Miguel José Sanz (1756-1814) fue un abogado venezolano y uno de los consejeros del general Francisco de Miranda en la fundación de la Sociedad Patriótica que se instalaría en 1810. Fue nombrado junto a Antonio Nicolás Briceño, secretario del congreso de 1811. Vicepresidente de la cámara de representantes en 1812, se opuso a la capitulación de Miranda y fue el primer civil en ocupar la Secretaría de Estado, Guerra y Marina. Con el desplome de la Primera República (1812) pronunció en el congreso su célebre discurso a favor del perdón de los implicados en la rebelión de Valencia. Estuvo preso en el castillo San Felipe de Puerto Cabello. Prisionero tras la caída de la Primera República fue liberado en junio de 1813, por un dictamen de la Real Audiencia. Al llegar triunfante Bolívar a Caracas en agosto del mismo año, Sanz se incorporó de nuevo a la causa republicana, fue uno de los llamados a dictaminar sobre el plan de gobierno provisorio redactado por Francisco Javier Ustariz. En julio de 1814, cuando las fuerzas realistas se acercaban a Caracas, Sanz acompañó la emigración a oriente, y llegó a la isla de Margarita, a instancias del general José Félix Ribas, quien le nombró consejero de guerra, volvió a Tierra Firme y murió el 5 de diciembre de este año en la batalla de Úrica, donde fueron derrotadas las tropas republicanas.

En una crónica redactada por Enrique Bernardo Núñez estableció que el licenciado Miguel José Sanz (1756-1814) había escrito sus Ordenanzas Municipales por decreto de la Real Audiencia, el 25 de junio de 1800, y por comisión expresa del presidente gobernador Guevara Vasconcelos. 

     Las mismas fueron culminadas a finales de octubre de 1802. Constaban de diez libros, divididos en tres partes, con el título “Ordenanzas para el Gobierno y Policía de la Muy Ilustre Ciudad de Santiago de León de Caracas, Cabeza de la Provincia de Venezuela”. Estaban precedidas de un discurso preliminar, donde Sanz expuso el plan general de la obra y sus ideas filosóficas en materia de gobierno. Agregó Núñez que cada uno de los diez libros tenía una presentación o discurso que servían de introducción.

     Aunque estos diez libros se extraviaron, Núñez accedió al contenido de los mismos gracias al informe del Fiscal de su Majestad, Francisco Espejo (1758-1814). Según escribió, Sanz expuso razonamientos respecto a la moral, costumbres, educación, urbanismo, comercio, industrias, sanidad, hospitales, cárceles, moneda, abastos, precios de víveres, pesas y medidas, oficios mecánicos y establecimiento de gremios, conservación de bosques, distribución de las aguas, alumbrado, alquileres de casas, diversiones públicas, entre otras más.

     En el discurso preliminar del libro I explicó un plan y la necesidad de las Ordenanzas para el Gobierno político al interior de la ciudad. A continuación, Núñez expuso ideas desarrolladas por Sanz ante la necesidad de correcciones que le habría propuesto el Ayuntamiento. Desde el seno de éste se consideró que no era preciso expresar que los habitantes de la ciudad vivían sepultados en la barbarie y la rusticidad, y que en virtud de esta circunstancia se les había privado de la felicidad, tal como lo redactó Sanz. Pedía, entonces, se suprimiera esta expresión. Por su lado el Fiscal adujo que no era necesario eliminarla.

     Ante una frase que rezaba: “que congregadas las sociedades civiles después de la creación del hombre, se hizo en ellas fuerte el ambicioso y dominó a los demás que no pudieron resistirle”. El Fiscal adujo que con ella podría creerse que los Soberanos tenían su origen en una ambición primigenia de quienes quisieran serlo y las calificó como “equivocadas y peligrosas”. Espejo razonó que lo más prudente era enseñar a los pueblos que, una vez se constituyeron las sociedades, el poder se había legado a los más virtuosos. De igual manera, el Fiscal no tuvo reparos en defender privilegios, pero dejó asentado que nadie estaba exento de cumplir obligaciones frente a otros dentro de la sociedad. Esto es así porque nadie podía estar fuera del alcance de las reglas administrativas, y fue lo que intentó sostener el redactor de las Ordenanzas.

     Otra de las propuestas de supresión desde el Ayuntamiento, rememoradas por Núñez, tuvo que ver con lo acontecido con la conspiración descubierta el año de 1797. El Fiscal dio la razón al Ayuntamiento porque la “falta de ordenanzas de policía” no fue el motivo del movimiento sedicioso. En este orden de ideas, el Fiscal había argumentado que en los pueblos de “mayor civilización” se presentaban pensamientos de insurrección, adoptados por personas que prometían mejorar su situación por medio de la fortuna. Sin embargo, pidió fuese eliminado para protección de la memoria del futuro.

     El Fiscal, en atención a otro pedimento de supresión propuesto por el Ayuntamiento, “pasa los ojos por el folio 20”. En el mismo se leían las palabras independencia y libertad. Aunque se referían a asuntos administrativos o de policía de la ciudad, exhortó a su eliminación por absolutas y generales. Sanz, por otra parte, agregó que había sido un error haber permitido la extensión de la ciudad más allá de sus linderos. Sugirió que ella debía circunscribirse al terreno entre Catuche y el Caroata. Propuso una división en cuatro cuarteles, dos al norte y dos al sur, subdivididos, a su vez, en arrabales y barrios. A los de la Candelaria y San Juan se debían señalar límites y nombres. El Ayuntamiento desestimó tales divisiones, así como los nombres sugeridos para los cuarteles.

     El Fiscal se pronunció a favor de una nueva demarcación y consideró idónea la que se proponía en las Ordenanzas. En cuanto a los habitantes de los arrabales no tenían motivo de queja, porque se les dejaba en posesión de derechos como vecinos de Caracas, así como de sus habitaciones, tiendas, almacenes, talleres y estancias. Según Núñez, el Fiscal aclaró el pensamiento del suscriptor de las Ordenanzas. Poco importaba que los terrenos de los arrabales fuesen los más aptos para albergar comunidades humanas. La exigencia de dividir algunos cantones era porque representaban una extensión territorial impropia e incómoda.

     Dentro de las Ordenanzas, Sanz propuso un plan de seis escuelas a las que pudieran asistir los niños pertenecientes a todas las castas. El Ayuntamiento se opuso y el Fiscal le dio la razón a este último. En oposición a la propuesta de Sanz se exigía que las seis escuelas se establecieran sólo para niños blancos. Cómo no parecía justo un tipo de privilegio como este, dejaban a la iniciativa individual, tal como venía sucediendo, el de buscar los medios de instrucción para sus hijos. Esto, si encontraban contribuciones para sostenerlas porque los administradores de la ciudad alegaron no contar con arbitrios para tal propósito.

