Complicaciones e implicaciones de un tributo injusto

Complicaciones e implicaciones de un tributo injusto

Complicaciones e implicaciones de un tributo injusto

     La aplicación del Impuesto a los Grandes Patrimonios, sus complicaciones e implicaciones fueron analizadas en una sesión de nuestro Comité de Tributos y Finanzas, que contó con ponencias de los especialistas en tributos Carolina Cano y Héctor Orochena, y la moderación de Leonardo Palacios, presidente de la Cámara de Caracas, y experto en materia tributaria

     Palacios afirma que se trata de un tributo injusto, que debe ser definido como una exacción, una contribución dineraria exigible de manera coactiva que nada tiene que ver con el concepto económico de la renta. “Tenemos industrias que tienen varios elementos, o varios canales de producción que están prácticamente inactivos, sin embargo esa improductividad se castiga, se penaliza con un tributo altamente regresivo”.

     Reiteró el llamado que desde la institución se ha hecho a la Asamblea Nacional, para que hagan honor a la palabra de definir condiciones favorables a la inversión nacional y extranjera, y de establecer una política fiscal tendente a la recuperación, al crecimiento y estabilidad económica, que debe incluir la derogación del Impuesto a los Grandes Patrimonios

     Carolina Cano hizo un análisis de los aspectos constitucionales y legales que han sido vulnerados con la creación del IGP. Explica que desde su origen está ley generó un vicio de inconstitucionalidad al ser aplicada de manera retroactiva. Agrega que otras disposiciones, específicamente aquellas que establecen los sujetos pasivos y la forma de determinar la base imponible, también conducen a transgredir principios constitucionales básicos que rigen el sistema tributario tales como la proporcionalidad del tributo, no confiscatoriedad, racionalidad y capacidad contributiva.

     También precisó que otra de las complicaciones derivadas de la ley de IGP, es que no establece normas para evitar la doble tributación internacional, a diferencia del Impuesto Sobre La Renta y de muchos tratados internacionales vigentes en Venezuela.

     Héctor Orochena hizo referencia a la Providencia Administrativa N° 00213, en la cual se establecen las normas de actualización del valor de Bienes y Derechos, así como los requisitos y formalidades para la declaración y el pago del Impuesto a los Grandes Patrimonios. Pero indicó que hay dificultades para lograrlo, porque se identifican nueve métodos de valoración distintos. El tercero de esos métodos indica que el Seniat establecerá las normas para determinar el precio de adquisición, pero la autoridad tributaria tiene un retraso de tres años en el cumplimiento de esa obligación legal.

     Otra complicación está relacionada con el valor asignado a los bienes en el catastro municipal, porque solo 56 municipios han sido autorizados por el Tribunal Supremo de Justicia a aplicar nuevas ordenanzas derivadas del proceso de armonización tributaria municipal. En consecuencia, los contribuyentes verán una ficha catastral muy alta o una desfasada, en los municipios que no estén actualizados.

     Los especialistas coinciden en que el Impuesto a los Grandes Patrimonios, en la actual situación económica del país es un tributo injusto, que genera inseguridad jurídica y no contribuye a reactivar la producción nacional.

     Los invitamos a ver sus ponencias en nuestro canal de Youtube: Cámara de Caracas

Impactos de la nueva expresión monetaria

Impactos de la nueva expresión monetaria

Impactos de la nueva expresión monetaria

     Los impactos financieros y contables, operativos y tecnológicos, tributarios y legales de la nueva expresión monetaria, fueron analizados por tres expertos de la firma EY Venezuela, en una sesión de nuestro Comité de Finanzas e Impuestos: “Del bolívar soberano al bolívar digital”.

     Leonardo Palacios, presidente de La Cámara de Caracas y moderador de la actividad, considera que la nueva expresión monetaria es una respuesta para el manejo de la percepción y facilidad administrativa ante un proceso acucioso de hiperinflación que ya lleva más de cuatro años consolidándose. y el cual espera que con el tiempo pueda ser corregido, llevando al crecimiento y estabilidad económica, para la rentabilidad de las empresas así como la participación del estado en esa rentabilidad.

     Miguel López, socio líder de Consultoría Financiera y Contable, resumió que en los últimos 14 años con dos procesos de reconversión y uno de nueva expresión monetaria, la moneda ha perdido 14 dígitos el equivalente a una cifra de 100 billones de bolívares. “Eso es fácil decirlo, pero cuando estás analizando un estado financiero o estás explicando una cifra de activos no monetarios, que son los perduran más en el tiempo en un balance de situación financiera de una compañía, es complicado de leer”

     Presentó ejemplos de los principales impactos de la eliminación de dígitos de la moneda, en la contabilidad de las compañías venezolanas, entre ellos la desaparición del monto de capital social nominal y reserva legal. Explicó algunas alternativas para llevar ese capital social a un nivel mínimo y que no desaparezca del histórico de la contabilidad, como hacer una aportación de dinero fresco o una actualización por ajuste de inflación.

