Sin duda alguna, uno de los aspectos fundamentales que representó una causa eficiente del desplome del sistema de libertades públicas instaurado a partir de febrero de 1959, del desgaste insalvable de la dirigencia política del país, en lo que al parecer empíricamente reflejan ciclos de aproximadamente cuatro décadas de crisis y recuperación, en el proceso político de continuidad y ruptura que se da en nuestro país, fue haber preterido con eficiencia, prontitud y voluntad política sobre bases consensuales el proceso de reforma del Estado, que venía reclamando la sociedad venezolana, lo cual se intensificó en los últimos los de los de la segunda república liberal democrático.
La Constitución de 1961 fue la expresión más sublime y acabada del denominado pacto político o consociacional, que representó el Pacto de Puntofijo celebrado por las fuerzas políticas coincidentes en la visión y misión del Estado, en cuanto al régimen democrático que se estaba instaurando, pacto político que si instrumento gracias al compromiso sólido a través de un plan mínimo de gobierno.
Las expectativas creadas fueron importantes, las bases para la ejecución constitucional comenzaron a ser sólidas, pudo enfrentarse los acechos proveniente de los extremismos de presión política, que se reflejaban en la visión militarista abandonada el 23 de enero de 1958 y los de la izquierda insurgente en Latinoamérica a partir del triunfo de la revolución cubana, que tuvo con importante resonancia, en la fuerza en interna del primer partido nacional y de gobierno -Acción Democrática-; la expresión icónica y obra maestra de la visión política de Rómulo Betancourt, que por cierto recientemente arribó a su octogésimo aniversario de fundada, sismos que irradió a la juventud, a las Fuerzas Armadas Nacionales y sectores empresariales, que percibieron eventuales lesiones de una Estado fuertemente intervencionista, que buscaron soporte en los sectores petroleros norteamericanos afectados por una reforma impositiva, pero que lograron alinearse en apoyo al reciente gobierno con la llamada Carta económica de Mérida.
Un sistema político, cuya columnata eran las instituciones partidistas, vehículos de comunicación entre el Estado y la sociedad civil, que pronto resultaron insuficientes, pleno de distorsiones y que se convirtieron al poco tiempo en escollos difíciles de solventar para lograr la más eficiente y oportuna funcionalidad institucional.
Desde el año 1958, comenzó a hablarse de la necesaria reforma de la Administración Pública con ahínco y fuerza importantes en los periodos constitucionales de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni pero que la dinámica de la controversia política no permitió adelantos ni realizaciones significativas.
No obstante, el resultado tangible, sistémico, de mayor amplitud y extensión fue el informe contentivo de los intensos trabajos realizados entre 1969 y 1972, presentados por la Comisión de Administración Pública, que estuvo a cargo del doctor Allan Brewer Carias, a quien tendremos en estos mismo espacios virtuales el día 11 de noviembre de 2021, en el marco de las actividades conmemorativas del centésimo vigésimo octavo aniversario de la constitución la Cámara de Comercio, Industria y los Servicios -La Cámara de Caracas- matriz de la institución gremial venezolana.
Estamos convencidos que esté deslave institucional, reduccionismo del espacio de eficacia de los derechos fundamentales, alejado de los corolarios fundamentales del Estado de derecho, que los padres fundadores de la democracia tuvieron presentes y que constituyó su orientación en su accionar político en los difíciles años de la década de los 60, no fue el resultado de la irrupción de algún inesperado o imprevisible.
Más por el contrario, fue el cansancio acelerado y la miopía de una dirigencia, que al haber asumido las riendas de la conducción del Estado, se vio sobrepasada por una sociedad civil, suerte de clasificación etérea y de conformación de una antípoda, para diferenciar todo aquello que era distinto a la sociedad política y partidista.
Una situación que derivó en falencias de respuestas inmediatas a sus demandas, pretensiones y legítimos deseos de participar en la toma de decisiones, que le dieran vitalidad a un pilar fundamental como es la democracia representativa, poleas que permiten la actuación de los órganos del Poder Público pero que requería el complemento de la participación de la sociedad civil en el fortalecimiento de las bases consensuales que definían y fortalecían la institucionalidad, qué debieron permitir la consolidación y sustentación del régimen democrático permitiendo la despresurización de las exigencias de índole diversa de la población..