     Entre otras propuestas, las Ordenanzas fijaron la creación de un cargo de médico para la ciudad, el establecimiento de un depósito de harina de trigo y de maíz. También, se pedía limitar el número de esclavos en los hogares donde cumplían labores domésticas. En lo que respecta a los gremios, continúa en su narración Núñez, el Fiscal había mostrado inquietud por la inexistencia de un gremio de barberos. Este, de existir, debía ser cuidadosamente vigilado por la autoridad correspondiente, “así por la función característica de rapar la barba como por lo que en este país le son adyacentes, las de sangrar, sacar muelas, abrir vejigatorios y romper apostemas”, expresó el Fiscal Espejo.

     Hubo la propuesta de reducir las ventanas “voladas”, mientras en las nuevas edificaciones las ventanas que dan a la calle debían cubrirse con rejas embutidas. Los miembros del Ayuntamiento dijeron no a estas previsiones, sostuvieron sus argumentos a favor de las ventanas voladas porque en Madrid y otros lugares de la Metrópoli las había también. El Fiscal se encargó de desacreditar estas opiniones y calificó este razonamiento de insulso.

     Destacó Núñez otra de las previsiones configurada por Sanz en lo atinente a la embriaguez de algunos vecinos y el trato legal con los que debían ser penados. El Fiscal añadió la necesidad de castigar a quienes provocaban escándalos por la embriaguez. Pidió para quienes incurrían en ella el castigo público. Agregó que las pulperías y los propietarios cercanos al lugar de bullicios incitados por contaminación etílica, serían también responsables de lo que las borracheras públicas provocaban. Sin embargo, el Fiscal llegó a la resolución según la cual se le impondría multa o prisión al pulpero en cuya casa se pudiera comprobar que el infractor se había embriagado. En otros capítulos se hizo referencia a los juegos de pelota y otras actividades de diversión, como el de los baños en el río Guayre, los paseos públicos, del Coliseo en que se escenificaban comedias y otras piezas.

     Núñez dio término a esta reseña al señalar que el Fiscal había culminado su informe con dos “golpes de pluma” contra el Ayuntamiento. Como el Cabildo comprobó que, en el discurso preliminar redactado por Sanz, no se ofrecía una noticia exacta acerca de la creación del Ayuntamiento, sus privilegios y prerrogativas, “y a pesar de ello nada dice sobre este particular”, recomendó a la Audiencia solicitar los datos correspondientes para incluirlos en las Ordenanzas en un plazo no mayor de treinta días. De igual manera, como hubo la negación de escuchar al autor de ellas, lo que se tenía como un derecho de cualquier persona perteneciente al pueblo que lo estaba haciendo de modo pacífico y honesto, “y se trata de un abogado de talento y luces distinguidas entre los de su Colegio, investido además con el empleo de Asesor del Real Consulado, y su obra es el fruto de los mayores desvelos, de una inmensa lectura y de imponderable trabajo”, era pertinente escuchar sus alegatos. Sustentado en estos razonamientos el Fiscal alentó a la Audiencia a recibirle en sus estrados y que en ellos se le atendiera en acto público, a puertas abiertas, “y se recomiende a Su Majestad el singular mérito que ha contraído”. Núñez cerró este escrito rememorando que el Fiscal consideraba al Cabildo con competencias sólo económicas y ejecutivas en los casos de su exiguo conocimiento en otros asuntos. En palabras de Enrique Bernardo Núñez: “Estas Ordenanzas valieron a Sanz entre sus contemporáneos el título de Licurgo venezolano”.

     La reseña que me sirvió de base para este escrito no sólo se puede precisar en un ámbito jurídico y legal. Es preciso leer las Ordenanzas en un marco en el que era imprescindible establecer normas de funcionalidad social. También, ofrece la oportunidad de apreciar los valores presentes en una época que muchas veces iban a contracorriente de hábitos inveterados. Esta disposición, a su vez, permite al analista de hoy adentrarse en la mentalidad, o mentalidades, de un momento de la historia de Venezuela. Resulta, pues, un valioso testimonio de un investigador de la historia que no tuvo remilgos para considerar actos cotidianos en una historia totalizadora, frente a lo que aún predomina como historia política.

     Quizá por comodidad o por desconocimiento se ha optado por puntos de referencia arbitrarios y fuera de toda lógica basada en inscripciones administrativas.

     Todavía resulta común que la referencia por números, cuando existe, se duplique entre edificaciones distintas. Para sortear este entuerto se ha procedido a agregar letras a casas residenciales y comerciales. Esto parece facilitar la ubicación de edificaciones entre las manzanas que dividen la ciudad. Se ha preferido colocar nombres de diversa procedencia a las distintas construcciones que se han levantado en Caracas. Por tal motivo, el nombre de las esquinas aparece como la solución para la ubicación de variados inmuebles asentados en la ciudad. Por eso lo examinado por Núñez, acerca del origen del nombre de algunas esquinas de Caracas, adquirió importancia histórica.

     Para el año señalado se procedió al empedrado de tres de las largas calles que atravesaban la ciudad de norte a sur con ruta hacia el Guayre. Eran calles al margen de los asientos de algunos encomenderos y cuyas casas contaban con grandes solares, como fue usual durante el Antiguo Régimen. Eran correderas de grandes pendientes y que aún para el año 1884 se hacían trabajos para rebajarlas como en la Avenida Norte o Calle Carabobo, “y cuando todavía hoy, sobre todo las de Cristóbal Mexía y Lázaro Vásquez, arrastran bastante agua”.

     Según relató, frente al Convento, del lado oeste, en la cuadra de Nuestra Señora de Chiquinquirá, entre San Jacinto y Traposos, fue el lugar en que se levantó la casa de los Bolívar, “donde debía nacer Simón Bolívar, tercero de este nombre, mejor conocido por el Libertador”. Núñez anotó que, el día 26 de marzo de 1812, el coronel Simón Bolívar, quien habitaba en la casa de las Gradillas, testada por un Aristiguieta, interrumpió al prelado Felipe Mota, quien comunicaba en la plaza que el terremoto de ese año era castigo divino por los pecados de los habitantes de la comarca, entre ellos, “la rebelión contra su rey y señor natural”.

     En su narración dejó estampado que, tanto el convento como la iglesia “era de paja”. Para 1608 los dominicos solicitaron se les entregara la ermita de San Sebastián y San Mauricio, que era de teja, para oficiar los santos sacramentos. Esta petición no fue satisfecha, en cambio, se les concedió dos solares, con la condición que uno de ellos fuese destinado a la plaza del convento. Años después, los regidores de la ciudad ordenaron que uno de los solares fuese reservado a la construcción de una plaza, para mayor magnificencia de la iglesia. Según Núñez, los linderos de este terreno eran como sigue: de un lado, calle real en el centro, con un solar del capitán José Serrano Pimentel, a los otros lados, con casas y solar de los herederos del capitán Pedro Navarro Villavicencio.

