De este modo tituló uno de los capítulos del libro, denominado Fueros, civilización y ciudadanía (UCAB, 2006), configurado por Elias Pino Iturrieta (Maracaibo, 1944) quien se ha destacado en las letras venezolanas como escritor, profesor e historiador. Es individuo de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, a la cual se incorporó el 27 de febrero de 1997 bajo el sillón N. Fue director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica Andrés Bello desde 1999. Se graduó de la Universidad Central de Venezuela en 1962, y realizó el doctorado de El Colegio de México en 1969. Entre algunas de sus obras se pueden mencionar: La mentalidad venezolana de la Emancipación, Contra lujuria y castidad, País archipiélago y El divino Bolívar. Las líneas que siguen forman parte de una sinopsis de lo que Pino examinó respecto a la escasez de funcionarios públicos en los primeros tiempos de la república.

     En este aparte de su obra destacó algunas experiencias, en el contexto de los inicios republicanos, relacionadas con la ocupación de cargos públicos en los tiempos fundacionales de la república. Anotó que, algunas curiosas respuestas, ofrecidas por candidatos propuestos para cargos de cierta envergadura fuesen negativas, muchas de ellas llenas de jocosidad. Varias contestaciones fueron estudiadas y mostradas por Pino. Las mismas también dan cuenta del “agobio que significó la construcción del país” en tiempos cuando ni Fernando VII ni Bolívar los mandaren y ordenasen a cumplir con deberes de la patria. Muchas de las respuestas destacadas por este historiador venezolano se caracterizaron por la distancia, la apatía, por la ridiculez “y aún por la trampa, signar una relación gélida entre el sector público y los factores humanos que se requieren para la dirección y la atención de la sociedad”.

     Entre las variadas consideraciones que permite visualizar Pino, en este escrito, se encuentra aquella según la cual todo gobierno debía gobernar con las personas adecuadas. Requería de subalternos rectos y eficaces que con su empeño ayudasen a los respectivos gobiernos a desarrollar sus propósitos. Si se daba el caso de no encontrar servidores públicos idóneos quienes, si no aceptaban cargos por mandatos políticos o muestras de lealtad, “lo harán para conseguir el salario de las cajas oficiales”. En especial, en un país caracterizado por la bancarrota, la parálisis comercial y la falta de estabilidad en todos los ámbitos de la sociedad, “no cae mal el flaco emolumento ordenado por los poderes públicos”.

     En su examen, recordó que no era mal negocio mostrarse como “mandamás” en un país en que el personalismo estaba tan arraigado si quien ocupase un cargo público, en cualquiera de las instancias gubernamentales, le supiera sacar provecho a un trato caudillesco, muy propio de este período. 

     Mostró que, en los primeros momentos republicanos, la apatía, falta de compromiso y actitudes reactivas hace suponer que los asuntos propios del Estado no fueron fáciles de resolver, al menos, para tratos y aspectos administrativos requeridos de un personal adecuado. Por esto asentó la existencia de un “desinterés por el ejercicio de las funciones públicas es una constante en los primeros treinta años de autonomía”.

     Hizo notar en estas líneas los casos de Valencia y Mérida en los primeros días del mandato de José Antonio Páez. Agregó a esta consideración lo sucedido para 1837 cuando las asambleas habían elegido a los funcionarios dependientes del Concejo Municipal de Caracas, pero hubo una abultada respuesta de quienes intentaron desprenderse de las asignaciones otorgadas. Según su relato, basado en periódicos de la época, un licenciado de nombre José Rafael Blanco interpuso una “excusa legal” con la que justificó la no aceptación para ejercer la Alcaldía Primera de Altagracia porque recién había contraído matrimonio. Otro, Miguel Tejera se había excusado de aceptar el cargo para ejercer como Alcalde Primero de la parroquia San Pablo al mostrar certificación médica donde se constaba de una irritación pulmonar que le aquejaba. Don Francisco Ignacio Carreño había sido requerido para la Alcaldía Segunda de la parroquia San Juan, sin embargo, adujo que sufría de una oftalmía crónica y así se libró del incómodo nombramiento. 

     Pino rememoró que la prensa de la época hizo chanza con la cantidad de impedimentos que sirvieron de excusa para no aceptar los nombramientos oficiales. Una de ellas apareció en El Conciso, el 21 de enero de 1837, en el que se decía que en Caracas existía una especie de “Canciller de inválidos” de nombre Esculapio, que se beneficiaba con altos estipendios ante la cámara edilicia. No obstante, Pino reseñó el caso del abogado Felipe Fermín Paúl quien tomó en sus manos corregir las imposibilidades aludidas por parte de algunos ciudadanos que se negaban a cumplir su papel como administradores públicos. Este jurista aseguró que las solicitudes de rechazo resultaban irrelevantes y que se apoyaban en extravagantes leyes y antiguas como “las de Indias”. 

     Ante las desatenciones de los demandados para actividades administrativas, requeridas por un Estado que buscaba afianzarse, Pino se interrogó acerca de si estas negativas no tendrían que ver con objeciones de conciencia. En este mismo orden de ideas, también se preguntó si ellas no tendrían que ver con el libre albedrío en el que se amparaban como ciudadanos para no asumir imposiciones gubernamentales. No deja de ser objeto de curiosidad la negativa en distintos lugares del país, por parte de individuos que pudiera pensarse, según lo informado por cierta historiografía militante, deberían mostrar mayor compromiso con la república anhelada, en especial cuando esa historiografía insiste en que los procesos que llevaron a la emancipación fue obra de las “masas populares”, o, al menos, representan la edificación republicana como emanación de una sociedad integrada alrededor de la construcción republicana.