     Saúl Medina, socio líder de Asuntos Legales, hizo referencia al decreto de la nueva expresión monetaria y las regulaciones dictadas por el Banco Central de Venezuela, partiendo de la eliminación de los seis ceros de la moneda, y de la permanencia de su código representado con Bs.

     Aclaró que no es obligatorio que la facturación esté expresada en ambas monedas “no ha habido un pronunciamiento al contrario de parte Seniat, la normativa aunque no es completamente clara si lo es la resolución del Banco Central, entonces definitivamente hay argumentos para soportar que la facturación no debe estar en doble moneda”.

     Juan Fernández, socio líder de Consulting, habló de los tópicos operativos y tecnológicos de la escala monetaria que comenzó el 01 de octubre. Explicó como todos los sistemas que manejan registros u operen con bolívares tuvieron que hacer adecuaciones tecnológicas.

     Refirió que el nuevo proceso monetario hizo necesaria la evaluación de algunos aspectos operativos como estrategias de facturación y cobranzas, pagos, comunicaciones con proveedores y clientes; y también factores tecnológicos como infraestructura, sistemas y aplicaciones, interfaces, etc.

     Para ver esta videoconferencia, en la que fue hecho un amplio análisis de los impactos de la nueva expresión monetaria, pueden ir a nuestro canal de Youtube, al cual los invitamos a suscribirse.

La voracidad fiscal municipal es un problema que afecta a empresas y consumidores

La voracidad fiscal municipal es un problema que afecta a empresas y consumidores

La voracidad fiscal municipal es un problema que afecta a empresas y consumidores

     El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, La Cámara de Caracas, Leonardo Palacios, alertó y exigió al Tribunal Supremo de Justicia, y a todos los órganos del Poder Público a poner coto a todo el deslave institucional que representa la tributación confiscatoria e inconstitucional establecida por los municipios.

     Ante la cercanía de las elecciones municipales, en opinión de Palacios, más que caras y postulaciones de partidos, la población debe tener la oportunidad de conocer y evaluar detenidamente, los programas y propuestas de los candidatos a alcaldes y concejales a los efectos del ejercicio del régimen municipal.

     Destacó que es importante tener en consideración que la sentencia de Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que ordena la armonización tributaria municipal, ordenada de manera inmediata por el artículo 156 numeral 13 de la Constitución, lejos de alcanzar el propósito de armonizar y coordinar, se constituyó en licencia o autorización implícita para que los municipios, incrementaran las alícuotas impositivas en materia de impuestos a las actividades económicas e inmobiliario urbano (derecho de frente).

     Palacios enumera los elementos distorsivos de la voracidad fiscal municipal en la economía:

  1. Representa incrementos exacerbados que se reflejan en los precios de bienes y servicios, afectando la rentabilidad de las empresas, y también a los consumidores, pues todos los tributos son trasladados de acuerdo a la mecánica económica subyacente.
  2. Afecta la recaudación nacional porque los tributos municipales exacerbados se deducen a los efectos de determinación del impuesto sobre la renta.
  3. Aleja el proceso de inversión nacional y extranjera, la capitalización y extensión de las actividades económicas en territorio nacional. Representando un contrasentido con las ofertas y propuestas que vienen manejando el Ejecutivo y la Asamblea Nacional para buscar la inversión nacional y extranjera, así como la reactivación económica.
  4. Ocasiona un costo importante de cumplimiento que las empresas no pueden sufragar, tomando en cuenta las alícuotas o porcentajes que se aplican a los ingresos brutos, castigando la rentabilidad.

     De esta manera los tributos locales son parte, en criterio del presidente de la Cámara de Caracas, de un sistema irracional, inconstitucional, que afecta la libertad, y propiedad económica. “No puede tenerse una recuperación y crecimiento económico con una tributación municipal exacerbada, que aunada a la existencia de otros tributos distorsivos como el Impuesto a los Grandes Patrimonios y el Impuesto a las transacciones financieras, hacen imposible un desarrollo y desenvolvimiento normal de la economía”.

