Actualización y aplicabilidad de la Providencia Administrativa 060 del Inpsasel

Comité de Gestión del Talento y Relaciones Laborales

     La clasificación de la COVID-19 como una enfermedad ocupacional o no, la responsabilidad de los empleadores en la prevención de contagios y qué criterios deben las empresas tomar en cuenta para la elaboración de sus programas de bioseguridad, fueron los temas analizados durante la videoconferencia “Actualización y aplicabilidad de la Providencia Administrativa 060 del Inpsasel para la prevención de SARS-COV2 (COVID-19)”. Esta actividad realizada por nuestro Comité de Gestión del Talento y Relaciones Laborales, tuvo como ponente a Francisco Casanova, Socio de Ponte, Andrade & Casanova  y contó con la moderación Nelson Martínez Ubieda, vicepresidente de nuestro comité. 

     Para dejar claro que la COVID-19 no es una enfermedad ocupacional, Casanova parte de la definición hecha por la Organización Mundial de la Salud, en cuanto a que es una enfermedad respiratoria e infecciosa causada por el coronavirus. “No es una enfermedad ocupacional per se”.

     El especialista en salud y prevención laboral, en su exposición advierte sobre los aspectos contradictorios de la Providencia 060 de Inpsasel, que aún no está publicada en Gaceta Oficial. Razón por la cual considera importante que las empresas revisen los criterios establecidos en esa providencia, otras normas que han sido dictadas, la LOPCYMAT y la Resolución 090 del Ministerio de Salud, para la puesta en práctica de los protocolos de prevención y su divulgación entre los trabajadores, siendo esa la forma de cumplir sus responsabilidades, lograr la certificación y evitar cualquier tipo de llamado de corrección por parte del Inpsasel. “Si el empleador aplica esos protocolos y aún así el trabajador contrae COVID-19 habría una responsabilidad objetiva pero no subjetiva”.

     Compartió la información que maneja sobre cuáles serían los pasos para la certificación y acreditación del programa de bioseguridad, que hará la Comisión científico-técnica del Inpsasel. “La empresa interesada deberá presentar una copia física a la Geresat de su jurisdicción, que entregará un recibo”. Ese recibo podrá ser presentado a los inspectores de Inpsasel, como prueba de la consignación del programa de bioseguridad para su consideración a la correspondiente Gerencia Estadal de Salud de los Trabajadores.

     Para conocer más los invitamos a ver la videoconferencia completa “Actualización y aplicabilidad de la Providencia Administrativa 060 del Inpsasel” en nuestro canal de Youtube: Cámara de Caracas.

Exoneraciones a las importaciones y sus implicaciones

Comité de Comercio Exterior

     El 01 de enero 2021 entró en vigencia el Decreto 4.412 que establece las exoneraciones de impuestos de importación, Impuesto al Valor Agregado IVA y tasa por determinación del régimen aduanero a las mercancías y sectores determinadas por el ejecutivo nacional. Analizamos las nuevas normas en “Una mirada a los decretos de exoneración a los derechos de importación y sus implicaciones”, videoconferencia realizada por nuestro Comité de Comercio Exterior, que preside Manuel Marin., y en la que participaron como ponentes Pedro Mojica, Director de Bresan Aduanas, y Giorgio Cunto, Economista y Científico de Datos.

     Pedro Mojica, Director de Bresan Aduanas, recomienda ser cuidadoso en el cumplimiento estricto de las normas en el nuevo decreto, utilizando un criterio de evaluación conservador, tradicional y con toda la información que el caso amerite. Hizo hincapié en que los importadores deben presentar en el tiempo previsto la declaración aduanera acogiéndose a la exoneración, porque de acuerdo al artículo 66 de la Ley de Aduanas, de no hacerlo se entiende como una renuncia tácita del beneficio. Al hacer un análisis de las medidas tomadas alrededor de las importaciones, considera oportuno hacer una propuesta para la liberación de los bienes de capital de las exoneraciones del IVA, de acuerdo a las particulares necesidades de cada importador.

     Durante el encuentro se revisaron las distintas fechas establecidas para la vigencia de las exoneraciones. Los conferencistas destacaron que la intención de flexibilizar trámites de permisos y autorizaciones choca con lo que sucede en la práctica. Manuel Marin resaltó que los tiempos de logística no alcanzan cuando hay que evaluar puntos como la pandemia y el esquema de cuarentena 7+7 en Venezuela, “un barco no puede pararse una semana”. Para Mojica la fijación de estos plazos tan cortos (Ver archivo adjunto Decreto 4.412. Apéndice I) hace que las operaciones entren en una incertidumbre muy grande.

     Giorgio Cunto considera que el grado de incertidumbre, la consistencia de las regulaciones, el que las normas puedan o no ser aplicadas, impactan las estrategias de comercialización y operaciones de las empresas para finalmente trasladarse a los precios. Cunto presentó el “Entorno externo venezolano” en el que están inmersas las exoneraciones, analizó éstas dentro de una recaudación no petrolera y comentó la existencia de “tibios intentos de anclar la recaudación al mercado cambiario”.

Concluyó diciendo que en una economía como la venezolana, más pequeña, menos productiva, el sector privado tiene que operar bajo su propio músculo financiero y técnico de cara al futuro.

     Los invitamos a ver este completo análisis del decreto 4,412 y las actuales condiciones de la economía venezolana en nuestro canal de Youtube: Cámara de Caracas.

     Ante la nueva fiscalización de los comercios para verificar el cumplimiento de los precios en determinados rubros, anunciada esta semana por el Ministerio del Poder Popular para el Comercio, Leonardo Palacios, Presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, aseguró que insistir en controlar los precios, en medio de esta compleja situación económica, constituye un golpe para la industria que se mantiene operando y generando empleo formal en el país.

     “En un proceso hiperinflacionario con constantes devaluaciones de la moneda, el hecho de que cada empresa haya tenido la posibilidad de producir y vender sus bienes y servicios, haciendo un manejo responsable de su flujo de caja y fijando precios que permitan cubrir los costos de producción y reponer las materias primas o mercancías, según sea el caso, es lo que ha permitido que las pocas empresas y comercios sigan en pie, ofreciendo distintas opciones y posibilidades para elección del consumidor venezolano”, aseguró.

     Palacios recordó que los venezolanos tenemos amplia experiencia con los controles de precios y sabemos que no funcionan porque generan escasez y desvían productos al mercado negro. “Volver a los controles de precios no es la solución a la complicada situación económica que enfrentamos. Los productos se mantienen o regresan al anaquel cuando las empresas tienen la posibilidad de fijar sus precios en función de sus costos”, agregó.

     El representante de la cámara considera que las autoridades deben concentrarse en estabilizar la economía y ofrecer condiciones para la inversión privada y el fortalecimiento de la producción nacional, tomando en cuenta el impacto que ha tenido la pandemia y la hiperinflación en el sector empresarial del país.

     Para concluir, Palacios insistió en que “lograr una industria nacional consolidada y un sector comercial sólido es la única vía para que los venezolanos puedan tener acceso a bienes, productos y servicios de calidad”.