     Durante este tiempo, en San Jacinto se había extendido el barrio del Rosario. Los frailes de San Jacinto conservaban un tejar y una tenería, en una porción de territorio cedidos a Diego Vásquez de Escobedo, con esclavos en su beneficio. Años después, el procurador Antonio de Mendoza introdujo una queja contra los frailes, quienes, con el subterfugio de construir sementeras, se prestaban para recibir personas libres y a esclavos que escondían a otros esclavos fugitivos y mataban los animales que en ellas se introducían. Recordó Núñez que, el sitio conocido como Tejar estuvo bajo la administración de los frailes hasta 1809, cuando el gobernador Vicente Emparan y Orbe, luego de varios litigios, “lo rescató para construir una carnicería”.

     Durante 1809, tiempo después de haber llegado Emparan, la plaza fue siendo ocupada por quienes hacían vida en el mercado que, apenas iniciaba la instalación de puestos de ventas. Por supuesto, los clérigos no vieron con buenos ojos esta ocupación. Los oficios propios de la iglesia se veían perturbados por la gritería y vocerío de los vendedores en la plaza. En ésta la aglomeración de personas, junto con la combinación de bestias de carga y carruajes presentaban un aspecto que desagradaba a los representantes eclesiásticos y a la feligresía. 

     A esto se agregaba la “servidumbre de agua” y lo que conllevaba el uso personal y colectivo que se hacía de la misma y del vital líquido. De acuerdo con Núñez, lo que más repulsión causaba a los reverendos eran los tarantines de madera que se habían instalado en la plaza.

     En la protesta suscrita por el padre Juan José de Isaza expresó que, en estas casuchas de madera, además de ser obra y figuración de un pensamiento diabólico, eran escenario de actos que antes de su instalación resultaba muy difícil practicarlos. Esto lo ejemplificó al recordar que en ellas se cometían robos, servían para la embriaguez. De igual manera, para que ociosos dedicaran su pensamiento al morbo, pecados y para pactos impuros y plagados de libertinaje.

     Los terrenos ocupados por la plaza eran de utilidad pública y pertenecían a la ciudad. Por medio de los legisladores del Cabildo, se tomó una resolución para establecer un espacio de separación entre los vendedores y la casa de los sagrados oficios. Para ello el alarife de la ciudad Juan Basilio Piñango, inició el levantamiento del presupuesto para hacer las reformas estructurales que se requerían. En la esquina denominada San Jacinto se levantó una edificación que, en 1824, se quiso destinar para prisión de deudores y reos de delitos leves.

     El inmueble del convento de San Jacinto tuvo, luego de 1828, destinos distintos. Rememoró Núñez que, justo en este año la edificación se había reservado a la municipalidad, mientras una parte se destinó para una cárcel. Desaparecidos los conventos de hombres, de acuerdo con la ley del 23 de febrero de 1837, el edificio anejo a las rentas de la universidad se destinó a Casa de Beneficencia y cárcel pública. Hacia 1865 se utilizó como mercado central. Más adelante sería derribado y con ello muchos deudos se llevaron las osamentas que reposaban en las naves del templo. El mercado que se construyó en este lugar fue levantado en 1896. Su construcción estuvo bajo la supervisión del ingeniero Juan Hurtado Manrique, la inversión la inversión consignada para ello alcanzó los 187.000 bolívares y el material de hierro utilizado fue importado de Bélgica.

     Núñez, sin lugar a dudas, se destacó por ser un gran cronista. Ello porque supo aprovechar sus conocimientos historiográficos con una forma muy propia de narrar. Por tal motivo, al leer su examen acerca de los nombres adjudicados a algunos lugares de la ciudad los asoció con acontecimientos religiosos, sociales y políticos con los que dio vigor a sus razonamientos. Esto se evidencia al momento de hacer referencia a situaciones relacionadas con la plaza San Jacinto. Así, en el relato que vengo reseñando, agregó que en la cárcel de San Jacinto había estado como reo Antonio Leocadio Guzmán quien había sido condenado a muerte por actos considerados, por las autoridades, sediciosos, perniciosos y antisociales en el año de 1846.

     En este orden de ideas, anotó Núñez que uno de los cabecillas de la sedición adjudicada a Guzmán, Juan Flores, llamado Calvareño, sería ajusticiado en la plaza San Jacinto el 23 de diciembre de 1846. Rememoró Núñez que la prensa de la época se hizo eco de la noticia sin disimular su perplejidad ante la dureza de la sentencia para con unos, mientras para con otros las sanciones o penas hubiesen sido menos rigurosas en clara alusión al sentenciado Guzmán. También, pedía a los magistrados que tomaran decisiones que evitaran futuros trastornos, también en alusión al caso Guzmán. Núñez reprodujo algunos pormenores que giraron alrededor de la ejecución de Calvareño basado en lo escrito por Ramón Montes.

     En su transcripción recordó que el día de la ejecución había una tarde soleada. A un lado del templo se colocó el banquillo. Al mediodía se hizo sonar un redoble de tambor. El prisionero fue conducido por dos sacerdotes y en compañía de una escolta. Al disparar los fusileros, los mirones corrieron despavoridos. En cuanto a Guzmán, es harto sabido, que le fue conmutada la pena de muerte por parte del presidente de la república, José Tadeo Monagas, a cambio del destierro perpetuo. Condena esta última que no cumpliría gracias a las complicidades entre actores de la política y la denominada justicia venezolana.

     El cronista culminó al recordar que la plaza San Jacinto pasó a denominarse “El Venezolano”. Para el momento de escribir la crónica recordó que en ella se había erigido, por mandato del Congreso el 25 de abril de 1882, una imagen de Antonio Leocadio Guzmán. Aunque la estatua del tribuno liberal fue derribada, junto con la de su hijo, Antonio Guzmán Blanco, en una turbamulta suscitada el 26 de octubre de 1889. Rojas Paúl mandó que la réplica se repusiera, aunque sería en tiempos de Joaquín Crespo que se logró reponer en 1894.

     Respecto a la casa de Bolívar concluyó con estas palabras: “la casa de Bolívar está cerrada”. Según sus propios términos, su fachada estaba cubierta con mármol. En 1806, Juan Vicente Bolívar vendió la casa de San Jacinto a Juan de la Madriz, para comprar a Chirgua, que luego vino a constituir el patrimonio de su prole. Don Juan da la Madriz ofreció un banquete, siendo Bolívar presidente de Colombia, en 1827. En 1783 era una casa grande y sin lujos, con un patio principal de arcos, como el de las casas principales de aquellos tiempos, enrejados de hierro y de madera, con pavimentos de laja, ladrillos o de huesos pulidos por el uso. Casa de hidalgos ricos, anotó Núñez, espaciosa y confortable. En ella había vivido el gobernador y capitán general Felipe Ramírez Estenoz.