La voracidad fiscal municipal es un problema que afecta a empresas y consumidores

Impuesto a los Grandes Patrimonios debe ser derogado

Impuesto a los Grandes Patrimonios debe ser derogado

     El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, La Cámara de Caracas, Leonardo Palacios, exige la derogatoria inmediata del Impuesto a los Grandes Patrimonios, por ser una exacción injusta, regresiva e inflacionaria, poco técnica y que constituye un óbice para la
inversión nacional y extranjera.

     Palacios, quien es además experto en materia tributaria, explica que una exacción es una exigencia coactiva, obligatoria, aprobada sin las formalidades y requisitos constitucionalmente establecidos, para dar estructura al sistema tributario, así como a las disposiciones del Código Tributario que
desarrollan esos principios. Tal es el caso del IGP que fue aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente.

     “El Impuesto a los Grandes Patrimonios tiene, además del pecado original señalado, el de pretender gravar a supuestos contribuyentes especiales, que es una categoría registral y con carácter de mejorar y hacer más eficiente la gestión tributaria, que son designados por inflación y no por la esencia propia de ser contribuyentes que representan una capacidad económica que requiera de una especialidad en el tratamiento diferencial, para los efectos de una mejor y mayor fiscalización”.

     Asegura que esa distorsión, bajo un subterfugio nominal, ha llevado a que muchos venezolanos sin serlo, sean sujetos pasivos de este impuesto.

     Este tributo conlleva una doble imposición. Palacios explica que las personas que no tengan renta o tenga activos que no producen la renta necesaria, en virtud de las consecuencias de políticas fiscales y monetarias erráticas, se ven obligadas a imponer de la renta que deriva de los enriquecimientos o ingresos que obtienen con sus actividades económicas, para pagar un impuesto que no debe causarse. Además se someten activos, que por regulaciones administrativas de sectores especiales se encuentran afectados o congelados, al pago del IGP para garantizar obligaciones en materia de determinación financiera o de seguros, “lo cual por supuesto desdibuja la esencia de lo que es la propiedad”.

     Igualmente se establece el pago de contribuciones de excepción sin ningún tipo de armonización con la imposición municipal ni el Impuesto Sobre la Renta.

     Por todas estas razones, el dirigente gremial exhortó al gobierno, para que en correspondencia con lo que vienen proyectando los representantes de la Asamblea Nacional, se busque un ordenamiento jurídico proclive a la inversión nacional y extranjera, que haga posible la recuperación y el crecimiento económico.

     “Es necesario crear un escenario para la atracción de inversiones, lo cual supone necesariamente la inmediata derogatoria de este impuesto que en nada contribuye con las finanzas públicas, más por el contrario perjudica la atracción de inversiones que generen rentabilidad para que el estado participe de ella a través de los impuestos”.

     Reseña en medios de comunicación sobre solicitud derogación del Impuesto a los Grandes Patrimonios:

Reforma del Estado y creación de la COPRE

Reforma del Estado y creación de la COPRE

Reforma del Estado y creación de la COPRE

     En la Venezuela de comienzos de los 80 nació la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado con el propósito de lograr “un Estado democrático y eficiente”. Así lo recuerda Carlos Blanco, exministro para la Reforma del Estado e integrante del equipo fundador de la COPRE, creada por decreto presidencial el 17 de diciembre de 1984.

     En una sesión de nuestro Comité de Estudio y Divulgación Histórica, el economista, doctor en Ciencias Sociales, docente e investigador, brindó un recuento histórico de los antecedentes que llevaron al surgimiento de la COPRE, su conformación, sus estrategias de consulta, propuestas y los serios obstáculos que enfrentó. Blanco fue secretario ejecutivo de la COPRE desde 1984 hasta 1989, cuando asumió la presidencia de la comisión hasta 1992.

     Carlos Blanco afirmó que “El decreto que crea la comisión planteaba que nosotros debíamos hacer un proyecto de reforma integral del Estado, no solamente el tema de la administración pública, sino del Estado en su conjunto”.

     La COPRE estuvo integrada de forma plural, con representantes de los sectores políticos, económicos y de la sociedad civil. Su primer presidente fue el doctor Ramón J. Velásquez, y en sus distintas comisiones participaron Simón Alberto Consalvi, Reinaldo Cervini, Germán Carrera Damas, Arnoldo Gabaldón, Allan Brewer Carías, entre otros.

     En su exposición Blanco describió los períodos políticos durante los cuales la COPRE desarrolló su labor, que era respaldada por quienes la veían como la posibilidad de ofrecer soluciones a la creciente crisis socioeconómica, pero obstaculizada al mismo tiempo por quienes temían perder poder: “La reforma es un proceso político, donde unos ganan y otros pierden, y los que pierden se resisten”.

