Los venezolanos venían de transitar tres años de fuerte inflación, de escasez de alimentos y de medicamentos, una situación que llevó a que miles de ciudadanos se lanzaran a las calles entre abril y agosto pasados en protestas que dejaron 120 muertos.

 

 

La petición final de los manifestantes era un cambio de Gobierno pues achacan a la Administración de Nicolás Maduro el caos económico que ha derivado en el colapso político y en problemas sociales tan importantes como el aumento de niños desnutridos, hospitales en ruinas y personas hurgando en la basura para comer.

 

 

Maduro, entretanto, ha repetido una y otra vez que este escenario se debe a la “guerra económica” que hace la oposición y un grupo de empresarios que, con la ayuda de Estados Unidos, procuran desestabilizar su Gobierno.

 

 

Este discurso del presidente encontró más apoyo después de que el Gobierno de Donald Trump firmara en agosto una orden ejecutiva por la que prohíbe las “negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el Gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal (PDVSA)”, la principal empresa del país.

 

 

Según el Gobierno, fueron estas sanciones las causantes de la anulación, en agosto pasado, de la subasta de divisas en el sistema de adjudicación de dólares controlado por el Estado que no dispensa la moneda extranjera desde entonces.

 

 

El canciller Jorge Arreaza, consideró estas sanciones la “peor agresión a Venezuela en los últimos 200 años” y opinó que “quizá Estados Unidos está tratando de promover una crisis humanitaria” en el país, pese a que la oposición ha denunciado la existencia de una crisis humanitaria desde 2016.

 

 

Como parte de las medidas para afrontar esta situación, el Gobierno de Maduro ha procurado el apoyo de economías emergentes como los BRICS, formados por Brasil, Rusia, India, China, y Sudáfrica, para abrirse a nuevas formas de financiación.

 

 

A mediados de noviembre Rusia y Venezuela firmaron un acuerdo para la reestructuración de la deuda de más de 3.000 millones de dólares que el país tiene con Moscú.

 

 

El convenio se produce después de que la agencia de calificación de riesgos internacional Standard & Poor’s (S&P) declarara la deuda soberana de Caracas en estado parcial de “default” (suspensión de pagos) al registrar retrasos en la retribución de algunos de sus bonos, lo que abre el camino para reclamar seguros de impago de deuda.

 

 

Pocas horas después de que se difundiera esta información, la estatal PDVSA reivindicó su “solvencia” y anunció el pago de los intereses de dos de sus bonos que ya estaban vencidos y que se encontraban en período de gracia.

 

 

Venezuela depende de los ingresos petroleros e importa prácticamente todo lo que consume, y los bajos precios del crudo han exacerbado la crisis del país, lo que llevó a la Asamblea Nacional Constituyente, electa en agosto pasado y conformada solo por oficialistas, a redactar un decreto de convocatoria al diálogo.

 

 

En el documento emitido por el foro chavista se pide buscar un camino para alcanzar una economía “productiva y diversificada”, pues señalan que el país mantiene una “dependencia casi exclusiva de la explotación y comercialización del petróleo, relegando la promoción y consolidación del aparato productivo diverso”.

 

 

El diálogo que se reactivó este 1 de diciembre en República Dominicana tiene en la agenda la crisis económica y la delegación opositora tiene entre sus representantes a reconocidos economistas como Jorge Roig, que asegura que procurará un entendimiento para salir al paso, fundamentalmente, a la crisis humanitaria.

 

 

Asimismo, el Parlamento, de mayoría opositora, respaldó que las organizaciones productivas del país soliciten una cooperación internacional para recuperar la producción agrícola, pues durante este 2017 sólo se ha logrado producir el 30 % del consumo nacional.

 

 

La hiperinflación, mientras tanto, devora la capacidad adquisitiva del venezolano y la Comisión de Finanzas del Parlamento estima que el índice de precios al consumidor cerrará en el 2.000 % este 2017, una situación que difícilmente cesará pues se mantiene la inyección descontrolada de dinero al sistema económico.

 

 

El Gobierno ha declarado que la inflación desbordada se debe a un “ataque terrorista de precios” y ha ordenado la fiscalización de los precios de todos los comercios del país, lo que, según muchos pequeños comerciantes, ha llevado a sus negocios a la quiebra.