     El reloj de sol, grabado en 1803, que había estado en la puerta del mercado y antes a la entrada del convento fue desmontado, al igual que la estatua de “El Venezolano”, cuando fue demolido el edificio del Mercado Central o de San Jacinto.

     Sin duda, Núñez supo dar vida a los nombres de las esquinas del antiguo damero inaugurado por Diego de Losada durante los primigenios momentos de la conquista, colonización y evangelización ibéricas. Las esquinas de Caracas continúan siendo en la actualidad testimonio de acontecimientos, eventos y situaciones que han marcado la historia nacional.

     Claro está, esto solo ha sido la clave del éxito de esta importante industria venezolana cien por cien, que con el aroma y el sabor exquisito de su maravilloso producto, nos reconforta el espíritu y nos hace recordar otros tiempos menos agitados, cuando no se conocía la televisión, ni se congestionaba el tránsito ni los papanatas obstruían las aceras tratando de localizar a los platillos voladores. Entonces la vida era más tranquila y el hombre podía darle rienda suelta al entendimiento estimulado por un sorbo de café, ese néctar delicioso que actualmente nos resulta imposible saborear.

     La consolidación económica de la referida empresa y el hecho mismo de que hoy en día al decir “El Peñón” no recordemos por asociación de ideas a Gibraltar, sino el mejor café de América, se debe, indiscutiblemente, a la férrea voluntad, a la extraordinaria capacidad de trabajo y a la acrisolada honradez del señor L. N. Díaz García, factor principal de la firma, quien al crear esta fuente segura de trabajo para muchos venezolanos se ha consagrado por entero a ella, dándole la más perfecta organización cosa que le ha permitido elevar, de un modo progresivo, su capacidad de producción y aumentar al mismo tiempo su prestigio que en la actualidad traspasa nuestra fronteras y recorre a Europa en misión amistosa, haciendo alarde de embajador sin “placet” de Venezuela, imponiendo la diplomacia del aroma y del buen gusto, porque es digno decirlo aquí, el café “El Peñón” no se consume solamente en nuestro país. Pese al serio inconveniente que ha surgido últimamente con el encarecimiento de la materia prima, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, la empresa continúa exportándolo en cantidades considerables a Curazao y a Europa.

     La demanda del producto determinada por su magnífica calidad, crece aceleradamente y no se limita ya a nuestra demarcación geográfica, sino que trasciende allende los mares y sería inconsecuencia por parte de la empresa no responder a esos requerimientos.

     Hay que destacar, también, que la industria “El Peñón” contribuye al incremento agrícola nacional, al utilizar como materia prima el mejor café que se produce en nuestro campo.

     Otro factor de progreso que ha incluido de manera tangible en el crecimiento admirable que ha alcanzado esta prestigiosa industria, ha sido la perfecta armonía que ha imperado en las relaciones obrero-patronales, producto del trato justo y de la buena remuneración al trabajador. La empresa no ha escatimado gastos para brindarle a su personal todas las facilidades que caracterizan a una industria moderna.

     Estas son a grandes rasgos, las características de la conocida industria café “El Peñón”, considerada como una de las principales en el ramo de la torrefacción de café en el país.

     En sus inicios se hizo famoso el slogan publicitario de la empresa: Tinto, con leche o marrón, más sabroso es El Peñón. Posteriormente, la frase fue modificada: Negrito, con leche o marrón, más sabroso es café El Peñón

Fuente consultada: Comercio e Industria. Caracas, número 98, 1954; Págs. 38-39

     Este historiador venezolano argumentó que un conjunto de circunstancias y condiciones, en cuanto al abastecimiento de las tropas realistas o republicanas, fueron compartidas por los contendientes en la querella armada. Por eso aseveró que era dable hablar, de manera determinante, acerca de la capacidad potencial de un territorio para alimentar y proveer a un grupo humano sumergido en condiciones específicas de dificultad, en conjunto con la desorganización de los canales de comunicación vial, de medios de transporte casi inexistentes, un intercambio comercial esmirriado, concentración de población desplazada y de tropas en lugares relativamente fijos o limitados. A esto se sumaba un “factor condicionante de orden general” al cual Carrera asoció con la práctica del saqueo y el pillaje: el denominado bandolerismo.

     Anotó Carrera algunos casos cuando, apenas se inició el conflicto bélico en 1814, ya había escasez y dificultades para el abastecimiento. Aunque la guerra fue el factor para determinar tales circunstancias con ella o como parte de ella, se presentó la necesidad de “salar” burros y mulas que se acompañaron de un maíz que se pudo recolectar. Con tal consumo se logró subsistir por unos días, de acuerdo con el texto citado por Carrera. Este mismo autor rememoró que, apenas Bolívar y los suyos ocuparon Caracas, se presentó una situación de agotamiento de recursos el que ya había adquirido rasgos generales en el país. Para ejemplificar tal situación recordó una acción administrativa, protagonizada por el Director General de Rentas ante la Junta de Diezmos, para que se distribuyeran los caudales de esta última y así disminuir el déficit que venía arrastrando el Erario.

     La respuesta a este requerimiento muestra el carácter de las carencias en la que se hallaba Caracas y sus adyacencias. En una comunicación emitida por el Director de Rentas éste expresó que no había recursos en caja para cumplir requerimientos, como el solicitado por un oficial del ejército para dar satisfacción a demandas de la tropa. Esto se debía a las dificultades que existían para llevar a cabo las cobranzas y por la falta de numerario provenientes de tributos por cobrar. En fin, por efectos del mismo conflicto la circulación de bienes se encontraba restringida, junto con ello la dificultad de acumular tributos en una realidad deficitaria y que, todavía, arrastraba secuelas del terremoto de 1812. Lo ensayado en la Segunda República se vio empañado por una realidad económica adversa y la agravación de la situación de miseria de los pueblos. La guerra absorbía los escasos recursos existentes y los agravaba por la creciente presión a la que estaba sometida la economía venezolana bajo el marco de un enfrentamiento bélico.

     La presentación de expedientes y requerimientos de la época permiten concluir que la crisis no era superable con simples fórmulas administrativas, políticas o militares. El problema de mayor gravedad era que no había espacio de donde extraer recursos. Así sucedía en Valencia, como en la guarnición de Caracas donde, para mediados de 1814, sólo se suministraba pescado seco el cual era trasladado desde el oriente del país, debido al agotamiento de la carne de ganado procedente de los valles de Aragua y de los Llanos. Carrera mostró la existencia de testimonios que evidencian el empobrecimiento del territorio en el centro del país. Se sabe que la provincia de Caracas y espacios colindantes eran de gran interés para los ejércitos en pugna, no sólo por ser un lugar estratégico, cercano al mar, sino por ser sede administrativa y de recursos económicos. Además, la densidad poblacional se concentraba en ella lo que resultaba un atractivo para el intercambio y circulación de bienes.