     En 1986, la COPRE comenzó a presentar propuestas. Algunas de ellas fueron el proyecto de descentralización, la modernización de la administración pública y de la formulación de las políticas públicas, así como la reforma de los poderes judicial y electoral.

     Uno de los cambios, que logró vencer resistencias políticas, fue la elección popular de gobernadores de estado y la creación de la figura de alcaldes, que finalmente se concretó en 1989, generando un nuevo espacio institucional con una mayor participación ciudadana.

     En un intento por avanzar, en diciembre de 1990, fue firmado el Pacto para la Reforma, con el compromiso de todos los partidos políticos de impulsar cambios inmediatos. El pacto fue incumplido totalmente en 1991, de acuerdo con lo planteado por el conferencista: “Creo que ahí se sembró, no diría exclusivamente porque eso está sometido a interpretaciones, pero este fue uno de los elementos que facilitó el ambiente para la revuelta del 92”.

     Blanco valora la experiencia de la COPRE, la cual dejó de funcionar en 1999. Al respecto señaló: ”No se entendió, a mi manera de ver, que la reforma es un proceso político, no es un proceso técnico fundamentalmente, sino político que implica una redistribución del poder en términos horizontales y verticales, y que requiere un extraordinario apoyo político para llevarse a cabo, y ese apoyo no puede venir sino en primer lugar de la opinión pública”.

     Leonardo Palacios, presidente de la Cámara de Caracas, quien hizo la introducción a la videoconferencia, está seguro de que de haberse oído y discutido las propuestas de la COPRE a plenitud por todos los sectores, específicamente por las élites política, económica y social, otra situación estaría viviendo el país. “La COPRE era el escenario y derrotero adecuado, no fue una instancia soberbia o excluyente, sino más por el contrario una instancia de reencuentro, discusión abierta, análisis para propiciar el debate con seriedad, en la cual estaban representadas todas las visiones del país y de las diferentes posiciones ideológicas”.

     Catalina Banko, Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia, fue la moderadora de la videoconferencia. Enfatizó la importancia de comprender la extraordinaria iniciativa que significó la COPRE a través de los comentarios de uno de sus protagonistas. Este organismo atendió temas muy diversos para la reforma del Estado en términos económicos y políticos, es decir, con un sentido integral.

     La ponencia de Carlos Blanco sobre la historia de la COPRE puede ser visualizada en nuestro canal de Youtube.

Arbitraje y franquicias

Arbitraje y franquicias

Arbitraje y franquicias

     El arbitraje es un medio alternativo o adecuado de resolución de conflictos, que puede ser de utilidad en el mundo de las franquicias. Este modelo de negocio de colaboración directa tiene actualmente 90 mil empresas franquiciantes en el mundo y se estima que habrá 250 mil para 2035.

     En la videoconferencia “Arbitraje y franquicias” Alfonso Riera, cofundador de Profranquicias, y Diego Castagnino, árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, abordaron cómo incluir cláusulas arbitrales en los contratos de franquicias y las ventajas que ofrece hacerlo.

     Riera comentó que muchas de las grandes empresas de franquicias de Europa y Estados Unidos, tienen como protocolo la resolución de conflictos y las cláusulas arbitrales, siendo una manera de garantizar soluciones con árbitros calificados, independientemente que el proceso se ventile en el país de destino de la franquicia, tiempo o el resultado del laudo arbitral.

     “El reto que tenemos es proponer estos esquemas de resolución alterna en nuestras franquicias de países latinoamericanos, derivar y transmitir un factor de confianza, la invitación es a que haya mucha mediación, mucha etapa previa, o arbitraje”.

     Diego Castagnino, abogado especialista en Derecho Mercantil, explicó por qué elegir el arbitraje para dirimir conflictos en los contratos de franquicias, cuándo se puede celebrar un acuerdo de arbitraje y cómo hacerlo.

     Recomienda que el acuerdo de las partes de someterse a arbitraje conste por escrito, evidenciando su voluntad de forma independiente al conjunto de normas pre redactadas en el contrato de franquicia.

     Detalló algunas ventajas que ofrece el arbitraje tales como confidencialidad de la información, especialmente útil en este tipo de negocios en los que se da la transmisión de conocimientos comerciales. También la celeridad, porque los tiempos de respuestas son más cortos y el arbitraje, como quedó demostrado durante la pandemia, no se detuvo, adaptándose rápidamente para seguir dando respuestas.

     Los invitamos a ver en nuestro canal de Youtube esta videoconferencia, que contó con la moderación de Diana Trías Bertorelli, directora ejecutiva del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, y en la que también se expusieron los tipos de conflictos que pueden surgir entre franquiciante y franquiciado.

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