     Pino rememoró el caso expuesto en una comunicación oficial enviada a Monagas en 1857, que “incluye una elocuente estadística de indiferentes y renuentes”. De acuerdo con esta comunicación se habían presentado catorce justificaciones por matrimonio y dos por razones de salud, para rechazar el ejercicio de cargos concejiles en Caracas. Prosigue este historiador venezolano, en 1853 diez personas se habían mostrado reticentes a ejercer cargos como escribientes de tribunales situados en distintos lugares, debido a que “sufrían todas”, sin excepción, afecciones asmáticas que se agravarían con el contacto permanente de los papeles polvorientos que reposaban en los archivos. En 1854, seis jóvenes escogidos, según refiere Pino, para trabajar en los hospitales de Caracas y Valencia, se disculparon por la carga de numerosos achaques y dolencias, a pesar que ninguno superaba los veinte años de edad.

     Para 1855, nueve negativas se sustentaron en “enfermedades” como “torcedura de una pierna, pasmo barrigal, sarna y granos regados en cara y cuerpo, fueron razones suficientes para rechazar cargos de maestros de primeras letras. 

     Pino citó el caso de un informe, fechado en 1857, en que su redactor mostró sorpresa ante el caso de Julián Méndez quien se negó a aceptar el cargo de juez porque no tenía caballo, Mariano Solarte se negó a trabajar como aseador en la magistratura porque no tenía con quien dejar a su abuelita y el caso de Eloy Torres que se negó a tomar una vacante como administrador del correo porque le temía al invierno. Razonó, en este contexto, el de no contar con una bestia para su traslado. Quien había elaborado la Memoria, en la que se expusieron estos casos ante el gobernante de turno, el doctor Ángel Santos cerró el informe con las palabras siguientes: “En todos aparecen grandes irresponsabilidades y falta de ganas de trabajar, esperando instrucciones para corregir el grave mal”.

     Pino refirió otro caso, correspondiente al año de 1856, de un individuo llamado Juan de Dios Millán respecto al cargo de comandante de la policía que se le ofreció. En una comunicación firmada por Millán se puede leer cosas como las que siguen: ser policía no era equivalente a trabajar, “porque todos hacen lo que quieren y uno queda de adorno, como son adorno los jueces que se ganan la plata sin trabajar”. En la misma comunicación, con la que justificó su negativa para asumir el cargo policial, agregó Millán que los ladrones se mantenían en la cantina y que los secretarios de las dependencias públicas no hacían nada en los cargos que se les asignaba. De adorno acusó a los soldados que no poseían un sable para su defensa, también a los diputados que no sabían del sudor producido por el trabajo. “trabajar es lo que hago yo, escribiendo este oficio para no querer trabajar. Trabajar es poner un negocio, o cuidar una herencia, o arar en la hacienda, y eso lo hacen muy pocos en esta tierra amada y llena de maravillas, y mientras sigamos así, yo no trabajo en la policía”.

     En virtud de estas consideraciones, Pino trajo a colación la aceptación de las variadas excusas para desprenderse de compromisos nacionales. En este sentido, las numerosas vacantes que debió sortear la administración pública y la indiferencia de las autoridades para hacer cumplir los cargos asignados son expresiones que, para Pino, deben llamar la atención para cualquier persona que examine asuntos relacionados con los primeros tiempos de una república recién fundada. Bajo estas circunstancias, no se dio a conocer ninguna orden de amonestación para con los desobedientes, tampoco alguna fórmula para despertar su interés o para superar una tendencia tan perniciosa. “Hay testimonios de la búsqueda de empleados y de la reacción negativa de un funcionario por los prospectos que se esconden, pero nada más”.

     De acuerdo con este analista de la historia de Venezuela, las fuentes de información no registran la respuesta que pudieron haber tenido los representantes gubernamentales ante las negativas reseñadas, o de las razones aducidas por parte de quienes se negaron a cumplir con un deber para el que habían sido encomendados por autoridades nacionales. En este sentido, agregó la dificultad de asumir estas negaciones como una expresión de conciencia, en especial, por lo trivial de los razonamientos y por lo poco fiables de los mismos. Uno de los razonamientos que proporciona el autor a este respecto fue, quizás, el que los demandados para las actividades públicas no se sentían comprometidos con el país, es decir, no tenían arraigado un sentido de pertenencia que les constriñera a cumplir con exigencias nacionales.

     En este marco de análisis, agregó que el historiador solo podía verificar cómo una porción importante de venezolanos se desentendió de obligaciones con el Estado y el país, anteponiendo sus requerimientos y su bienestar individual entre 1830 y 1858. Estudios como el expuesto en estas cortas líneas ponen en evidencia la debilidad de los gobiernos representados por hombres recios, de acuerdo con los relatos de la historia de Venezuela, como José Antonio Páez y José Tadeo Monagas o institucionalistas como Carlos Soublette. Pino subrayó que estas desatenciones muestran unos gobernantes que no atraían “acólitos a su templo” si los invitaban a trabajar. Fueron hombres que no tuvieron respuestas claras ante la indiferencia de los gobernados. “Las versiones de un presidente lancero todopoderoso a quien siguen las multitudes y alaban los propietarios, o sobre unos autócratas venidos de oriente ante quienes se rinden los partidos políticos, quedan mal paradas”.

     Gracias a la exposición que ofrece Pino, en este relato, es dable un acercamiento a la historia olvidada del siglo XIX. Se ha hecho habitual la representación de la Emancipación como un hecho positivo y, por tal circunstancia, lo estructurado en su nombre se ha divulgado como compromiso generalizado. Una de las vías de interpretación de este tipo de historia ha sido cultivada por Pino quien con elegante prosa desmiente muchas de las fábulas construidas respecto a la historia de Venezuela, en los primeros tiempos de construcción republicana.