administración Pública, que estuvo a cargo del doctor Allan Brewer Carias, a quien tendremos en estos mismo espacios virtuales el día 11 de noviembre de 2021, en el marco de las actividades conmemorativas del centésimo vigésimo octavo aniversario de la constitución la Cámara de Comercio, Industria y los Servicios -La Cámara de Caracas- matriz de la institución gremial venezolana.

     Estamos convencidos que esté deslave institucional, reduccionismo del espacio de eficacia de los derechos fundamentales, alejado de los corolarios fundamentales del Estado de derecho, que los padres fundadores de la democracia tuvieron presentes y que constituyó su orientación en su accionar político en los difíciles años de la década de los 60, no fue el resultado de la irrupción de algún inesperado o imprevisible.

     Más por el contrario, fue el cansancio acelerado y la miopía de una dirigencia, que al haber asumido las riendas de la conducción del Estado, se vio sobrepasada por una sociedad civil, suerte de clasificación etérea y de conformación de una antípoda, para diferenciar todo aquello que era distinto a la sociedad política y partidista.

     Una situación que derivó en falencias de respuestas inmediatas a sus demandas, pretensiones y legítimos deseos de participar en la toma de decisiones, que le dieran vitalidad a un pilar fundamental como es la democracia representativa, poleas que permiten la actuación de los órganos del Poder Público pero que requería el complemento de la participación de la sociedad civil en el fortalecimiento de las bases consensuales que definían y fortalecían la institucionalidad, qué debieron permitir la consolidación y sustentación del régimen democrático permitiendo la despresurización de las exigencias de índole diversa de la población..

     Surgió de esta manera la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) durante el gobierno del ex presidente Jaime Lusinchi, convirtiéndose inmediatamente esta expresión de instancia consultiva, en una inmensa incomodidad para esa dirigencia política que no entendió y se resistía a dar respuesta pertinente, propia e inherente a las expresiones de cambio del Estado democrático, es decir, en la redefinición de las bases consensuales de su funcionalidad.

     Estamos seguros que de haberse oído, discutido a plenitud por todos los sectores, específicamente, por las élites políticas económicas y sociales del país las propuestas de la COPRE, otra sería nuestra situación.

     La COPRE era el escenario y el derrotero adecuado. No fue una instancia soberbia o excluyente, sino más por el contrario, una instancia de reencuentro, discusión abierta, análisis propicio, debate con seriedad y con prospección en la cual se representaban todas las visiones del país y diferentes posiciones ideológicas.

     La actividad de la COPRE fue encomiable, integrada por comisionados que eran personas de trayectoria reconocida, intelectuales de ideología disímil, comprometidos con el país y preocupados con su devenir, que estuvieron asistidos por de un destacado grupo de profesionales de distintas áreas, que realizaron un trabajo afanoso, de ritmo frenético que fue una cantera enorme y extraordinaria de propuestas, que hubiesen permitido establecer un remozamiento necesario y urgente, pero sobre todo, que suministraban el reforzamiento de la base de sustentación del Estado democrático de derecho, cómo lo evidencian la cantidad de informes, publicaciones y eventos que realizó esta instancia que demostró que el país tiene recursos intelectuales suficientes de valía y que cuando se concita con sistematización, seriedad y compromiso las voluntades del venezolano pueden lograrse cosas extraordinarias.

     No obstante, poco caso se le hizo al trabajo de la COPRE. Una dirigencia desvencijada, a la cual le llegó el lapso de caducidad y siguieron operando, se vieron pronto amenazadas y con el temor de ser sobrepasadas por un movimiento ajeno a los partidos, con mayores condiciones y cualidades de sobrevivencia y entendimiento del Estado. Si hubiesen permitido el espacio y la confluencia entre los distintos factores, se habría brindado la oportunidad de salvar la democracia.

     Por todas estas razones expuestas, en el marco de la existencia y objetivos del Comité de Historia de nuestra institución, que integran destacados investigadores, profesores universitarios e Individuos de Número de la Academia Nacional de la Historia, otra institución centenaria, que nos acompaña y se erige en prestigiosa aliada, lo cual, nos llena de orgullo, nos hace sentir honrados y muy comprometidos, resulta placentero contar entre nosotros al doctor Carlos Blanco, ex presidentes de la COPRE, y luego como resultado de su extraordinaria gestión, y en virtud de la importancia que el ex presidente Carlos Andrés Pérez otorgaba a la necesidad de reformar el Estado, se desempeñó como ministro para la reforma del Estado.