     La capital del país, sin embargo, transitaba por distintas dificultades de distinto orden al igual que Caucagua, Villa de Cura, Ocumare, Calabozo, Maracaibo y Barinas. En lo referente a Caracas, Carrera destacó al auge que había logrado alcanzar la reacción realista luego del ensayo de la Segunda República, con lo que cortó toda forma de comunicación con otros lugares del país. Subrayó que, en distintas comunicaciones oficiales, dadas a conocer en esta época se exigía que quienes poseían bienes debían cederlos a las fuerzas republicanas para enfrentar a los auspiciantes de la Monarquía.

     Otro elemento que se añadió a estas dificultades fue la llegada de pobladores de otros pueblos a Caracas, quienes huían del hambre y la miseria de sus lugares de origen. Aunque también se presentaron dificultades por la disminución demográfica de Caracas, debido a las personas que huían del conflicto bélico. Para ambas situaciones, hacia 1814, hubo señalamientos de la importancia que significaron en lo referente a la obtención de recursos. Al pedimento que se hacía desde otras provincias el Director General de Rentas respondió, para marzo de 1814, los contratiempos que había acarreado la llegada de personas provenientes de otros lugares del país, porque había grandes dificultades para obtener recursos y que lo que alcanzaba llegar a Caracas provenía del oriente del país y de alguno que otro buque extranjero.

     Carrera afirmó que lo mencionado acerca de la realidad social, en especial entre 1812 y 1814, mostraba signos heredados de una estructura económica constituida durante la época colonial. Señaló asimismo aspectos estrechamente vinculados con una estructuración histórica de larga data. Entre ellos destacó el escaso rendimiento de la mano de obra esclava, la preferencia de dedicar las tierras con mayores potencialidades, en especial las ubicadas en el centro del territorio nacional, a frutos sólo para la exportación. Hábitos que se habían trocado en costumbre pasaban ahora factura, los requerimientos alimenticios que provenían del exterior y que bien pudieron haber sido producidos en Venezuela no eran de fácil adquisición a la luz del conflicto bélico. Esta situación obligaba a los ejércitos a una movilización constante y hacía dificultosa la estadía prolongada en algunas zonas.

     Lo cierto de todo esto es que, la guerra debía desarrollarse en este esmirriado contexto, es decir de escasez y desquiciamiento económico. Carrera recalcó los esfuerzos realizados para proveer las tropas, equipar los soldados y pagarlos. Es dable pensar que para ello era necesario conseguir recursos a todo trance y de manera urgente. Lo prolongado del conflicto y sus secuelas destructivas, “precipitaron y agravaron el agotamiento de los recursos”. Con las constantes incursiones y ocupaciones del territorio central del país, durante el período de 1812 y 1814, obligaron a la población de esta región a exigencias abrumantes. No sólo había un problema grave con la situación económica sino el de la organización política y administrativa. “En suma, se creaba una situación en la cual la ineficacia de los medios legales y ordenados para hacerle frente, imponía la necesidad de los medios arbitrarios y violentos”.

     Ante esta coyuntura la historiografía venezolana se ha mostrado por medio de la ambivalencia entre intereses e ideales, en lo que respecta a los protagonistas armados. La historia patria y nacionalista ha asociado las acciones de los seguidores del rey sólo con intereses, mientras para las acciones de los patriotas se ha hecho referencia a ideales de libertad. En este sentido, Carrera añadió que el problema, para el historiador, no era la elección entre un “pillaje censurable” y “reivindicaciones populares”, “como lo ha creído ingenuamente cierta historiografía reciente que, llevada a su sentido revolucionario, ha incurrido en el exceso de juzgar el hecho por la condición del testigo”. Esta disposición es algo así como que la historia me interesa para mostrar sólo lo que el perverso español intentó someter al expoliado americano. Sin duda, una fuerte disposición que sirve más para propósitos contemporáneos que para el revisionismo histórico.

     Carrera enfrentó esta forma de estudiar el pasado al agregar que, de manera automática se declarara “revolucionario” todo hecho popular calificado negativamente por testigos e historiadores imbuidos de sentimientos e ideas antipopulares, en cualquiera de sus versiones, realista o patriota. Así, el saqueo y el pillaje, también los asesinatos y actos de crueldad florecidos del delirio o deseos de botín, se quieren hacer ver como actos propios de grupos revolucionarios o de reivindicación popular, “aunque tosca y embrionariamente expresados”. Está en lo cierto Carrera cuando afirmó que detrás de estas versiones de la historia se esconden aviesas intenciones. De gran importancia son estos señalamientos porque en la actualidad, casi sesenta años después de este estudio acerca de las condiciones socioeconómicas de la guerra de Independencia, la asociación del pillaje y el saqueo con el movimiento popular y revolucionario resultan ser muy familiares y, además de indicar la tendencia política que los reivindica como forma de legitimidad.

     En términos generales, Carrera llegó a reivindicar su examen alrededor del saqueo entendido de manera amplia como apropiación violenta o arbitraria de recursos de todo orden, con propósitos especialmente militares, al poner de relieve uno de los rasgos más resaltantes, por consistencia y reiteración, de la guerra de emancipación. El autor advirtió que no era fácil diferenciar de modo ostensible los casos de pillaje frente a los de saqueo. A lo que agregó que no había separación entre el empleo de botín de guerra para la subsistencia y aprovisionamiento del vencedor y el mero pillaje llevado a cabo por un soldado, a cuando lo conseguido se destinara para el pago de necesidades de vestimenta, alimentación o adquisición de armas o a hacer uso de medios poco éticos, en tiempos de conflicto, para satisfacer estas necesidades.

     A esta dramática situación se debe agregar el bandolerismo que se presentaba en estos territorios incluso antes de las acciones de Boves. Con la guerra se introdujo una visión acerca del bandolerismo tradicional muy cercana a la confusión. En efecto, los elementos de desconcierto se agregaron con la amplitud que entre 1812 y 1814 adquirió un fenómeno social conocido bajo la denominación bandolerismo, “y con la imprecisión en el uso de ese término, fruto de razones políticas obvias”. Carrera mostró cómo este fenómeno social, tal como lo denominó en su narración, se había presentado durante los tiempos de la Primera República, así como en la Segunda República, con la secuela de perjuicios causados por afanes de venganza, ante una situación de exclusión, proveniente de la época colonial y que los primeros patricios no lograron superar.

