Ello ha servido para dar fuerza a la actitud correcta del héroe que abrió los ojos del negro, mulato o pardo para seguir el camino del bien y la bonhomía propia de quienes comandaron las tropas republicanas.

     Carrera le hace frente a una idílica apreciación alrededor de la guerra de Independencia al señalar que nada de angelical tuvo la guerra de emancipación, así como tampoco ese pequeño infierno, que se escenificó en Venezuela, no fueron los opositores a la Independencia los únicos responsables de los atropellos, pillaje y violaciones a la propiedad que aquella historiografía les ha adjudicado. El mismo autor invitó a la lectura de las versiones acerca de esta cuestión expuestas por Eloy G. González, Rufino Blanco Fombona y Laureano Vallenilla Lanz, entre otros. Incluso, la tesis expuesta por Vallenilla Lanz acerca de la guerra de emancipación como guerra civil, no ha sido del agrado de los historiadores venezolanos y cuando se hace referencia a ella se suele apreciar como un descubrimiento osado. Esto no debe ser precisado como una simple expresión emotiva de un tipo de historiografía, sino a una tendencia muy generalizada entre una historiografía que muestra y ha mostrado desdén por la crítica y la revisión de testimonios relacionados con el tema.

     En este orden de ideas, son escasas las referencias acerca de los saqueos entre los integrantes del ejército republicano y si se llega a hacer referencia a saqueos se los sitúa dentro de operaciones personales, no como una acción relacionada con el conflicto armado alrededor de la emancipación. Sin embargo, Carrera añadió que no eran escasos los testimonios para echar mano de sólo alegatos realistas, al recordar palabras escritas por el Arzobispo Narciso Coll y Prat quien adjudicó una fuerte inclinación al pillaje por parte de los republicanos y en contraste con el manejo de las armas para la defensa de su “titulada patria”. Por supuesto, se debe tener en cuenta las exageraciones muy comunes entre quienes se enfrentaban por la vía de las armas. Como ejemplo se pueden revisar proclamas de jefes realistas y frente a ellas los escritos a favor de los patriotas, Bolívar en especial.

     Bajo este marco, Carrera advirtió que, pese a la escasa exploración de la que ha sido objeto este tema, la esencia mixta de los testimonios disponibles para estudiar esta cuestión no resulta ser diferente a la instrumentada para tratar el mismo tema respecto a los realistas. Además, añadió la necesidad del alejamiento de la tesis según la cual todo testimonio proveniente de los seguidores del rey se debiera considerar sospechoso o falso. Lo mismo cabría para los divulgados por los republicanos respecto a los realistas y a quienes se le oponían. Advirtió que luego de una búsqueda no muy prolongada se habían, él y sus asistentes, topado con un conjunto de pruebas de valor para demostrar de forma global la existencia misma de los hechos que se abordan en ellas. Esto permitió tratar la temática en cuestión de una manera menos parcial y plagada de prejuicios tal como lo ha hecho una alta proporción de historiadores venezolanos.

     De ahí el requerimiento de la renovación y afinamientos de criterios de interpretación “inercialmente aplicados, por ejemplo, a las fechorías de Boves”. A lo que se debe sumar la urgente disposición para poner al descubierto otras interpretaciones que ofrezcan una versión de la Independencia en que se restituya su talante real, es decir, de un complejo enmarañado de situaciones y tendencias, “dejando así de ser la plana confrontación del bien y el mal en que la ha convertido la historia oficial”. Al proponer otra vertiente interpretativa Carrera anotó que las pequeñas partidas de guerrilleros, dedicadas a hostigar las líneas de abastecimiento de sus enemigos, y de sus destacamentos poco numerosos, tuvieron en el saqueo y el pillaje una forma exclusiva de abastecimiento. 

     Las acciones circunscritas en el saqueo y el pillaje no sólo deben ser adjudicadas a ejecuciones de indisciplina o a actitudes particulares de jefes de menor rango. Testimonios como los expuestos por José Antonio Páez y la Gaceta de Caracas revisten gran importancia para corroborar gestiones de los patriotas ante el saqueo y que contradicen lo que la historiografía ha difundido de modo prominente. Carrera recordó algunos pasajes estampados en este oficioso órgano periodístico, durante la dictadura de Bolívar, en tiempos de la Segunda República, en que sin ningún empacho ni comedimiento se divulgaban informaciones de confiscaciones y hurto de propiedades realistas.

     Carrera enfatizó en el hecho cierto en torno a la actitud asumida por las tropas del rey, en su intento de reocupar el territorio perdido, al recurrir al saqueo y el pillaje de manera preponderante, aunque acompañados con las propias de las exacciones teñidas de legalidad. En el caso de los propugnadores de la república, si bien no dejaron de lado las primeras se inclinaron, según las circunstancias de 1813 y 1814, por las exacciones. Para la colecta de provisiones y elementos de guerra fue la exacción el ejercicio más frecuente ejercido sobre la población que habitaba el campo venezolano. Fueron distintas las formas utilizadas para el acopio de bienes indispensables para la supervivencia de los ejércitos y el desarrollo de las actividades militares.

     Las adquisiciones con pago diferido y aleatorio se utilizaron para ordenar la administración y “cuidar la opinión”. Su propósito inicial, de acuerdo con el autor, era no hacer uso excesivo del saqueo y los despojos de los que eran objeto los pobladores de campos y ciudades de Venezuela. El diferimiento de pagos se instrumentó por la penuria en la que se encontraban muchos productores de la comarca y que repercutió de modo negativo en la contribución al Erario. En cuanto a la modalidad aleatoria se instrumentó por la inestabilidad implícita en cualquier circunstancia donde predominaba el factor militar. 

