El experto considera que el CNE está siguiendo el mismo patrón que fijó durante las elecciones a gobernadores del mes de octubre de 2017, por lo que no serán “elecciones justas, transparentes y equitativas”.

 

 

En primer lugar se refirió al Registro Electoral, que no tendrá el tiempo necesario para su actualización, depuración y permitir que nuevos electores se inscriban como se hacía anteriormente, con la fijación de puntos en estaciones del Metro, plazas e incluso en jornada de cedulación, para promover la participación de nuevos votantes o actualizaciones de residencia.

 

 

Según sus cálculos, solo hay unos 106 mil venezolanos que podrán participar en el exterior, cuando la cifra de quienes se han ido oscilan entre dos y cuatro millones de ciudadanos que, como estipula la ley electoral, tienen derecho a escoger presidente de la República, aun viviendo fuera del país.

 

 

“Para hacer una elección efectivamente justa el CNE, con el acompañamiento de nuestro servicio diplomático, desde embajadas hasta consulados, debería hacer un esfuerzo y permitir que pudieran inscribirse; eso no está pasando y no va a pasar”, dijo Lander, a causa del corto tiempo de ese cronograma.

 

 

Calificó como una “situación de inequidad y desigualdad” que mientras en el oficialismo haya un candidato, a la oposición se le dificulte este proceso porque las postulaciones serán durante tres días a finales de este mes, con lo que “se atropellan los tiempos y esto tiene consecuencias“.

 

 

Una que debe verse es lo ocurrido con la sustitución de candidaturas, que se da incluso 10 días antes de las elecciones, pero que en octubre pasado el CNE ignoró con el apoyo del Tribunal Supremo de Justicia, al impedir que se dieran tanto en boleta como con fe de erratas el reemplazo de candidatos.

 

 

“Hubo partidos que tuvieron que hacer campaña entre sus simpatizantes para que votaran en tarjetas de otros partidos y esto violenta la legislación electoral venezolana”, explica Lander, quien recordó que hasta el 2015 el CNE convocaba elecciones con un plazo de seis meses y daba a conocer todos los pasos del proceso.

 

 

Critica que de las auditorías no se explique cómo serán ni tampoco se garantice la participación efectiva de todos los actores políticos ni sus técnicos, labor que era común hasta las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015.  “Las auditorías desde el año pasado se hacen menos confianza y seguridad”, sostiene.

 

 

Aunque uno de los puntos en los que coincidieron, tanto el Gobierno como la oposición en República Dominicana, era el de permitir la observación internacional, al llamar a unos comicios que tienen un lapso poco mayor a 70 días, Lander resalta que ninguna institución seria, bien sea Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos o fundaciones como el Centro Carter, pueden organizar misiones en un lapso tan corto.

 

 

Recuerda que en el año 2006, cuando se midieron Hugo Chávez y Manuel Rosales, la Unión Europea envió un equipo con seis meses de anticipación que estuvo durante todas las fases del cronograma y el día de las elecciones desplegó más de mil observadores que recorrieron todo el país.

 

 

“Es posible que ocurra el diseño que ha puesto el CNE que sea el acompañamiento internacional, cuando dos o cuatro días antes de las elecciones vienen grupos de individualidades que no son equipos y dan mirada superficial al proceso pero no evalúan”.

 

 

 

Fuente: Efecto Cocuyo