     Sin embargo, Carrera advirtió que el uso del calificativo “bandolero” fue utilizado de manera laxa y escaso rigor en lo concerniente a su connotación. Como ejemplo, citó una nota publicada el 27 de diciembre de 1813, en la Gaceta de Caracas, donde se describieron algunas acciones, en los llanos venezolanos, al describir como bandoleros a todo saqueador e incluso ladrones comunes que aprovecharon el desconcierto a favor suyo. Destacó Carrera algunos factores de desconcierto con respecto al bandolerismo como categoría y hecho histórico, ello, sin dejar de advertir, que fue un fenómeno generalizado en el país sin que se pueda asegurar que correspondió al bando realista. El adjetivo bandolero se utilizó indistintamente entre los representantes o simpatizantes de los grupos políticos en pugna. Se debe tener presente que el bandolerismo es una expresión propia de momentos conflictivos que, en territorio venezolano, entre 1812 y 1814, adquirió carácter de amenaza y riesgo para monárquicos y para republicanos.

     Carrera anotó que a Cajigal y a Ceballos se les recordaba por haber mostrado su desacuerdo con estas prácticas. Bajo este marco, mencionó el testimonio de José de Austria quien expresó que Ceballos, a pesar de mostrar oposición a los intentos de Independencia, no debía ser confundido con otros jefes del bando del rey que acompañaban sus operaciones con el pillaje, el asesinato y la quema de ciudades porque él trataba de evitarlos. Carrera no se detuvo en estos testimonios que podrían ser considerados de dudoso convencimiento por la parcialidad evidente mostrada por sus redactores. Más bien, agregó otros como los de Heredia, Urquinaona y Cajigal quienes a lo largo de la contienda no dejaron de expresar su disgusto y molestia con una práctica generalizada entre los contendientes.

     Lo relatado por Carrera y las evidencias que le sirvieron de base no parecen dejar dudas respecto a que el saqueo fue ejercido por parte de los jefes realistas, tanto en los llanos como en Occidente, al menos durante 1813 y 1814. Sin embargo, este historiador venezolano subrayó que las consideraciones acerca del saqueo no eran viables si se adopta la tesis de acuerdo con la cual se trató sólo de una apropiación violenta e inmediata, por

parte de un soldado, de todo lo que encontraba a su paso. Agregó que era necesario comprender este fenómeno en toda su amplitud. En consecuencia, resultaba indispensable ampliar la noción de saqueo hasta incluir los actos genéricamente denominados exacciones. Exacciones, bajo coerción, que formaron parte también de la arbitrariedad y la violencia. “Así, bien sea asumiendo formas ostensibles, bien sea disimulándose en las exacciones, el saqueo de la población civil fue una práctica continua de los jefes realistas”.

     En este contexto Carrera recordó que, a las formas ostensibles de saqueo, no sólo se debía tener en mente las que practicó Boves. A ellas se deberían sumar las que constituyeron procedimiento corriente entre los ejércitos en pugna, y las que de forma primitiva y brutal acometieron los esclavos en defensa de la causa del rey desde los tiempos de la Primera República. Igualmente, asumir la existencia de variados testimonios que, “aún cediéndole lo suyo a la mentalidad racista y esclavista de los testigos, revelan una realidad”. Hechos atroces como los cometidos en Caucagua, Curiepe y Guatire en tiempos de la Primera República, se repitieron en la Segunda República cuando los esclavos volvieron a cometer actos atroces en Yare, Santa Lucía y Santa Teresa. Operaciones que por lo incómodo de su asunción en tiempos de restitución del excluido, suelen ser eludidos o mostrados como una acción distributiva y natural entre los sometidos a expoliación.

     Las formas brutales de saqueo practicadas por las partidas de guerrilleros fueron denunciadas por la Gaceta de Caracas y miembros del ejército patriota como el caso de Rafael Urdaneta. Fueron de tal magnitud que Juan de Escalona en su “Relación de lo ocurrido en los dos sitios que sufrió Valencia en el año de 1814”, anotó que, para el año de 1813, los partidarios españoles pusieron a Valencia en tal disposición que ningún vecino de ella podía salir fuera unos metros, sin que se le diera muerte, fusilado o robado, por parte de los guerrilleros que merodeaban por las inmediaciones de la ciudad. Esta manera de ejecutar los saqueos fue común entre los cuerpos destacados de las grandes unidades militares para efectuar movimientos tácticos o estratégicos avanzados, según comprobó Carrera.

     En continuidad con lo examinado por este historiador venezolano, se debe agregar que la práctica del saqueo no resultaba suficiente para satisfacer los requerimientos de los ejércitos. Por esta razón se instrumentaron otras modalidades para satisfacer las necesidades de los combatientes. El caso de Caracas resulta paradigmático en este sentido. En esta comarca no se produjo el saqueo que se esperaba durante 1814. De ahí que se instrumentaron otros mecanismos para extraer de la población los últimos recursos de un espacio territorial en parte desolado y con afectación de sus propiedades. Carrera agregó que las exacciones tomaron su lugar a través de un régimen hacendario normal. Las exacciones que se habían instrumentado las dividió en tres modalidades principales: 1) los secuestros y confiscaciones de bienes pertenecientes a enemigos o emigrados sospechosos, 2) el acopio de provisiones y recursos para la guerra, mediante embargo, despojo o compra con pago diferido y aleatorio y 3) los empréstitos forzosos, impuestos y contribuciones especiales, multas o donativos, entre otros.

     Según describió Carrera, el acopio de provisiones y recursos para la guerra era cosa de todos los días. En lo que respecta a los empréstitos forzosos, impuestos y contribuciones especiales, multas y donativos, éstos se practicaban con especial énfasis en espacios urbanos, aunque también los habitantes del campo se veían sometidos a despojos o compras diferidas y contribuciones especiales. A lo largo de este texto su autor va mostrando que Boves no fue el único y mucho menos el que inició la práctica del saqueo. Por diversas confirmaciones, que le sirven de sustento a sus reflexiones, puso de relieve que había sido Domingo Monteverde el “primer saqueador señalado de la larga serie”. En efecto, permitió a sus tropas el libre saqueo de bienes en lugares como Araure, Carora, Barquisimeto, Calabozo, San Carlos, los Valles de Aragua, La Guaira y Caracas.

     Pedro Urquinaona en Memorias de Urquinaona describió su proceder y que había sido reconocido por el mismo Monteverde. Inauguró un proceder cuya característica inicial fue que los soldados de su ejército eran europeos. Carrera agregó a los testimonios de Francisco Javier Yanes, Cajigal y Miyares que en sus comienzos la tropa de Monteverde era de origen europeo, y que no hubo diferencia de actitudes entre ese momento y cuando los ejércitos realistas fueron integrados con americanos. En algunos casos los servidores del rey lograban atesorar bienes para el lucro personal. Indicios de aprovechamiento individual por parte de militares como Morales, Monteverde o Morillo así lo certifican. En este sentido, Carrera citó el reporte elaborado por Urquinaona como comisionado del rey fechado el 15 de abril de 1814.