Surgió de esta manera la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) durante el gobierno del ex presidente Jaime Lusinchi, convirtiéndose inmediatamente esta expresión de instancia consultiva, en una inmensa incomodidad para esa dirigencia política que no entendió y se resistía a dar respuesta pertinente, propia e inherente a las expresiones de cambio del Estado democrático, es decir, en la redefinición de las bases consensuales de su funcionalidad.
Estamos seguros que de haberse oído, discutido a plenitud por todos los sectores, específicamente, por las élites políticas económicas y sociales del país las propuestas de la COPRE, otra sería nuestra situación.
La COPRE era el escenario y el derrotero adecuado. No fue una instancia soberbia o excluyente, sino más por el contrario, una instancia de reencuentro, discusión abierta, análisis propicio, debate con seriedad y con prospección en la cual se representaban todas las visiones del país y diferentes posiciones ideológicas.
La actividad de la COPRE fue encomiable, integrada por comisionados que eran personas de trayectoria reconocida, intelectuales de ideología disímil, comprometidos con el país y preocupados con su devenir, que estuvieron asistidos por de un destacado grupo de profesionales de distintas áreas, que realizaron un trabajo afanoso, de ritmo frenético que fue una cantera enorme y extraordinaria de propuestas, que hubiesen permitido establecer un remozamiento necesario y urgente, pero sobre todo, que suministraban el reforzamiento de la base de sustentación del Estado democrático de derecho, cómo lo evidencian la cantidad de informes, publicaciones y eventos que realizó esta instancia que demostró que el país tiene recursos intelectuales suficientes de valía y que cuando se concita con sistematización, seriedad y compromiso las voluntades del venezolano pueden lograrse cosas extraordinarias.
No obstante, poco caso se le hizo al trabajo de la COPRE. Una dirigencia desvencijada, a la cual le llegó el lapso de caducidad y siguieron operando, se vieron pronto amenazadas y con el temor de ser sobrepasadas por un movimiento ajeno a los partidos, con mayores condiciones y cualidades de sobrevivencia y entendimiento del Estado. Si hubiesen permitido el espacio y la confluencia entre los distintos factores, se habría brindado la oportunidad de salvar la democracia.
Por todas estas razones expuestas, en el marco de la existencia y objetivos del Comité de Historia de nuestra institución, que integran destacados investigadores, profesores universitarios e Individuos de Número de la Academia Nacional de la Historia, otra institución centenaria, que nos acompaña y se erige en prestigiosa aliada, lo cual, nos llena de orgullo, nos hace sentir honrados y muy comprometidos, resulta placentero contar entre nosotros al doctor Carlos Blanco, ex presidentes de la COPRE, y luego como resultado de su extraordinaria gestión, y en virtud de la importancia que el ex presidente Carlos Andrés Pérez otorgaba a la necesidad de reformar el Estado, se desempeñó como ministro para la reforma del Estado.
Carlos Blanco un hombre que amalgamó a los integrantes de la COPRE, entusiasmó a sus asesores, llevó el tema de la reforma del Estado a la palestra de la discusión pública e hizo aflorar a la superficie a actores institucionales, que permanecían al margen del debate de las políticas públicas. Asumió con entereza y gallardía, enfrentando grandes opositores, la responsabilidad que le fuera asignada; se convirtió en un catalizador importante dentro del gobierno de Pérez para lograr y vender la necesidad de esta política pública, que debería ser permanente. La historia demostrará cómo su esfuerzo personal y la institucionalidad que ayudó moldear, hubiese podido defender a la democracia de los acechos que la rodeaban, que luego lograron vencieron y la degradaron.
Agradezco al doctor Carlos Blanco su presencia, su inmediata y entusiasta aceptación a la invitación que le extendimos hace algunas semanas.
Finalmente, mi agradecimiento y reconocimiento a la doctora Catalina Banko, incansable colaboradora, que tuvo el tino de escoger el hilo temático inicial del Comité para ir adentrándonos en el estudio y en la sistematización de la historia económica y empresarial venezolana a partir de este hecho significativo histórico cómo fue la actividad de la COPRE.
En Caracas a los siete días 7 del mes octubre de 2021.