     Carlos Blanco un hombre que amalgamó a los integrantes de la COPRE, entusiasmó a sus asesores, llevó el tema de la reforma del Estado a la palestra de la discusión pública e hizo aflorar a la superficie a actores institucionales, que permanecían al margen del debate de las políticas públicas. Asumió con entereza y gallardía, enfrentando grandes opositores, la responsabilidad que le fuera asignada; se convirtió en un catalizador importante dentro del gobierno de Pérez para lograr y vender la necesidad de esta política pública, que debería ser permanente. La historia demostrará cómo su esfuerzo personal y la institucionalidad que ayudó moldear, hubiese podido defender a la democracia de los acechos que la rodeaban, que luego lograron vencieron y la degradaron.

     Agradezco al doctor Carlos Blanco su presencia, su inmediata y entusiasta aceptación a la invitación que le extendimos hace algunas semanas.

     Finalmente, mi agradecimiento y reconocimiento a la doctora Catalina Banko, incansable colaboradora, que tuvo el tino de escoger el hilo temático inicial del Comité para ir adentrándonos en el estudio y en la sistematización de la historia económica y empresarial venezolana a partir de este hecho significativo histórico cómo fue la actividad de la COPRE.

     En Caracas a los siete días 7 del mes octubre de 2021.

1. La Asociación Venezolana de Derecho Tributario (AVDT) con motivo del dictado de la “Ley Constitucional que crea el impuesto a los grandes patrimonios”[1] por la denominada “Asamblea Nacional Constituyente”, en fecha 18 de julio de 2019, realizó un evento en el cual analizó el pretendido tributo y evidenció sus deficiencias constitucionales y técnicas. En dicho evento, además de denunciar la inconstitucionalidad de la llamada “Ley Constitucional” y la inviabilidad económica de la pretendida exacción, acogió en todos sus términos el pronunciamiento de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en rechazo a dicho “tributo”. 

2. Hoy, después de tres (3) años de la existencia del referido tributo, observamos que se han agudizado las causas jurídicas que generan su inconstitucionalidad, las inconsistencias técnicas del pretendido tributo y las causas económicas que lo hacen inviable. 

3. La inconstitucionalidad que parte del origen y de la conformación de la llamada “Asamblea Nacional Constituyente” conducen a que cualquier acto que emane de ella, incluyendo la pretendida “Ley Constitucional que crea el impuesto a los grandes patrimonios”, sea absolutamente nulo. Adicionalmente, esa “ley” fue dictada en abierta violación al principio de reserva legal, ya que es la Asamblea Nacional (Poder Legislativo) la llamada a dictar las leyes de naturaleza tributaria y no la Asamblea Nacional Constituyente, cuyas funciones debieron estar encaminadas, en todo caso, a redactar una nueva Constitución Nacional. 

4. El establecimiento de un pretendido tributo que no grave manifestaciones ciertas de riqueza de un contribuyente, hace que dicha obligación se convierta en una exacción intolerablemente inconstitucional por confiscatoria y violatoria de la capacidad contributiva. En efecto, en el estado actual del desarrollo de los derechos humanos, resulta inconcebible el pretender que una exacción afecte el derecho de propiedad y la libertad económica, sin haber pasado por una fórmula legislativa y técnica, producto de exámenes y profundos estudios de factibilidad, académicos, económicos y de consulta popular. Sin embargo, esta exacción inconstitucional pretendió hacerse imponer en el sistema normativo y fiscal venezolano de forma sorpresiva, atentando además contra los principios de certeza, seguridad jurídica y de no retroactividad de la ley. 