     La acusación de enriquecimiento no recayó sólo entre quienes dirigían la soldadesca a favor del rey. Al presbítero José Ambrosio Llamosas, capellán de Boves y comisionado de Morales, se le acusó de utilizar su investidura para labrar fortuna personal. Igual corresponde al caso del indio Reyes Vargas al que Carrera calificó de “consecuente depredador”. A Reyes Vargas le fue adjudicado, por parte de Manuel Yepes, robos a particulares como el caso de doña Josefa de Paris a la que despojó de dos de sus haciendas. También haber robado a doña Guadalupe Yepes y de secuestrarle a tres de sus esclavas y a doña Josefa Castillo a quien asesinó a su marido y robó animales y prendas de oro y plata. Todo ello en nombre del rey, lo que no quiere decir que éste avalara tales actitudes. De haber sido así los que integraron la tropa de Boves, Antoñanzas o Yáñez hubiesen pasado a ser integrantes del ejército español. La misma condición de desconfianza y distanciamiento con las castas jugó a favor de los republicanos, que pudieron integrarlos a la tropa que, en un momento anterior negros, mulatos y llaneros integraron. Cuestión esta última de difícil asunción por los remilgos que estimulan la elusión.

     A Monteverde y sus andanzas en contra de la propiedad ajena le seguirían las de Eusebio Antoñanzas en los llanos venezolanos, las de Rosete de quien se recordaba como líder de bandas indisciplinadas e inclinadas a la rapiña, la crueldad y a vivir del pillaje, igual toca a Yáñez y a su sucesor, Sebastián de la Calzada. Carrera subrayó que Morillo había llevado las exacciones a un mayor nivel que las de su amigo Morales, los que actuaron de manera autónoma y de lo que la historiografía venezolana sólo acusa a Boves.

     En términos generales, la práctica del saqueo acompañó las acciones de los jefes realistas a lo largo de la guerra. Tanto al comandar grandes ejércitos como en pequeñas partidas fue usual operaciones circunscritas en el pillaje y el saqueo. Por esta razón Carrera planteó la interrogante: “¿qué había de nuevo o de sorprendente, en materia de saqueo, en la actuación de Boves?”. Interrogante a la que agregó: ¿hizo alguna aportación original que justifique la asociación de su nombre con cuestiones económico – sociales de amplia proyección? El mismo autor estableció dos hechos que tienen que ver con estos asuntos. 1) que las formas de saqueo practicadas por Boves fueron similares a las realizadas por los jefes españoles que le antecedieron y le siguieron, 2) que el saqueo fue una práctica usual por casi todos los jefes españoles, regulares e irregulares, de forma continua. No obstante, se ha creído ver en las acciones ejecutadas por Boves aspectos de especial significación frente a toda una práctica común, incluso entre quienes integraron el ejército patriota.

     Es necesario insistir en este tema por la orientación historiográfica asumida bajo el influjo de la historia patria. También, por la exaltación de la Independencia como un bien positivo se ha asumido por desconocimiento, consciente o inconsciente, por costumbre o compromiso moral un quehacer que se hizo común por las circunstancias propias de una guerra, cuya mayor ferocidad se ha precisado en lo acontecido entre 1812 y 1814. La confusión ha persistido por la asociación de la acción de las castas con rebelión popular. Ello ha impedido la vinculación de lo sucedido en este período con un deseo de venganza, tal como se vio en los momentos que precedieron a la declaración del imperio de Haití en 1804.

     Esta opción historiográfica no ha dejado de estar presente, en especial, cuando se hace referencia a las acciones llevadas a cabo por parte de quienes defendían la monarquía. Es de hacer notar que el propósito por exponer los resultados de la Independencia como un logro positivo desdibujan lo que los hechos brutos y los testimonios a este respecto indican. La imagen de “Boves saqueador” ha servido para mostrar la cara contraria de la bonhomía e ideales con los que se ha asociado y asocia a quienes se tiene como baluarte de un logro positivo. Bajo esta intención la más relevante asociación que se ha arraigado de él es la del saqueo como una brutal y directa forma de apropiación, “el más claro atentado al derecho a propiedad y la más expedita fuente de recursos de que pueda disponer un guerrero”.

     Esta equivalencia se ha extendido junto con la tesis acerca de la estructuración de un sistema de expropiación tolerado y acicateado por Boves. Carrera destaca los atributos que se han sumado de testimonios proporcionados por parte de sus contemporáneos, y de aquellos que han hecho referencia a sus emprendimientos en tiempos posteriores. Así, se le ha adjudicado que hizo uso del saqueo como un incentivo entre sus seguidores. En este sentido, la idea de mayor aceptación es la que indica que atrajo a los llaneros con el atractivo del pillaje, con lo que se ha desplegado la idea según la cual este último fue una práctica común entre quienes le seguían y, en continuidad con esta aseveración, que el mismo formó parte de un sistema de acumulación.

     Para una ostensible demostración de esta disposición testimonial, Carrera tomó en consideración alegatos proporcionados por algunos de quienes participaron en la contienda como defensores de los intereses de la corona española. Uno de estos alegatos lo reproduce a partir de lo expresado por el Mariscal de Campo Juan Manuel de Cajigal. Según Carrera, Cajigal había establecido que Boves atraía a sus seguidores llaneros con la promesa del saqueo a las propiedades de peninsulares y criollos sin discriminar entre unos y otros. Otras informaciones ofrecidas por Carrera las encontró en Pablo Morillo quien no se ahorró sentencias poco favorables para el asturiano. Así, para un poblador de Calabozo de nombre Rafael Delgado quien, en una carta publicada en la Gaceta de Caracas, calificó a las tropas bajo su mando como facinerosos y ladrones que incursionaban en territorios de la comarca para adueñarse de los bienes de otros. Como ejemplo de una percepción que se había convertido en versión predominante, Carrera recordó la descripción tramada por Daniel Florencio O`Leary respecto al mismo personaje a pesar de haberla redactado en 1818.

     Lo interesante de las líneas trazadas por Carrera resulta de las fuentes a las que recurrió para presentar una primera semblanza de Boves. En su relato recordó lo delineado por el regente José Francisco Heredia para quien Boves se hizo acompañar de “gente de color” en un afán por destruir a la “casta dominante”. De igual manera, el obispo Narciso Coll y Prat, también citado por Carrera, Boves había habituado a sus tropas al pillaje y a los horrores más que a la obediencia y la disciplina militar. Lo propio haría Salvador de Madariaga al hacer referencia al mismo personaje a quien asimiló pasiones abyectas como la codicia y el odio racial.