     Carrera proporcionó la información según la cual en algunas ocasiones el acopio de cualquier tipo de recursos y elementos para la guerra, se trocaron en simple despojo, sólo que aparecían encubiertos por las palabras extraer y donativo, términos que adquirieron significados insospechados. En su relato sugirió que el procedimiento para obtener recursos fue respondido, en varias oportunidades, bajo el atropello y el despojo violento de los propietarios, “lo que no podía dejar de tener serias repercusiones en el orden político y militar”. En este contexto, citó algunas ideas esbozadas por José Manuel Restrepo quien ofreció una “interesante consideración crítica acerca de la evolución de su testimonio”.

     A Carrera le llamó la atención la situación durante la Segunda República, por lo que citó a un personaje que llegó a ocupar cargos de importancia en tiempos de la República de Colombia. Restrepo describió que la mayoría de los combates se presentaron en los primeros veinte días del mes de septiembre de 1813. A poco de recibir a Bolívar y sus soldados con vítores, habitantes de la comarca fueron seducidos de nuevo por las tropas realistas. Restrepo adjudicó esta inclinación al decreto de Guerra a Muerte, por los forzosos reclutamientos, con la destrucción y exacciones forzadas de propiedades que, al decir del testigo neogranadino, eran muy parecidas a las ejecutadas por los realistas al mando de Monteverde.

     Carrera dio crédito a las reflexiones de este neogranadino y citó algunos pasajes por él delineados en Historia de la revolución en Venezuela. En lo que se refiere a la administración pública del momento, Restrepo señaló que cuando Bolívar dirigía los asuntos administrativos de manera directa había obediencia de los mandos militares. No obstante, al dividirse el ejército en distintas unidades “cualquiera oficial procedía arbitrariamente a disponer de los bienes de cuantos él denominaba realistas”. Sin embargo, Carrera mostró perplejidad ante algunas aseveraciones de Restrepo respecto a la política bolivariana de las exacciones y lo que los tenientes bajo su mando llevaron a cabo de modo arbitrario.

     Carrera calificó de vana ilusión un proceder distinto al que se vivió entre los años de 1813 y 1814, por la necesidad de bienes necesarios para mantener a fuerzas militares que libraban la lucha a favor de la emancipación. Las provisiones forzosas se convirtieron de uso común entre realistas y republicanos. Insistió Carrera en reiterar cómo las posiciones respectivas de los grupos en pugna determinaron que de parte de los republicanos “predominasen las formas veladas de saqueo”. Ellas se maquillaron bajo la figura de empréstitos forzados, impuestos, contribuciones o multas. Gracias a estas prácticas se intentó garantizar la circulación de suministros, dinero y de todo tipo de provisiones necesarias para la guerra. “Ellos consumían de manera nada secundaria la actividad de las autoridades militares y civiles, y han perdurado abundantes pruebas de sus cuidados”.

     En su relato señaló que, a pocos días de haber ingresado Bolívar a Caracas en 1813, se habían reunido en La Guaira, el 18 de enero de 1813, miembros de la Municipalidad con vecinos de Maiquetía y Macuto, para considerar acerca de empréstitos a la Renta del Tabaco con retribución o no a favor de la República. Carrera indicó que así quedaba sellada la fórmula. En el futuro, cuanto más difícil fuese la situación las necesidades de recursos se acrecentaba, y medidas como esta se generalizaron. En lo concerniente a impuestos y contribuciones trajo a colación la correspondiente al 15 de septiembre de 1813. Los fundamentos esbozados para su aplicación tuvieron que ver con la situación hacendaria de la República. En ellas se señalaron las urgencias republicanas por el agotamiento de los recursos en distintas provincias, Caracas en especial. El impuesto se precisó como un deber “sagrado” de todo ciudadano a sacrificar sus intereses para salvar la Patria. De ello se llegó a la cifra de 70 mil pesos para la provincia de Caracas, distribuidos entre todos los habitantes con independencia a su clase y calidad, a pesar de las penurias que estaban experimentando por la guerra.

     En torno a esta propuesta el autor asumió que desconocía las consecuencias de su aplicación, que debió haber comenzado por Caracas. Sin embargo, alegó que los indicios documentales no eran halagadores. Si medidas como la señalada no parecen haber sido efectivas quedaban otras opciones más poderosas: las multas y los donativos. El carácter de éstas era expedito y no requería de mayor aparataje administrativo o de convencimiento de los afectados de la medida que se aplicara. Eran aplicadas de manera directa del administrador al contribuyente. Este último estaba situado en un lugar de desventaja y poca posibilidad de elusión. Carrera desmintió a Vicente Lecuna quien expresó el exiguo resultado de esta medida. 

     En todo caso, los actos señalados respondieron a circunstancias y constantes históricas en las que se encontraron realistas y patriotas. Según Carrera no hubo un momento preciso para el saqueo, el despojo y la exacción, entre 1810 y la segunda Batalla de Carabobo, y “aún más allá si aceptamos algunos juicios, indicios y testimonios”. Carrera reconoció que eran pocos, pero suficientes para una aproximación a la posibilidad, con suficiente fundamento, de un fenómeno histórico.