5. Algunas de las inconsistencias técnicas de la instrumentación normativa de este tributo, que también derivan en su inconstitucionalidad, van desde una indeterminación y una sobrecarga discriminatoria para una categoría de contribuyentes, como son los sujetos pasivos calificados como especiales, en contra del principio de generalidad tributaria; pasando por la deslegalización y también indeterminación de los elementos esenciales del tributo, como son: (i) la base imponible, por pretender confeccionar la misma sobre métodos de valoración poco técnicos, que derivan en una exacción a los activos y no a una manifestación cierta de riqueza, que frustra el mandato de una tributación sobre la verdadera capacidad económica de los contribuyentes y que además quedan a merced del arbitrio y regulación del acreedor y no de la Ley, y (ii) las alícuotas, porque igualmente son variables según lo disponga el sujeto activo de la obligación y no por mandato de la Ley. 

6. De igual forma, este pretendido tributo se inserta de forma desarmonizada a un sistema tributario ya bastante sobredimensionado. No se complementa con el Impuesto sobre la Renta como ocurrió en su momento con el Impuesto a los Activos Empresariales, el cual tenía algunas características similares a este Impuesto a los Grandes Patrimonios. En efecto, se pretende prohibir la deducción de lo pagado para la determinación del Impuesto sobre la Renta y se desconoce totalmente la armonización con otros tributos existentes que contienen disposiciones que regulan el valor de mercado como límite máximo para gravar a los activos, como son el impuesto de donaciones, impuesto de vehículos, impuesto sobre inmuebles urbanos e incluso los tributos pagados en otras jurisdicciones. 

7. Pero, no conforme con lo anterior, este pretendido tributo se impone en el momento de mayor crisis económica por la que el país ha pasado. Venezuela ha sorteado varios años en hiperinflación y una devaluación que han frustrado totalmente las funciones monetarias del bolívar y que han decantado en tres (3) reconversiones monetarias en poco más de una década. En una economía que ha tenido una caída de su producto interno bruto superior al ochenta por ciento (80%) en los últimos cinco años y una crisis migratoria sin precedentes y, como si lo anterior no fuera suficiente, en medio de una crisis sanitaria y económica mundial producida por el Covid-19. Esas circunstancias constituyen razón suficiente no sólo para derogar el referido tributo, sino también para someter a revisión otros tantos vigentes en nuestro ordenamiento, tal como la AVDT lo ha venido señalando en diversas oportunidades, constando la última de ellas en el pronunciamiento de fecha 7 de abril de 2021. 

8. Estas distorsiones y particularmente las relacionadas con el pretendido Impuesto a los Grandes Patrimonios, han sido objeto de análisis y de estudio por parte de la AVDT, lo que ha permitido denunciar -con altos estándares académicos- las distorsiones e inconstitucionalidades antes comentadas, en charlas, conversatorios y, más recientemente, en las XVIII Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario, sobre “Patologías del sistema tributario venezolano”, celebradas en Caracas, en el año 2019, cuya relatoría, ponencias, conclusiones y recomendaciones ratificamos y damos por reproducidas en el presente pronunciamiento y a cuya revisión exhortamos. 

9. Dado que en el próximo mes de noviembre comenzaría la temporada de declaración del pretendido tributo, la AVDT debe nuevamente rechazar la vigencia de una exacción comprobadamente inconstitucional, confiscatoria, poco técnica y a todas luces inconveniente para este momento y ante la deplorable crisis económica que aqueja en el país, siendo más bien imperioso el establecimiento de políticas fiscales destinadas al crecimiento económico y a la atracción de nuevas y mejores inversiones y no generar el efecto contrario al ahuyentar o afectar desproporcionadamente las pocas inversiones ya existentes en nuestro país.

En Caracas, a los 21 días del mes de octubre de 2021

Consejo Directivo de la AVDT

AVDT

Más de 50 años de actividad persistente y entusiasta en la defensa de los valores democráticos y los criterios constitucionales de tributación.

[1] Publicada en la Gaceta Oficial No. 41.667 de fecha 3 de julio de 2019 (reimpresa por “error material” en Gaceta Oficial No. 41.696 de fecha 16 de agosto de 2019),

COMUNICADO DE PRENSA

     La Academia de Ciencias Políticas y Sociales, hace un llamado público sobre la necesidad imperiosa de defender judicialmente ante la Corte Internacional de Justicia los derechos e intereses de Venezuela en el Territorio Esequibo.