     Otros contemporáneos como el caso del presbítero José Ambrosio Llamozas atribuyó a Boves más que motivaciones de adueñarse de los bienes de otros, la fuerte inclinación del asturiano por exterminar a los blancos y que los bienes de éstos debían pasar a manos de los pardos. Manuel Palacio Fajardo se encargó de atribuir a Boves su disposición por prometer a la “escoria del pueblo” las fortunas de blancos adinerados. Funcionarios que tuvieron que lidiar con este último no dejarían de anotar que él se hacía acompañar de nuevos combatientes para sus filas, con la promesa de aprovechar las riquezas de los blancos. José Manuel Restrepo agregó que a los llaneros que le acompañaron les atraía la esperanza del robo, del saqueo y de la licencia por Boves ofrecida para llevar a cabo todo tipo de excesos.

     En su indagación Carrera destacó que un rasgo predominante de la historiografía venezolana se había encargado de ofrecer, de forma uniforme, el estímulo del saqueo como el verdadero móvil de los actos de los soldados de Boves. En este orden de ideas, asentó que tal apreciación apenas permitía discernir dos posiciones generales, que escasamente diferían en el alcance reconocido al saqueo como incitación, pues algunos mostraron plena aceptación de esta tesis, como los casos de Caracciolo Parra – Pérez, Ángel Pérez o Acisclo Valdivieso Montaño, Laureano Vallenilla Lanz agregaría otro elemento, aunque circunscrito al incentivo aceptado.

     Vallenilla Lanz no sólo hizo referencia a las acciones de los llaneros al lado de Boves y de los que defendían la monarquía. Cuando escribió acerca de “La insurrección popular”, inserta en su conocido texto Cesarismo democrático, subrayó que los llaneros pasaron de ser “degolladores” a convertirse en “héroes leyendarios”, y que cómo al servicio de los caudillos patriotas actuarían con la misma energía, el mismo vigor y similar ferocidad, arrastrados por el mismo entusiasmo emocional y fanático de cuando se agruparon alrededor de la figura de José Tomás Boves. De acuerdo con las líneas citadas por Carrera Damas aquel dejó sentado que los llaneros contribuyeron a la distinguida empresa de “crear naciones recorriendo en triunfo medio continente desde el Orinoco, hasta las márgenes mismas del Río de la Plata”.

     Carrera Damas confronta ciertos convencimientos contemplados por algunos historiadores venezolanos alrededor del tema de los saqueos y la tolerancia representada por Boves. Carrera se interroga acerca del origen de esta tolerancia, más allá de la simplista explicación basada en la “condición infernal del asturiano”. Condición que se ha supuesto como la base axial para la explicación de las acciones plagadas de desmanes atribuidas a él. En este orden, Carrera consideró que la confrontación de la idea de tolerancia cómplice con la de tolerancia resignada posibilitaría una postura intermedia que él denominó “tolerancia activa” la cual fue expuesta de modo ostensible por el historiador venezolano Rafael María Baralt. 

     Ratificó, en esta ocasión, que el testimonio de Cajigal acerca de la manera cómo se llevó a cabo el saqueo de Valencia en 1814, introdujo un nuevo elemento al estudio de una nueva fase del saqueo practicado por las tropas de Boves. Carrera lo designó con la frase “el saqueo como un acto del servicio”, a diferencia de la designación como un “saqueador vocacional” que le adjudicaban otras fuentes como la Gaceta de Caracas. Agregó que la concepción del saqueo como acto del servicio habría sido la que se presentó durante el sitio de Valencia, donde previno a los valencianos a entregar sus posesiones para resguardarlos del saqueo, aunque permitió este junto con la entrega voluntaria de los habitantes de la ciudad. 

     La historia patria y nacionalista ha sido la encargada de difundir una imagen generalizada de Boves como un vil representante del saqueo y la expropiación, sin que falten algunos, en estos últimos tiempos, de asociar sus acciones con una forma de democracia distributiva. Carrera escribió que Boves y sus seguidores habían llevado a cabo saqueos desde que pasaron por Oriente, Barcelona y Cumaná, Calabozo, los valles de Aragua y Valencia. Llama la atención lo que sucedió en Caracas cuando alcanzó la capital y lo que se esperaba de sus tropas en tierras caraqueñas. Desde las páginas de la Gaceta de Caracas se difundieron noticias que informaban de lo que había realizado Boves y los suyos antes de alcanzar Caracas, hasta el punto de estimular una evacuación plagada de pánico que dejó casi despoblada la comarca. 

     Con el uso de una diversidad de fuentes Carrera anotó que ante la propaganda acerca de una desbordante violencia contra los integrantes de la comarca, éstos se encontraron con la publicación de un conjunto de proclamas que contemplaban la seguridad de las personas, las vidas y propiedades de los caraqueños. Ante esta situación Carrera se interrogó acerca de lo expresado por historiadores y la falta de consenso respecto a la narración de lo sucedido en este lugar. De importancia resulta ser el testimonio ofrecido por el obispo Coll y Prat quien achacó los desmanes a zambos y negros, fuesen o no llaneros. De las consideraciones de este último Carrera destacó que el saqueo de Caracas había sido limitado y perpetrado por pardos y esclavos, aunque ellos se llevaron a cabo en los alrededores de la ciudad y durante los primeros días de ocupación. También subrayó que fueron las tropas de Ramón González, integradas por negros, pardos y esclavos, las que refrenaron a los que pretendían desplegar los saqueos. Se presentó así a un Boves que acicateó el saqueo a otro que los limitó.

     En un intento de sistematización Carrera enumeró cuatro explicaciones en torno a Boves y su accionar en Caracas. Acisclo Valdivieso Montaño asoció este giro al eco que se produjo en el partido realista por el recibimiento señorial ofrendado a Boves. Su ingreso estuvo acompañado con fuegos artificiales, música y repique de campanas de las iglesias, al lado del acompañamiento de comisionados reales que lo escoltaron a la catedral, donde fue recibido por el arzobispo Coll y Prat y luego sería alojado en el Palacio Arzobispal. Valdivieso agregó otra elucidación en que destacó que la actitud de Boves en Valencia estuvo precedida por diecinueve días de rudos combates. En contraste con Caracas que fue ocupada sin largos y cruentos enfrentamientos, en combinación con los indultos y proclamas propiciadas por Quero y Chepito González.

     Una tercera explicación que Carrera califica de “curiosa factura” la ofreció Juan Uslar Pietri en Historia de la rebelión popular de 1814. Este último afirmó que los comandos que llegaron a Caracas tuvieron algunas diferencias en lo que respecta al dominio de la ciudad, una de ellas provino de la vanguardia al mando de Ramón González, quien no aceptó saqueos en actitud de agradecimiento hacia los patriotas a los que había servido durante la Primera República, versión bastante simple para Carrera. Una última versión la proporcionó Ramón Hernández de Armas para quien Boves había aceptado la promesa de serle entregado una considerable suma en un lugar que se encontraba en “extrema miseria”. Ante estos testimonios Carrera señaló el requerimiento de estudiar una práctica común durante la lucha por la Independencia de la que no fue ajena el caso de Boves.